Hace meses que se especula con la posibilidad de que la Casa Blanca envíe agentes del ICE a puntos de votación durante la jornada electoral. El temor lo sembró la misma Administración de Donald Trump a principios de año con las macrorredadas en Minnesota. Aunque la alarma saltó a principios de mes cuando el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, afirmó que podría haber agentes si se da una orden de arresto.

“El trabajo del ICE es aplicar las leyes de inmigración y aduanas. Ese es su cometido… si estamos ejecutando una orden, estaremos donde tengamos que estar”, afirmó Mullin en una rueda de prensa en Nueva York. Estas afirmaciones, junto a las actuaciones del ICE en las inmediaciones de los puntos de votación cerca de los centros donde se han celebrado los procesos de primarias estos meses, han sido suficientes para movilizar las organizaciones de derechos civiles y de los derechos de los migrantes.

La ciudad de Denver, junto a organizaciones de derechos civiles, ha presentado una demanda ante un juez federal en Washington pidiendo que prohíba a la Administración Trump enviar agentes antiinmigración armados a los centros de votación. “La presencia de fuerzas federales en los centros de votación interfiere con la correcta administración de las elecciones a nivel local”, afirma la demanda. “Perturba la votación y dificulta el trabajo de los funcionarios electorales estatales y locales, así como de las fuerzas del orden, al convertir los centros de votación en espacios de confrontación”.

Se trata de la primera demanda que se interpone contra la Casa Blanca por este tipo de acciones. Los demandantes argumentan que dichas acciones, como enviar agentes antiinmigración a los centros de votación, violan la ley federal, que prohíbe que el personal militar u otros agentes “armados” estén “en cualquier lugar donde se celebren elecciones generales o especiales, a menos que dicha fuerza sea necesaria para repeler a los enemigos armados de los Estados Unidos”.

La demanda, además, está precedida por acciones similares que ya han ocurrido durante el proceso de primarias. Según denuncian las organizaciones de derechos de los migrantes y las de derechos civiles, en mayo agentes del ICE armados irrumpieron en el parking de un centro de votación en San Antonio para detener a una persona a la vista de los votantes hasta que el sheriff del condado les ordenó marcharse.

En junio, agentes del ICE entraron en un centro de votación en Syracuse, Nueva York, para interrogar a una voluntaria electoral sobre una publicación que había hecho en las redes sociales cinco meses antes en relación con el tiroteo mortal de una mujer a manos del ICE en Minneapolis, según expone también la demanda presentada en Washington.

“La presencia de agentes del ICE o de la Patrulla Fronteriza, o, por ejemplo, de miembros del ejército o de la Guardia Nacional, tal y como hemos visto en varios lugares a lo largo del año, podría provocar que la gente se quede en casa y no vaya a votar. El hecho de que eso ocurra es una forma de manipulación, ya que significa que no todo el mundo podrá ejercer su voto”, explica a Público, Carah Ong Whaley, doctora en política americana y miembro de la organización Issue One. Desde antes de las presidenciales de 2024, esta plataforma no partidista ha estado siguiendo el impacto de las teorías de fraude electoral en la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático.

Whaley advierte de que la amenaza de enviar al ICE a los puntos de votación es una de las muchas maneras en las que la actual Administración está intentando interferir en el proceso de votación normal. De cara a las elecciones de este noviembre, el presidente estadounidense ya ha intentado restringir el voto por correo —medida que finalmente ha sido revocada por el Supremo—, ha rediseñado los mapas electorales de numerosos estados para infrarrepresentar las comunidades negras, y ha intensificado los esfuerzos para identificar y deportar a los no ciudadanos que se registraron para votar, incluso sin pruebas de fraude electoral generalizado.

Además, Trump sigue presionando a los senadores para que aprueben su proyecto Save Act. Entre otras medidas, obligaría a los votantes a acreditar la ciudadanía y eliminaría los registros de voto vinculados exclusivamente al voto por correo.

En un país sin un documento de identidad generalizado, las modificaciones que comportaría la Save Act pueden limitar el derecho a voto a numerosos grupos. El Brennan Center for Justice ya ha advertido que millones de mujeres casadas podrían ser unas de las grandes damnificadas, ya que su nombre y apellido actuales ya no coincidirían con el que tenían cuando nacieron. En EEUU las mujeres acostumbran a perder su apellido de solteras y pasan a adquirir el de su marido; de ahí el problema.