Un niño de 12 años se agarra a un legionario y llora. Le abraza, le mira a la cara y suplica: “No, a Marruecos no”. Es una de las imágenes que se vio en redes sociales al inicio de la crisis migratoria de Ceuta. Dos soldados escoltan al menor, desconsolado, de vuelta hacia la frontera. Uno de ellos le explica al teniente coronel responsable que el niño estaba acompañado, pero se ha quedado solo. El oficial replica: “¿Acompañado de qué? No. No puede ser”. No le podían devolver instantáneamente.

La escena pone sobre la mesa las obligaciones que tiene el Estado español para resolver la crisis de Ceuta. La legislación española, en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, impide que un menor sea devuelto de forma inmediata sin cumplir una serie de garantías, sin importar cómo haya entrado en territorio nacional.

La ciudad autónoma de Ceuta sigue saturada más de un mes después de que se produjera el cruce masivo de migrantes el 30 y 31 de julio, en el que entraron más de 70.000 personas, según el Gobierno. El Ministerio de Infancia ha registrado a 2.004 menores no acompañados y estima que aún quedan más por filiar. Esto ha provocado un enfrentamiento político por el que el Partido Popular y Vox proponen como única solución la expulsión inmediata de todas las personas que entraron en Ceuta, incluidos los menores. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se pronunciaba al respecto el pasado 19 de agosto: “Tienen que regresar a su país”, “ni mayores ni menores”, “han de regresar todos”. Distintas organizaciones como Juezas y Jueces para la Democracia y otros juristas expertos en los derechos de los niños han mostrado su preocupación ante esta situación. “Devolver a todos los menores es una barbaridad”, sentencian.

Una de las personas más reconocidas en derechos de los niños en España es Ignacio Campoy, elegido en junio para ser miembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas para el periodo 2027-2031. Explica que “el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño habla del interés superior de los niños, niñas y adolescentes” y que “hay que garantizar que la toma de decisiones favorezca al niño o la niña en mayor medida”. Campoy reivindica: “La Convención forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Todo lo que está en la Convención es directamente aplicable”.

Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de la ONG Save The Children, denuncia que el sistema de protección de menores de Ceuta continúa desbordado. Destaca que Ceuta no tiene la capacidad para acoger a todos los menores ni aún con más medios, lo que, según ella, mantener a los menores en Ceuta y no trasladarlos a la península no respeta el principio del interés superior del niño. También argumenta que la saturación que vive la ciudad autónoma está vulnerando el derecho de los menores a la integridad física y moral, la salud y el derecho de ser protegidos, entre otros.

Los episodios de violencia contra los migrantes en Ceuta han sido una constante desde la entrada masiva. Además, desde el pasado 30 de julio, la Fiscalía ha registrado 23 agresiones sexuales contra mujeres de este colectivo, cinco de ellas violaciones. Nueve de las víctimas son menores de entre 14 y 17 años. Esta situación ha provocado la respuesta del Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, que planteó al Gobierno de Ceuta una vía para trasladar a 700 niñas en situación de especial vulnerabilidad a entidades y ONG privadas en la península. El departamento de Rego asegura que trasladó la propuesta al presidente popular de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el 8 de agosto y sostiene que “solo falta la firma” de la ciudad autónoma para iniciar los trámites. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado el visto bueno, imprescindible para poner en marcha este recurso.

El Partido Popular, en la misma línea de Vox, ha reafirmado que la única solución que propone es retornar a su país de origen a todos los que entraron. Medida con la que difiere Edmundo Rodríguez, de 63 años, magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia: “Ese planteamiento es contrario a la ley, a los tratados internacionales a los que está suscrito España y a las obligaciones que tenemos como miembros de la Unión Europea”.

El magistrado, portavoz de la plataforma Juezas y Jueces para la Democracia, recuerda que cualquier funcionario público que realizase devoluciones improcedentes “estaría cometiendo un delito”. “Todos estos menores ni pueden ser devueltos en caliente, ni pueden ser arrojados al mar, ni pueden ser expulsados sin seguir las normas y las garantías jurídicas que obligan a las autoridades españolas, porque de lo contrario se produce no solo una vulneración de los derechos humanos, sino también la posibilidad real de que estos funcionarios sean luego perseguidos por el abandono de estas personas y estarían cometiendo un delito”, señala.

España ya tiene un precedente reciente sobre los límites legales de una devolución acelerada de menores. Tras la crisis fronteriza de 2021, la repatriación exprés de menores marroquíes acabó con la condena de la entonces delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y de la exvicepresidenta primera de la Ciudad Autónoma Mabel Deu a nueve años de inhabilitación especial para cargo público por un delito de prevaricación administrativa.

Para Ignacio Campoy, el problema va más allá de las consecuencias jurídicas. “Resolver la crisis al margen del sistema de protección de la infancia tendría consecuencias que trascienden el caso de Ceuta”, advierte. Según explica, si un problema que exige una respuesta dentro del modelo de los derechos de los “niños y las niñas” termina resolviéndose de manera ajena a él, se estaría optando por “una solución mala e ilegítima”, en la que enviamos “un mensaje gravísimo contrario a los Derechos Humanos”.