La rueda burocrática en la que entra un migrante que quiere pedir asilo en España no es ni rápida ni sencilla. Y si en esa rueda intentan subir 5.000 personas al mismo tiempo —la cifra aportada por el Gobierno central, y la más conservadora, de los emigrantes que se resisten a dejar Ceuta— hace falta una extraordinaria cadena de producción policial para ver algún resultado. Esa coyuntura persiste en la ciudad autónoma, donde a la llegada en tromba de miles de migrantes el pasado 30 y 31 de julio a las calles de la urbe ceutí y las promesas políticas de que “todos” serían devueltos, siguió la realidad de la aplicación de la ley de Extranjería española.

Hasta hace apenas una semana, esos trámites parecían atrapados en un cuello de botella. La Policía, cuerpo policial encargado de las labores de Extranjería en la ciudad, ha necesitado algo más de un mes para echar a rodar un gran engranaje que permita absorber tal cantidad de trabajo cumpliendo las garantías legales. “Estos procedimientos no se pueden hacer de un día para otro”, observaba el subinspector José Miguel Pitalúa, jefe en funciones del grupo de protección internacional de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, el pasado 3 de septiembre. La ciudad autónoma cuenta ya con 90 funcionarios policiales volcados en estas labores y se prevé que este martes se superen los 1.800 triajes (evaluaciones rápidas) a inmigrantes adultos, según fuentes del Gobierno. La puesta en marcha de un Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) que ya estaba previsto, y los refuerzos policiales, han sido claves para tomar velocidad.

Asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín en Ceuta, este lunes.
Marcos Moreno (Europa Press)

El Gobierno está preparando 6.000 plazas (4.300 estaban ya habilitadas el domingo) para que los migrantes que vivían en la calle puedan tener unas condiciones dignas en centros de acogida temporales y facilitar los trámites policiales. El ministro del Interior aseguró este lunes que, desde el 10 de agosto, se han contabilizado más de 5.300 retornos voluntarios.

Cada término de la ley de extranjería (expulsión o devolución), cada plazo del procedimiento de asilo en frontera (12 semanas que no son tres meses) o la posibilidad de recurso (la resolución de la oficina de asilo es firme, pero se puede interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional) requieren de gran precisión, pide el subinspector Pitalúa. Consciente de que la complejidad de estos procesos no llega a la ciudadanía, se muestra dispuesto a explicar, de la forma más sencilla posible, en qué consisten. Estas son las fases, plazos y posibilidades de recurso:

A los migrantes que cruzaron en tromba a finales de julio, una parte importante a nado, se les aplica el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que entró en vigor el pasado junio, por lo que se inician los trámites para aplicarles lo que corresponda en cada caso: la Ley de Extranjería o la Ley de Protección Internacional, que regula el asilo.

Primera evaluación: el triaje. El triaje es una primera evaluación, tanto médica como policial. Cruz Roja se encarga de la parte médica y la Policía inicia el triaje policial. Se pone especial énfasis en detectar necesidades urgentes de los más vulnerables, como embarazadas, niños, ancianos o con discapacidad, trastornos mentales. El trámite también incluye la reseña policial de cada migrante. “Es mucho más complicado que un DNI”, explicaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Se toman las huellas de todos los dedos, también las de la palma de la mano”, detallaba. También se les toman fotografías o se registra su documentación, si la tiene. Toda la información queda en la base de datos policial.

Agentes de Policía toman las huellas a migrantes en las instalaciones de Ceuta.
En este trámite inicial participan agentes de Extranjería y Científica. “En función del resultado del triaje, se les deriva al grupo de agentes encargados de tramitar asilo o al grupo de expulsiones, para una primera evaluación, que luego se puede corregir”, detalla Pitalúa. “Puede pasar que durante el triaje policial el resultado no sea el de candidato a peticionario de Protección Internacional por sus características, pero si a pesar de ello solicitan este tipo de protección, el grupo de triajes lo deriva hacia el grupo de asilo”.

Registro de la solicitud de asilo. La petición de asilo en casos como los de la crisis de Ceuta debe contar de forma obligatoria con la asistencia de un abogado, particular o de oficio, en algunos casos de intérprete, algo que proporciona la Administración.

La petición se hace formal durante la entrevista policial, con una duración que depende de cada caso. “Los agentes de Policía no estamos para denegar el asilo, sino para examinar cada situación y, en función de las características del caso, recomendar la aceptación o la denegación”, explica el subinspector. “Es algo menos operativo y más humanitario”, añade. Los agentes especializados en labores de extranjería están formados para encontrar la vulnerabilidad, pero quien valora y resuelve cada caso es la Oficina de Asilo y Refugio, que depende de la Dirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior. “Si a una persona le puede corresponder el asilo, hay que encontrarlo”, dice Pitalúa. La indagación también funciona en el camino inverso. Si un solicitante da un relato poco creíble, las repreguntas y las peticiones de detalles, también sirven para emitir su evaluación.

