Resulta evidente ya que la cuestión de la inmigración será uno de los temas que decanten la balanza en las próximas elecciones generales. Es una cuestión que trasciende el ámbito nacional y alcanza también el europeo, donde los partidos con posturas migratorias más duras están alcanzando vertiginosos ascensos cada vez que se acude a las urnas. De hecho, la crisis en Ceuta ha vuelto a poner el tema migratorio en liza, más si cabe, y en Génova parecen decididos a aprovechar la coyuntura —que Pedro Sánchez estima que se alargará hasta final de año— para redoblar la apuesta por un modelo que aspira a presentarse como la antítesis de lo que viene defendiendo el Gobierno en política migratoria.

Una política que es ya ‘rara avis’ en el entorno europeo, como quedó de manifiesto en la carta que enviaron 22 países europeos, apenas unas horas después de la entrada ilegal de más de 70.000 personas en Ceuta, a la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen. «Tenemos el deber de disuadir eficazmente y combatir sin descanso la migración ilegal, coordinando nuestras acciones, abordando todas aquellas políticas que puedan actuar como factores de atracción, como la regularización de un número muy elevado de migrantes en situación irregular», señalaron entonces los firmantes, en un dardo inequívoco a la iniciativa adoptada por el Gobierno español de regularizar la situación de más de un millón de extranjeros en situación irregular este 2026.
Pues bien, Feijóo se muestra decidido a redirigir el rumbo en caso de llegar a la Moncloa, y aprovechando la polémica por la denominada ‘ley de nietos’ cuyos efectos electorales han acabados suspendidos cautelarmente por el Tribunal Supremo, presentó este martes una nueva medida que se suma las ya planteadas en cuestión migratoria en la Declaración de Murcia, suscrita con todos sus barones autonómicos hace apenas un año. Este martes, el líder del PP confirmó que el partido estaba trabajando en un proyecto de ley orgánica que regule el otorgamiento de la nacionalidad, su mantenimiento y, «en su caso, la pérdida de la misma», resttringiéndolo en el caso de los extranjeros que delincan. «La nacionalidad es un acto de confianza de un estado, de una nación de España a un ciudadano que ha nacido fuera de nuestro país. Es el mayor acto de confianza, es el título más importante que puede dar un estado: un pasaporte. Por tanto, esa confianza hay que mantenerla», defendió el presidente popular en un acto en Madrid.

La propuesta, adelantada por El Mundo, abunda en las medidas más limitadoras que han ido desgranando los populares, con los pactos con Vox apretando por la derecha. La novedad de la norma residiría en la posibilidad de que, si un inmigrante que ha adquirido el pasaporte comete delitos graves —como asesinatos, agresiones sexuales, terrorismo o crimen organizado—, cancelarle la nacionalidad una vez se ha concedido. «Va a ser un proyecto de ley que estoy convencido que va a tener una vocación de permanencia, que va a actualizar, en mi opinión, la frivolidad con la que a veces España otorga las nacionalizaciones y sobre todo va a permitir tipificar los casos de pérdida de nacionalidad para que la confianza sea mutua», sostuvo Feijóo.

Otra medida más en el viraje migratorio del PP, decidido a endurecer su discurso para disputar a Vox el terreno de la inmigración

La iniciativa se enmarca en un viraje asentado de los postulados populares en materia de inmigración. Un cambio que se ha materializado en un discurso más duro y unas propuestas más contundentes que tienen el objetivo de confrontar con el Gobierno y competir con Vox. En Génova son conscientes de que el contexto actual es propicio para reforzar su perfil en una cuestión que resulta ser uno de los principales ejes en la dialéctica con la formación de Santiago Abascal. De hecho, es un asunto en el que Vox suele centrar gran parte de su discurso, y el que capitaliza el malestar de una parte importante de la población, tal y como reflejan las encuestas.

Una tendencia demoscópica que también se extiende por el continente europeo, donde los partidos que mantienen posiciones más duras en relación con la inmigración son los que vienen experimentando un auge en las urnas. Sin ir más lejos, hay dos ejemplos recientes que lo demuestran: en Alemania y en Suecia. En el estado germano de Sajona-Anhalt, la victoria de Alternativa para Alemania (AfD) con el 43,8% de los votos puso en alerta al resto de fuerzas políticas, cuyo cordón sanitario a la fuerza de extrema derecha ha resultado infructuoso. Pero de este fenómeno también están sacando rédito partidos socialdemócratas, como el sueco de Magdalena Andersson, que fue el partido más votado el domingo pasado en el país escandinavo promoviendo medidas más restrictivas con la inmigración.

Un millón más de viviendas y hasta 26.000 euros en ayudas fiscales

Feijóo reforzó su propuesta migratorio en un acto de promoción de viviendas públicas en El Cañaveral, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Allí desplegó el líder del PP los puntos clave del que será su plan de vivienda en caso de llegar a la Presidencia del Gobierno, que se fundamentará en dos medidas: la construcción de un millón de viviendas y un plan de rebajas fiscales centrado principalmente en los más jóvenes. Una estrategia con la que Feijóo pretende proporcionar a los jóvenes un ahorro fiscal de hasta 26.000 euros. «Un joven que empieza a trabajar a los 25 años y compra a los 30 años tendrá entre 21.000 euros y 26.000 euros de ahorro fiscal, y necesitará 50.000 menos para firmar la hipoteca de una vivienda tipo de 250.000 €», calculó el líder de la oposición.