La Xunta destinará 2,6 millones de euros a un programa específico para la integración laboral de los 2.100 inmigrantes irregulares que se han acogido en Galicia a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno central este año. Alfonso Rueda explicó que «o obxectivo é que, polo menos nun principio, 500 persoas logren emprego» al final del proyecto, cuya primera fase llegará a finales del 2027. El objetivo del Gobierno gallego es que la permanencia de estas personas en la comunidad «estea vencellada a existencia dun contrato».

Rueda añadió que el programa pretende «atallar unha das numerosas eivas» detectadas en la regularización: la ausencia de medidas para lograr un empleo que permita alcanzar una integración plena. Esas medidas permitirían que el cambio de la situación administrativa de los irregulares les beneficiase tanto a ellos como a las empresas con dificultades para cubrir vacantes y al conjunto de la economía de Galicia.

Rueda recordó que la Xunta «non está de acordo coa maneira na que o Goberno central realizou esta regularización, xa que non se consultou ás comunidades, nin se avaliou o seu impacto sobre os servizos públicos do Estado de Benestar e tampouco se garantiron os fondos para garantir unha correcta integración destas persoas». También reivindicó el modelo que está aplicando la Administración gallega con el fin de «promover unha migración ordenada, segura e eficaz e que ademais estea conectada coas necesidades do tecido produtivo e a urxencia de cubrir postos vacantes».

El titular del Ejecutivo gallego señaló que la regularización ya está teniendo un impacto en el registro del paro en Galicia, con esas más de 2.100 personas inscritas en las oficinas de empleo de la comunidad.

El programa, dotado con más de 2,6 millones de euros, se hará en colaboración con «nove entidades sen ánimo de lucro —Cáritas Federadas en Galicia, Cáritas Diocesana de Lugo, Federación de Escolas Familiares Agrarias de Galicia, ONG Rescate Internacional, Unións Agrarias-UPA, Fundación Juan Soñador, Asociación Ecos do Sur, ONG Mestura e Cruz Roja Española en Galicia— que contan cunha ampla experiencia na inserción laboral e social das persoas migrantes», explicó Rueda.

Esas entidades se encargarán de enlazar las ofertas de empleo disponibles con los perfiles de las personas regularizadas, con el fin de cubrir vacantes en determinados sectores del tejido productivo.

La primera fase del programa, centrado en la obtención de microcredenciales certificaciones que acreditan la adquisición de habilidades o conocimientos tras un curso, llegará hasta finales del 2027 e incluirá itinerarios individualizados de formación e inserción laboral, además de prospección en empresas para identificar los puestos con más posibilidades de contratación.

Los itinerario incluirán orientación, formación y acompañamiento durante todo el proceso, formación en igualdad y apoyo para obtener el carné de conducir de clase b. La etapa final incluirá la citada casación de ofertas de empleo, la inserción laboral y el seguimiento posterior.

El programa, recordó Rueda, da continuidad a la experiencia autonómica en planes de inserción laboral para la población inmigrante. Entre 2023 y 2025, un total de 280 personas en situación irregular se beneficiaron de formación en distintos ámbitos.

Rueda recordó que para mantener estas estrategias es prioritariael traspaso a Galicia de las competencias sobre las autorizaciones iniciales de trabajo, que se está negociando con el Gobierno central: «Esperamos que antes de que remate o mes ou no vindeiro mes de outubro se poida culminar esa transferencia».