La protección internacional comprende tanto el derecho de asilo, que se concede a los refugiados, como la protección subsidiaria, que se otorga a los extranjeros que no son refugiados, pero se encuentran en determinadas situaciones de riesgo y no pueden regresar a su país de origen.

Duchas instaladas en el asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín en Ceuta, este lunes.
Marcos Moreno (Europa Press)
La legislación española reconoce el asilo a personas que huyen de su país por un temor fundado a sufrir persecución por motivos como raza, religión, nacionalidad, ideología, género u orientación sexual. La mayoría de inmigrantes que entraron en Ceuta lo hicieron “por razones económicas”, según el Gobierno, por lo que no entrarían en los supuestos de asilo.

En las entrevistas es habitual que los agentes den prioridad a colectivos vulnerables (mujeres embarazadas, niños o personas del colectivo LGTBI), pero se van intercalando. “Tampoco se les cita con el resto para preservar al máximo sus situaciones de vulnerabilidad”, precisa el subinspector. Aunque las vulnerabilidades como tal no son conceptos de concesión de asilo, sí que se tiene un mayor cuidado a la hora de atenderlos. “Son personas a las que les cuesta abrirse en las entrevistas, y debemos lograr que no se cohíban y expresen todo lo necesario que pueda hacerles merecedores de la protección internacional, añade. En la crisis de Ceuta, once funcionarios de la OAR también están realizando entrevistas a los solicitantes, especialmente a los más vulnerables, y también se ha enviado un refuerzo de 18 abogados de oficio.

Los agentes de Extranjería intentan que estos dos procedimientos (el triaje y la entrevista) se hagan de una sola vez y en el mismo día, pero hasta el día 3 de septiembre, no estaba ocurriendo. “Caminamos hacia ello”, decía entonces el subinspector. Al inicio de la crisis, las entrevistas se hacían en los despachos de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, pero con la apertura del CATE, tanto el triaje como la derivación a los grupos de asilo o expulsiones se concentrará en estas dependencias, ubicadas en una nave industrial en el Polígono de El Tarajal, muy cercano a la frontera. “Tenemos 15 líneas de trabajo y se prevé una ampliación de cinco más”, detalló el ministro hace una semana. A ellas se añaden diez puestos más, entre el Puesto Fronterizo de El Tarajal (con seis) y la Jefatura (cuatro).

El Centro de Acogida de Extranjeros de Ceuta (CATE) tiene una superficie de 856 metros cuadrados para uso policial, una zona polivalente de comedor y un área destinada al acogimiento de familias.
La mayoría de los agentes que participan en esas labores están especializados en extranjería. A la plantilla de la Jefatura de Ceuta, se han sumado agentes de la Unidad Central de Repatriaciones (UCER) de la Comisaría Central de Extranjería y efectivos de otras plantillas de Extranjería de la península especializados en solicitudes de asilo. “Están habituados a esta metodología y han entrado en la dinámica con rapidez”, subraya el subinspector.

Decisión de la Oficina de Asilo y Refugio. La decisión que toma este organismo, una vez examinados los informes policiales, es un trámite administrativo firme. Sin embargo, se puede recurrir ante la Audiencia Nacional, en el contencioso administrativo. Hay diez días para interponer el recurso, una vez que se resuelve de forma negativa. “Si no hay conocimiento de recurso, se inicia el retorno”, explica el subinspector.

Recurso ante la Audiencia Nacional. Quien recurre ante la Audiencia Nacional, solo puede impedir que le hagan regresar si el tribunal acuerda medidas cautelarísimas. Es lo que ocurrió con el caso del policía marroquí que pidió asilo en mayo de 2025 al que permitieron quedarse mientras se estudiaba su caso. Si no se adoptan esas medidas, los funcionarios policiales tienen vía libre para hacerle salir del país para hacer retornar a la persona a su país de origen.

12 semanas de plazo. El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) hace que el procedimiento de asilo sea más ágil con respecto a la última forma que se aplicaba en España. Por la forma de entrada, en frontera, los migrantes de Ceuta les corresponde un plazo de 12 semanas, un tiempo en el que también se incluyen los recursos judiciales.

Casos resueltos. Ya se tienen casos resueltos de la entrada del pasado julio, desde el registro hasta la resolución del recurso, aunque no ha trascendido el número. “La gran mayoría de los expedientes son de devolución, que son bastante ágiles, pero la capacidad de la ciudad ha estado limitada”, cuenta Pitalúa. Se han producido cerca de 300 expulsiones (ligadas a infracciones graves, como alteraciones del orden público) y un centenar de personas han renunciado al asilo, según informó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha asumido el mando único del Gobierno para gestionar la crisis.