El Gobierno no ha entregado ninguna cabeza que pueda servir de cortafuegos ante las responsabilidades políticas por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Ni tiene de momento la menor intención. La dimisión de Gonzalo Sanz, jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, es completamente ajena a La Moncloa. El choque de versiones con su jefe le ha llevado a alejarse de la Delegación del Gobierno y pensar en su propia defensa legal, ante la alta probabilidad de ser llamado a declarar por la Audiencia Nacional una vez que la jueza María Tardón ha decidido llevar adelante la instrucción. La judicialización de esta honda crisis va a condicionar la política, según reconocen interlocutores parlamentarios. El PP y Vox apuntan a que las investigaciones de los tribunales alcancen al Consejo de Ministros.

El Gobierno “lo supo y lo tapó”, sentenció hace diez días el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Por lo que “habrá consecuencias políticas y judiciales”. Este es el campo de juego en el que se mueve la crisis de la ciudad autónoma, sumida en la anormalidad absoluta para los ceutíes y con miles de inmigrantes aún por ubicar y a la espera individual de sus destinos. El Ejecutivo, además de incluir en sus problemas el ámbito judicial, tiene que hacer frente a la solución. Se transmite el mensaje de que el desorden se paliará significativamente en las próximas horas por el incremento de recursos materiales y humanos, aunque todos los frentes están abiertos para el Gobierno.

No solo es la férrea oposición —ahora sí que el PP repite que su victoria electoral será rotunda—, sino que el desánimo en las propias filas hace más pesada la carga.

Sobre el asunto medular, qué sabía el Gobierno, no hay cambios. La desclasificación de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no ha sido un error, según la versión gubernamental. Aunque para la oposición política, también para sectores del PSOE, su contenido prueba que el delegado del Gobierno y el propio centro de inteligencia debieron darse por enterados sobre la inminencia de una avalancha de inmigrantes.

No es esa la versión que transmite el Ejecutivo al señalar que de ninguna manera de esos mensajes podía deducirse “la magnitud” de la marea humana que se aproximaba a la ciudad autónoma. De ahí que desde el Gobierno se rechace la comisión de un error garrafal al mostrar los mensajes del CNI desde días antes.

Las discrepancias entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, responsable del CNI, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han dado paso a un forzado cierre de filas. Esto se traduce en que ambos han dejado de poner de manifiesto sus muy diferentes interpretaciones sobre los avisos y mensajes del CNI y distintos cuerpos de seguridad.

Lo ocurrido el 30 y 31 de julio se dirimirá todos los días en el Parlamento, de la mano del PP y Vox, mientras que en la Audiencia Nacional empieza la andadura. La acción del Gobierno será cuestionada este martes en el Congreso con sendas mociones defendidas por el PP y Vox, cada uno la suya, con acusaciones políticas y penales. La sesión de control del miércoles consumirá casi su totalidad en Ceuta.

Los anuncios de Sánchez sobre un cambio en la relación con el país vecino “si se comprueba” que estuvo en el origen de la entrada irregular de decenas de miles de personas, no computan en el día a día político.

PP y Vox se centran en los avisos no atendidos, para ellos suficientemente claros, de lo que se avecinaba. Tampoco hay límites en las expresiones y relatos que se utilizan. El secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró la semana pasada que “la CIA había avisado al CNI”. A este respecto ha sido preguntado el líder del PP en una entrevista en el diario El Mundo y ha declarado desconocer esa información, negada absolutamente por el Gobierno. Pedro Sánchez ha incurrido en “negligencia dolosa”, ha señalado Tellado para incidir en la comisión de presuntos delitos que llevarán a miembros del Ejecutivo, en sus casos, ante el Tribunal Supremo, según relato del PP y Vox.

La gravedad de la situación implica igualmente a los socios de coalición del Gobierno. Sumar no pone paños calientes sobre la responsabilidad de Marruecos y tampoco oculta su disconformidad con la actuación inicial. Aun así, los socios quieren resaltar la actuación de la ministra de Juventud e Infancia, reconocida también inicialmente por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. No es habitual, en absoluto, que los diputados del PSOE y de Sumar formulen preguntas a los ministros. Este miércoles, el diputado de Izquierda Unida dentro de Sumar, Nahuel González López, se dirige a la ministra Sira Rego, compañera de formación política, para preguntarle por las medidas de su ministerio “para garantizar los derechos de las niñas y los niños en Ceuta”. La pretensión es que la titular de Infancia deje constancia de su actuación, que consideran muy encomiable. La ministra dará cuenta de las dificultades que encuentra en las comunidades autónomas para cumplir la ley respecto al acogimiento de las niñas y niños que están en Ceuta. Rego en algunas ve “racismo”.