La crisis de Ceuta sigue teniendo consecuencias en el plano diplomático. El Gobierno italiano que encabeza Giorgia Meloni formalizó este martes una nueva prórroga de 15 días en la suspensión del tratado de Schengen respecto a España. Con esta decisión, el Ministerio del Interior transalpino mantendrá las inspecciones en las fronteras terrestres y aéreas para los pasajeros procedentes de territorio español. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, por su parte, respondió minutos más tarde aplicando la misma medida: prorrogar hasta el próximo 8 de octubre los controles con Italia.

El titular de la cartera de Interior italiano, Matteo Piantedosi, justifica la continuidad de las restricciones por los «elevados riesgos para la seguridad nacional» y el eventual peligro de «infiltraciones terroristas» asociadas a los flujos irregulares que ha provocado la emergencia de Ceuta. «La medida se consideró necesaria tras las comprobaciones realizadas por el Comité de Análisis de la Inmigración y la Seguridad de las Fronteras, que se reunió esta mañana. De hecho, siguen existiendo elevados niveles de riesgo para la seguridad interna, además de un posible peligro relacionado con eventuales infiltraciones terroristas», alegó en una nota de prensa.

Roma notificó de forma inmediata la extensión de la medida tanto a la Comisión Europea como al resto de socios comunitarios. También hizo lo propio el Ejecutivo de Sánchez, optando por mantener un esquema idéntico de reciprocidad. Al inicio de este choque diplomático, Moncloa exigió a Italia, sin éxito, el levantamiento de las restricciones – anunciadas el 31 de julio – . Al no tener éxito, respondió con la suspensión de Schengen con el país de Meloni hasta el 7 de septiembre, aplicando también controles a los viajeros procedentes de este país.

Estos controles fueron reintroducidos por España el pasado 8 de agosto y prorrogados por primera vez hasta el próximo 23 de septiembre. El Gobierno considera ahora que «se mantienen las circunstancias que motivaron la adopción de esta medida», por lo que ha decidido su prórroga «sin perjuicio de que un cambio de dichas circunstancias pueda aconsejar una modificación del plazo previsto».

El pasado 31 de agosto, tras un mes de aplicación de la medida, Italia aseguró haber controlado a más de 180.000 viajeros procedentes de España. Además, denegó la entrada a 31 personas – ocho de ellas de nacionalidad marroquí – y detuvo a otras seis. La decisión que adoptó el Ejecutivo de Meloni sentó especialmente mal en Moncloa, donde no ocultan su malestar por la actitud de un socio prioritario en la Unión Europea (UE). El Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, ha subrayado de forma reiterada la paradoja que supone esta actitud por parte del país transalpino teniendo en cuenta que los flujos de migración irregular que soporta Italia duplican y en ocasiones triplican las cifras registradas en las costas españolas.

En Moncloa se considera que lo vivido en la frontera de Ceuta ha sido instrumentalizado políticamente por el Gobierno de coalición derechista en Roma para justificar un discurso duro ante su electorado. Este choque de criterios tensiona las relaciones entre dos estados que tradicionalmente han hecho frente común en Bruselas para exigir una mayor corresponsabilidad financiera y operativa a la Unión Europea en la gestión de las fronteras externas.

El propio Albares se pronunció a lo largo de la jornada para tildar de «absurda, inútil y una vergüenza» la decisión del Ejecutivo italiano. El titular de Exteriores considera que «dinamita la filosofía de lo que significa ser socios europeos» y recalca que «no existe ningún riesgo para la integridad del espacio Schengen por parte de Ceuta y Melilla», un extremo que, a su juicio, «el Gobierno italiano conoce perfectamente». En este sentido, afeó tanto a Meloni como a su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, que actúen atendiendo a intereses de partido en lugar de comportarse como dirigentes comunitarios «a la altura de las circunstancias».

En este contexto, el jefe de la diplomacia española desplazó el foco hacia la oposición interna, instando al PP y a Vox a interceder ante sus aliados políticos en Roma. Albares pidió a ambas formaciones que trasladen a Tajani – referente del PP europeo en Italia – y a Meloni que la medida es «ridícula», pidiéndoles que «se pongan del lado de los españoles» e intervengan ante los partidos con los que están hermanados en Europa para poner fin a estas restricciones.