La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a declarar como testigos al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz, en la causa que investiga la entrada masiva irregular de inmigrantes en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.

En un auto notificado este miércoles, en el que acuerda múltiples diligencias, Tardón solicita a numerosos organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido en relación con estos hechos y, en caso positivo, los destinatarios y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar.

La magistrada cita a Vivas para el 30 de septiembre y al exjefe de gabinete para el 1 de octubre. El mismo día 1 de octubre acuerda tomar declaración también como testigo al jefe de la Policía Local de Ceuta.

Entre otras diligencias, reclama a la Policía un análisis biométrico y reconocimiento facial de todas las personas identificadas en las fichas de agentes dinamizadores. También requiere a las direcciones de la Policía y la Guardia Civil para que identifiquen a los agentes uniformados que aparecen en las  las imágenes y grabaciones incorporadas a la causa y reconstruir la cadena de mando operativa presente en la zona de Fnideq – Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio de 2026.

Además, solicita a distintos organismos, entre ellos el Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos (Cefront), a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa para que aporten “cuantas alertas y/o análisis de riesgos pudieran haber emitido en relación con estos hechos”.

Igualmente solicita al Estado Mayor de la Defensa que aporte al órgano judicial cuantas imágenes satelitales disponga de la horquilla temporal comprendida entre las 00:00 horas del día 20 de julio y las 23:59 horas del día 7 de agosto de 2026, de la playa de Fnideq (Marruecos) colindante con la zona fronteriza española y la playa de El Trampolín (Ceuta).

En su auto, la juez acuerda abrir una pieza separada de investigación tecnológica, para reclamar a Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google, Apple y cualquier otra plataforma digital, los datos de registro de las cuentas utilizadas para la difusión de la convocatoria, direcciones IP, dispositivos empleados, números de teléfono asociados, correos electrónicos vinculados, historial de conexiones y contenido de grupos, canales y perfiles utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2026.

En este sentido y con la finalidad de identificar el origen de la convocatoria de la entrada masiva desde Marruecos a Ceuta, solicita al Centro de Inmigración y Fronteras (Cenif) una relación completa de números telefónicos detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes en estas convocatorias.

La instructora indica que todas las diligencias son pertinentes porque inciden en aspectos expresamente destacados en la resolución judicial: la actividad desarrollada en redes sociales, la identificación de dinamizadores y organizadores, la eventual existencia de estructuras criminales, la determinación de los responsables de la planificación y dirección estratégica de los hechos, la investigación de los fallecimientos producidos y el análisis de las actuaciones desarrolladas antes, durante y después de la entrada masiva.

Tardón explica que las diligencias relativas a comunicaciones digitales pretenden identificar a los promotores y coordinadores; las diligencias biométricas y audiovisuales buscan la identificación de los participantes en los niveles superiores de organización; las relativas a financiación pretenden esclarecer los mecanismos de apoyo material; las relacionadas con los fallecimientos buscan determinar las circunstancias concretas de las muertes investigadas, y las declaraciones testificales permitirán reconstruir el desarrollo operativo de los acontecimientos.

La resolución también acuerda requerir informes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF – Central) de la Policía Nacional y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que realicen informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización investigada.

Dicho informe, señala, deberá analizar movimientos económicos relevantes detectados en la zona, utilización de sistemas informales de transferencia de fondos, sistemas hawala (de transferencia de fondos), contratación de medios de transporte colectivos y cualquier otra operación que pudiera guardar relación con la logística necesaria para la movilización masiva investigada.