El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Donostia, Martín Ibabe, ha advertido este lunes de que la Guardia Municipal hará cumplir la prohibición de las cenas solidarias «con todos los medios administrativos y legales a su alcance». Hasta ahora se ha seguido una fase de advertencia e información que, según ha explicado, dará paso en adelante a «un periodo de actuación, con identificaciones y, en su caso, sanciones».

Así se ha expresado esta tarde durante una interpelación presentada por el PP sobre las «cenas irregulares alternativas», en la Comisión de Espacio Público, Obras y Servicios Urbanos. La solidaridad, y el modo de plasmarla en acciones concretas, sigue siendo objeto de un encendido debate en Donostia, donde todavía resuena el eco del malestar del colectivo Kaleko Afari Solidarioak (KAS) tras la decisión del Ayuntamiento de suprimir el reparto de alimentos que realizaba esta agrupación entre colectivos desfavorecidos.

No ha sido la única comparecencia sobre esta cuestión en el día de hoy. Consciente de la inquietud social generada, la concejala delegada de Servicios Sociales y Acción Comunitaria del Ayuntamiento de Donostia, Marije Idoeta, ha precisado este lunes que «el debate no es la solidaridad; el debate es cómo convertir la solidaridad en soluciones».

En esos términos se ha pronunciado durante una interpelación presentada por el grupo EH Bildu en la Comisión de Servicios a las Personas sobre las soluciones implantadas tras la prohibición de las cenas solidarias del colectivo, lo que ha generado un conflicto abierto entre el consistorio, los voluntarios y los usuarios afectados.

Idoeta ha defendido que la «solidaridad organizada constituye uno de los mayores activos de cualquier sociedad democrática» y que debe ser «uno de los grandes aliados de las instituciones públicas». A su juicio, el debate «no puede plantearse nunca entre solidaridad e instituciones», sino que debe centrarse en «determinar cuál es la mejor manera de transformar esa solidaridad en respuestas eficaces que permitan a las personas abandonar las situaciones de exclusión».

Es ahí donde el Gobierno municipal sitúa una de las claves del conflicto. La buena voluntad de los voluntarios, ha recalcado Idoeta, «nunca está en discusión». Lo que debe analizarse, en cambio, es la eficacia de cada modelo de intervención. La concejala ha cuestionado las iniciativas que actúan al margen de una estructura estable de coordinación con los servicios públicos, sin planificación compartida, evaluación ni itinerarios individualizados.

La diferencia, ha subrayado, «no reside en el compromiso de las personas voluntarias», sino en la capacidad de transformar «una ayuda puntual en un proceso efectivo de inclusión social».

Es la justificación del Ayuntamiento para defender un cambio de modelo que ha generado el rechazo de KAS y de EH Bildu. La Administración, ha venido a decir Idoeta, no puede limitarse a atender la emergencia, sino que debe tratar de abordar las causas que la provocan. «Una acción solidaria responde a una necesidad inmediata, y una política pública tiene la obligación de responder también a las causas que generan esa necesidad», ha afirmado.

De una cena a un itinerario
La concejala ha insistido en que el objetivo de los servicios sociales debe ser ofrecer a cada persona un itinerario que le permita recuperar progresivamente un proyecto de vida. Para ello, ha defendido unas políticas «ordenadas, humanas, sostenibles, cooperativas, personalizadas y orientadas a resultados».

El Gobierno municipal quiere que la discusión deje de girar exclusivamente en torno a si una persona recibe o no una comida y pase a centrarse en qué ocurre después. «El objetivo deja de ser exclusivamente garantizar una comida», ha señalado Idoeta, para pasar a «acompañar a cada persona en un proceso que le permita abandonar progresivamente la situación de exclusión».

En ese planteamiento, el Ayuntamiento asume la responsabilidad de poner recursos, profesionales y acompañamiento, pero reclama también un papel activo a las personas atendidas. «La Administración se compromete a acompañar y la persona se compromete a avanzar», ha resumido.

El Gobierno municipal ha defendido que ese modelo dispone ya de una red de recursos que pretende dar respuesta a las diferentes situaciones de vulnerabilidad. Donostia cuenta con un servicio de atención a emergencias operativo los 365 días del año y con recursos de alojamiento, alimentación, farmacia y empadronamiento social. A ellos se suman los servicios de atención diurna de Villa Salia y Abegi Etxea, así como una red de 294 plazas de alojamiento.

Los datos aportados por Idoeta buscan poner cifras a ese compromiso. Abegi Etxea atendió el pasado año a 1.465 personas y registró 15.583 pernoctaciones. Gaueko recibió a 126 personas, con 7.216 pernoctaciones, mientras que 79 personas pasaron por La Sirena y otras 137 utilizaron los pisos de emergencia. El recurso de invierno Neguko Aterpea atendió a 169 personas.

La alimentación también forma parte de la red municipal, con 416 comidas diarias, además de ayudas económicas, programas de inserción sociolaboral y el programa Aukerak.

El Ayuntamiento dispone este año de un presupuesto de 13,7 millones de euros para facilitar la integración social de las personas en situación de exclusión, de los que 1,9 millones se destinan a necesidades alimentarias.

La seguridad entra en escena
La intervención de Idoeta ha incorporado además otro elemento especialmente sensible en esta polémica: la convivencia. El Gobierno municipal ha defendido que la seguridad también debe formar parte de una política social responsable, aunque «no constituye el fundamento principal» de la misma.

La concejala ha aludido a los informes técnicos cuando ponen de manifiesto «un deterioro objetivo de la convivencia», un incremento de las intervenciones policiales o situaciones que afectan a la seguridad de las propias personas atendidas, del voluntariado o del entorno urbano. En esos casos, ha defendido, «la Administración tiene la obligación de actuar».