Marruecos ha encontrado en la

debilidad política de Pedro Sánchez

una oportunidad para darle la vuelta a la crisis de Ceuta. Mes y medio después de que más de 70.000 personas intentaran entrar en la ciudad autónoma desde territorio marroquí,

Rabat ha dejado de limitarse a rechazar cualquier responsabilidad y ha pasado al ataque.

El nuevo objetivo es desplazar el foco desde lo que ocurrió en Ceuta hacia la actuación posterior del Gobierno de Sánchez y avanzar en la “ocupación” de las dos ciudades autónomas.

Instituciones marroquíes, partidos de la coalición gubernamental, organizaciones nacionalistas, asociaciones y medios próximos al relato oficial han ido abriendo sucesivamente nuevos frentes contra España. Mientras, Sánchez sigue defendiendo a Mohamed VI. Este lunes, en una entrevista en La Sexta, elogió la “inteligente actuación” de Marruecos.

El resultado de la política marroquí, aprovechando la debilidad política del Gobierno español, es una presión mucho más amplia que la respuesta inicial a la crisis migratoria:

derechos humanos, Bruselas, soberanía, Naciones Unidas, opinión pública y guerra de información

forman parte ya de una batalla destinada a transformar a Marruecos de acusado en acusador.

El movimiento más delicado para Rabat se libra ahora en Europa. La crisis de Ceuta ha llegado este martes al Parlamento Europeo bajo una formulación particularmente incómoda para Marruecos: «ataques híbridos» e «instrumentalización de los migrantes». El propio servicio de estudios de la Eurocámara recuerda el precedente de 2021, cuando el Parlamento rechazó expresamente la utilización marroquí del control fronterizo y de menores como instrumento de presión sobre un Estado miembro. Rabat intenta impedir que aquella doctrina se aplique ahora a los acontecimientos de julio.

En este contexto, su batalla consiste en

preservar, contra el interés de España, una relación con la Unión Europea que Marruecos presenta como estratégica y evitar que Ceuta se convierta en un expediente sobre utilización política de la inmigración. Medios marroquíes han empezado a desacreditar el debate europeo presentándolo como una exportación a Bruselas de las luchas electorales españolas.

Simultáneamente, Marruecos está intentado

internacionalizar la actuación de España después de la invasión de Ceuta.

La Liga Marroquí para la Defensa de los Derechos Humanos ha trasladado a mecanismos internacionales acusaciones de torturas, malos tratos y otras supuestas vulneraciones cometidas contra ciudadanos marroquíes. Reclama una investigación independiente y responsabilidades por lo ocurrido. Además, el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos construyó desde el comienzo de la crisis su propia documentación y activó mecanismos de seguimiento, desplegó sus estructuras territoriales y monitorizó decenas de grupos utilizados para convocar las entradas. Es decir,

Marruecos está generando su propio expediente documental sobre Ceuta con el que alimentar posteriormente organismos internacionales, asociaciones y medios.

Los movimientos políticos y de orientación de la opinión pública confirman que la ofensiva ha dado un paso más y ya no se limita a la inmigración.

Una iniciativa marroquí ha solicitado comparecer ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, dedicada a Política Especial y Descolonización, para plantear la situación de Ceuta, Melilla y Chafarinas.

Esto no significa que Naciones Unidas considere las ciudades españolas territorios pendientes de descolonización, pero el movimiento tiene un objetivo político evidente: introducir nuevamente la reivindicación marroquí en un escenario internacional vinculado precisamente a los procesos de descolonización.

La presión coincide con una recuperación del discurso territorial dentro de Marruecos. El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ha llegado a plantear un mecanismo bilateral para discutir lo que Rabat denomina el retorno de Ceuta y Melilla, mientras otras voces políticas han reiterado la posición histórica marroquí sobre ambas ciudades.

La presión exterior se está acompañando de

movimientos internos.

Organizaciones nacionalistas han reactivado sus actividades sobre Ceuta y Melilla, con reuniones, comunicados y llamamientos coincidiendo además con la proximidad de las elecciones legislativas marroquíes. La anunciada visita de Felipe VI a las ciudades autónomas está funcionando como otro elemento movilizador.

El rastreo de la inteligencia española

confirma que la reivindicación territorial reaparece en organizaciones civiles, dirigentes políticos y medios de comunicación: las protestas relacionadas inicialmente con el tratamiento de los inmigrantes han terminado incorporando proclamas sobre la soberanía de Ceuta y Melilla.

Pero la ofensiva más paradójica procede del propio Gobierno español.

Los documentos desclasificados por Moncloa están siendo utilizados por medios marroquíes para sostener que Madrid conocía las convocatorias y no supo reaccionar.

El relato tiene un agujero porque los mismos documentos acreditan que el CNI avisó el 29 de julio a los servicios secretos marroquíes de las convocatorias para entrar en Ceuta por tierra y por mar.

La última pieza de la estrategia de Rabat, con el Gobierno español abierto en canal, consiste en buscar fuera de Marruecos el origen de la movilización digital. Medios marroquíes han empezado a

señalar directamente a Argelia. Este país es el gran adversario regional de Marruecos y situarlo detrás de la movilización permite a Rabat construir un relato completamente diferente: Marruecos dejaría de ser sospechoso de haber permitido la presión migratoria para convertirse también en víctima de una operación exterior destinada a desestabilizar su relación con España. Hay una visita del presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, a España prevista para octubre, pero todavía no hay una fecha exacta anunciada oficialmente.