La Audiencia Nacional ordenó este miércoles la paralización cautelar del campamento para migrantes que el Gobierno pretendía instalar en el Puerto de Ceuta, tal y como había solicitado de forma urgente el Sindicato Unificado de Policía (SUP). A través de una providencia, el tribunal de garantías ha instruido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, para que no ejecute las obras destinadas a dar cabida a más de 800 personas. La orden judicial se produce después de que la representación del sindicato policial presentara una demanda contra el plan gubernamental al considerar que afecta de forma directa a la seguridad de «infraestructuras críticas».

En concreto, la actuación judicial responde a un recurso contencioso – administrativo interpuesto contra la «Resolución u Orden del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de 5 de septiembre de 2026». En dicho dictamen, el departamento de Puente acordaba la utilización de aproximadamente 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo temporal de acogida con capacidad para cerca de un millar de personas. Los magistrados subrayan en su resolución que el propio sindicato alega una manifiesta «falta de publicación y notificación de la referida actuación administrativa impugnada».

Dado que la orden ministerial no consta publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el tribunal ha requerido al departamento de Transportes la remisión telemática urgente del expediente completo «antes de las 12 horas del día de hoy» a fin de identificar la naturaleza normativa del acto. Hasta que se resuelva la pieza de medidas cautelares urgentes, el dictamen judicial incluye una advertencia categórica para el Ejecutivo de Pedro Sánchez: «Hasta tanto se resuelva la presente medida cautelar urgente, no se puede ejecutar la resolución u orden referidas».

La decisión judicial supone un severo contratiempo para la estrategia de Moncloa en plena gestión de la grave crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde finales del pasado mes de julio. La portavoz del SUP, Ana Alarcón, explicó que el sindicato teme que se produzcan «incendios y alteraciones del orden público junto a infraestructuras críticas». Alarcón remarcó que «no nos ha llegado nada que justifique que el campamento tenga que estar ahí», recordando que el recinto marítimo alberga instalaciones energéticas y zonas restringidas de alta sensibilidad.

Desde la organización policial sostienen que la concentración masiva en esa ubicación concreta expone a la zona a eventuales altercados, «como ya se han venido produciendo en los lugares donde se concentran los inmigrantes». La portavocía del SUP denunció episodios previos con «peleas, reyertas y también agresiones tanto a mujeres como a militares, policías y guardias civiles», además de reiterados intentos de abordaje ilegal de los ferris con destino a la Península.

Asimismo, el sindicato arremetió contra las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande – Marlaska, calificando de «increíble» y «de mal gusto» que hablara en el Senado de «inseguridad subjetiva» en Ceuta, cuando el propio ministro reconoció que él mismo se sentiría en esas circunstancias «subjetivamente inseguro».

La paralización judicial del campamento agrava un escenario ya al límite de su capacidad en la ciudad autónoma – la previsión del Gobierno era que a mitad de esta semana estuvieran por fin disponibles esos emplazamientos del Puerto – . La complejidad logística no ha dejado de intensificarse desde el asalto masivo del 30 y 31 de julio; de hecho, el ministro de Política Territorial y mando único de la crisis, Ángel Víctor Torres, elevó este mismo miércoles a 4.160 la cifra total de migrantes acogidos en Ceuta. De ellos, 1.917 cuentan ya con expedientes tramitados para una eventual expulsión, aunque la Administración debe evaluar aún si parte de los llegados pueden acogerse al derecho de asilo.