Cuando Donald Trump regresó al poder en 2025 y la Casa Blanca anunció la “mayor operación de deportaciones de la historia de Estados Unidos”, se puso en marcha una maquinaria de crueldad que en menos de dos años ha destruido familias y proyectos de vida en vecindarios por todo el país con detenciones masivas y sin criterio alguno. La parte más visible de esta xenofobia oficial han sido las exhibiciones de violencia por parte de la policía migratoria, ICE, un pequeño cuerpo de policía judicial transformado por el presidente estadounidense en una fuerza dedicada al acoso y la persecución arbitraria y brutal de los inmigrantes. Pero la parte más oculta sucede después de esas detenciones. La obsesión por infundir terror ha llevado a la Administración de EE UU a operar al margen de la ley para evitar las garantías constitucionales que asisten a cualquier persona, también a las indocumentadas.

Miles de estas personas han sido deportadas no a su país de origen, sino a terceros países situados a miles de kilómetros de su casa en Estados Unidos, sin cargos penales, sin explicación y sin ninguna forma de volver. Como ha documentado EL PAÍS con el testimonio de una decena de latinoamericanos atrapados en estas circunstancias en África, un día fueron detenidos por ICE en las calles de su ciudad, les encerraron en un centro de detención y de ahí subieron obligados a un avión. Cuando bajaron las escalerillas estaban en Liberia, en Esuatini o en alguno de los 14 países africanos que han firmado opacos acuerdos bilaterales con EE UU por los que aceptan recibir a estas personas a cambio de dinero.

Todo esto ha desembocado, mediante la política de los hechos consumados, en un limbo legal difícil de resolver. En algunos países los inmigrantes están en la cárcel; en otros, en hoteles, pero bajo control. Viven del dinero que les envían sus familias. Carecen de documentación. Estados Unidos se desentiende de ellos y afirma que su responsabilidad terminó cuando por la fuerza los sacó de su territorio. No se les acusa de nada y en el país receptor no tienen ningún estatus legal. Ni son inmigrantes ni son turistas. Y no pueden volver a los países de los que emigraron en un primer momento en busca de una vida mejor en EE UU, porque estos países no son seguros o porque no los admiten de vuelta. “Esto se llama tráfico humano”, afirma un hombre cubano deportado a la República Centroafricana. No es exagerado.

Hasta el momento 23.000 personas han sido enviadas a 35 países, según la organización Third Country Deportation Watch. Es una cifra minúscula en comparación con los 14 millones de indocumentados que se calcula que viven en EE UU, pero enorme si se piensa la tragedia que es cada caso. Y establece un precedente inaceptable y alegal que nadie debería querer imitar, porque el derecho de cualquier ser humano a tener derechos es inalienable. Los testimonios de las víctimas de estas expulsiones deberían ser una advertencia sobre la espantosa deriva a la que pueden conducir planes como los que Europa contempla para enviar a solicitantes de asilo a centros de detención en otros continentes y externalizar así su política migratoria. Con estos limbos legales en África, la Administración Trump muestra el camino que ninguna democracia jamás debería transitar.