El documental Naza (2026) está levantando ampollas en Israel. La incomodidad de las autoridades del país mediterráneo con la cinta no solo se debe a su contenido, que retrata las prácticas genocidas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en la Franja de Gaza, sino del éxito que está cosechando el filme en Europa. El pasado 12 de septiembre, Naza fue galardonada con el Premio Especial del Jurado del Festival de Cine de Venecia, y en las próximas semanas podría recibir el Premio del Público Ciudad de Donostia en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, para el que está nominada junto a otras 15 películas.

En Israel, en cambio, la acogida de Naza ha sido más bien fría. Los directores del filme, Yuval Abraham y Rashel Shashord, ambos israelíes y judíos, han recibido un aluvión de críticas por parte de las derechas sionistas. “Vil”, “traicionera”, “espantosa” o “enemigos de Israel” son solo algunos de los comentarios que miembros del Gobierno de Benjamín Netanyahu y líderes de la oposición han lanzado sobre la película y sobre sus creadores. El motor de esta crítica es la supuesta degradación de la imagen de los soldados israelíes de héroes a genocidas.

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El revuelo en Israel está siendo tan intenso que el ministro de Cultura y Deportes israelí, Miki Zohar (Likud) ha pedido a su homólogo en Interior, Israel Uzan, que estudie la posibilidad de revocar la nacionalidad de Abraham y Shashord. Zohar basa esta solicitud alegando que los directores podrían haber cometido un delito de “traición contra el Estado” por “ayudar al enemigo en tiempos de guerra”.

Según recoge el artículo 99 del Código Penal israelí, este crimen no solo consiste en hacer pública información que perjudique la imagen de Israel o sus intereses, sino que debe tener el objetivo específico de “ayudar al enemigo”. Este delito está penado con cadena perpetua, pero su comisión no implica por sí solo un proceso de desnaturalización.

De hecho, para que esto ocurra no es necesaria una condena firme por “ayudar al enemigo”. Solo es necesario que el Ministerio del Interior solicite al Tribunal de Asuntos Administrativos la revocación de la nacionalidad en base a indicios de que se esté cometiendo un “quebrantamiento de la lealtad” Breach of allegiance, en base al supuesto del artículo 99 del Código Penal.

En el caso de que el juzgado emita una condena en firme que ratifique la sospecha de Interior, el ciudadano israelí condenado podría dejar de serlo. Una de las cuestiones claves de este debate es la posible revelación de secretos por parte de las fuentes que participan en el documental Naza, en quienes Zohar ha puesto también el foco.

No es la primera vez que el ministro de Cultura se muestra contrario a la libertad de expresión. Así lo muestra también su reforma de la financiación gubernamental de la industria cinematográfica local, que ha fomentado la producción de películas comerciales “que ve el público israelí” en detrimento del cine de autor que, según el ministro, sólo se consume fuera de Israel. Naza sería un ejemplo de ello, ha reflexionado Zohar.

Entre los grandes beneficiarios de esta reforma está el Fondo Cinematográfico Shomron, que apoya económicamente la producción de películas israelíes que relatan historias sobre la Cisjordania ocupada desde la perspectiva del colono.

Entre los pocos comentarios positivos que ha recibido Naza está la de Yousef Jabareen, líder árabe israelí del partido izquierdista Hadash, quién agradeció públicamente a Abraham y Shashord que mostraran “ante los ojos de millones de personas estos crímenes horribles y la brutal realidad en Gaza”.

Miles de “daños colaterales” civiles
Según el material promocional del documental, Naza recoge de forma anónima los testimonios de 24 agentes de inteligencia y soldados israelíes que han participado en el genocidio palestino. Filmada de noche, en las azoteas de varios edificios de Tel Aviv, los militares relatan cómo ordenaban por control remoto a los drones que atacaran los edificios en los que se resguardaban no solo sospechosos de ser militantes de Hamás, sino también personas ajenas a este objetivo, incluido bebés, niños o ancianos. Tras esto, incendiaban lo que quedaba en pie de los edificios.

Según un reportaje sonoro emitido por La Rosa de los Vientos de Ondacero, la cinta también recoge los testimonios de francotiradores que relatan que disparaban contra la población hambrienta que acudía a los puntos de recogida de alimentos gestionados por la organización estadounidense e israelí, Fundación Humanitaria de Gaza (GHF). “Era muy divertido, ninguno de nosotros dudaba”, reproduce la periodista Silvia Casasola durante la emisión del programa radiofónico. Uno de los militares entrevistados en el documental, se mostraba arrepentido: “Los nazis eran el diablo pero…¿Qué soy yo?”.

Estos hechos, tantas veces negados por EEUU e Israel, fueron denunciados una y otra vez por quienes estuvieron en la Franja durante el genocidio, como el anestesista español Raúl Incertis. Entre las víctimas abundaban los niños, como evidenció una investigación de la BBC publicada en el verano de 2025.

También los hallazgos de Naza parten de varias investigaciones periodísticas realizadas por el medio palestino israelí +972 Magazine y Local Call y el medio británico The Guardian, quien además produce el documental junto a JW Films. En el proyecto también ha participado Jonathan Glazer en calidad de director ejecutivo. Glazer recibió en 2024 el Oscar a la mejor película extranjera por La zona de interés (2023), un filme que relata la apacible vida de una familia de alemanes nazis que vivían contiguos a los muros de un campo de concentración y exterminio.

La tecnología del genocidio
Naza cuenta cómo los móviles de los sospechosos de pertenecer a Hamás fueron utilizados para geolocalizarlos durante el genocidio. Esta tecnología también permitía identificar a otros tantos palestinos dentro de los edificios, de manera que cuando ejecutaban la orden de atacar por control remoto con drones el edificio en el que estaba el sospechoso, sabían que acabarían con la vida de otras tantas personas inocentes. En el documental, uno de los militares asegura haber acabado con la vida de 500 personas en un solo ataque.

Esta doctrina militar de aniquilación total no sólo es contraria al Derecho Internacional Humanitario (IHD), sino que, a la luz de guerras anteriores, evidencia la insensibilización de Israel respecto al sufrimiento de los palestinos. También de su impunidad. El 1 de enero de 2009, las IDF bombardearon la vivienda de Nizar Rayan, uno de los líderes militares de Hamás, ubicada en Jabalia (Franja de Gaza). Sus cuatro esposas y 12 de sus hijos, algunos de ellos niños pequeños, se encontraban en la vivienda en el momento del ataque. A excepción de un niño, todos ellos murieron junto a Rayan.

La brutalidad de aquel ataque despertó una oleada de indignación entre los sectores más progresistas de la sociedad israelí. Dicha condena tardó mucho más en salir a relucir en el caso del genocidio en Gaza, donde los “daños civiles colaterales”, como los ocurridos en el ataque contra Rayan, se multiplicaron por miles. Desde el 7-O, se estima que han sido asesinadas cerca de 73.400 personas en la Franja de Gaza.

Hoy, la aceptación de esta forma de hacer la guerra por la que el Estado israelí y algunos de sus dirigentes están siendo investigados por genocidio se ha vuelto casi incuestionable, habida cuenta de la invisibilización de este fenómeno en la prensa. Las revelaciones del documental han coincidido con ciclos de dimisiones en algunas de las compañías tecnológicas más importantes de la actualidad, algunas de las cuáles prestan sus servicios a las IDF.

Por lo general, las tecnológicas que cooperan con la industria militar, suelen defender sus softwares alegando que la precisión que aportan es beneficiosa en la guerra. La creencia de parte de los tecnoligarcas aliados con la industria armamentística, como el CEO de Palantir, Alex Karp, es de que “la tecnología debería poder reducir drásticamente la cantidad de daños colaterales y muertes de civiles”. El genocidio perpetrado en Gaza ha demostrado que esto solo depende de la voluntad del Estado que posea la tecnología y de su capacidad para operar con impunidad.