Un informe del propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del Gobierno de Donald Trump ha señalado que decenas de inmigrantes que estuvieron en el centro de detención Alligator Alcatraz, en los Everglades, fueron recluidos en pequeñas jaulas metálicas, algunas durante casi dos horas, “para calmarlos” y como castigo.

El centro, que cerró en junio, fue señalado en numerosas ocasiones por organismos de derechos humanos por malas condiciones y tratos abusivos que equivalían a tortura, incluyendo dejarlos como castigo en una jaula a la intemperie a la que los guardias se referían como “la caja”. Amnistía Internacional documentó el año pasado casos donde algunas personas habían pasado horas esposadas y con los pies sujetos al suelo dentro de una estructura similar a una jaula de 60×60 centímetros en el patio del centro, donde no podían sentarse ni cambiar de posición bajo el calor, el sol y los insectos. Un entrevistado dijo que “a la gente la metían en ‘la caja’ solo por pedirles algo a los guardias” y que una persona había pasado allí “todo un día”.

El nuevo reporte publicado este lunes por la Oficina del Inspector General (OIG, en inglés), el organismo independiente encargado de fiscalizar al DHS, ha confirmado y publicado fotos de las estructuras metálicas de “aproximadamente 1.30 metros por 1.30 metros y 2.36 metros de altura” —apenas un poco más grande que una cabina telefónica— recubiertas de una rejilla de cuadros pequeños.

El OIG obtuvo la información en enero, en una inspección sorpresa, cuando había unos 1.500 detenidos en el sitio. Según el reporte, las autoridades incumplieron con los estándares de detención en cuanto a la atención médica, la alimentación e higiene de los reclusos.

Las personas detenidas por motivos migratorios no enfrentan cargos criminales, sino un proceso administrativo. Más del 70% de los inmigrantes detenidos no han cometido delitos, según registros independientes.

Las jaulas metálicas utilizadas como “zonas de calma” en Alligator Alcatraz, antes de su cierre este verano en el sur de Florida.
Las jaulas metálicas utilizadas como “zonas de calma” en Alligator Alcatraz, antes de su cierre este verano en el sur de Florida.
Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional
El informe de OIG señala que el personal del centro llamaba a los recintos metálicos “áreas para calmarse”, y que unas 79 personas fueron recluidas en esas estructuras desde que el centro comenzó a funcionar en julio de 2025 hasta la visita en enero.

La OIG advirtió en el reporte que “el uso de estos pequeños recintos metálicos por cualquier motivo no tiene precedentes entre las instalaciones de detención” que ha inspeccionado y “presenta riesgos significativos para la salud y la seguridad de los detenidos”.

“El uso de espacios tan restrictivos es sumamente inusual y no se ajusta a los estándares de trato humano”, señaló la OIG, que incluyó entre sus recomendaciones suspender su uso.

Un portavoz del DHS respondió a una solicitud de comentarios de EL PAÍS sobre el informe que “Alligator Alcatraz cumplía con los mismos estándares federales de detención aplicados por administraciones anteriores, incluidas las de Biden y Obama. Todas las instalaciones para detenidos están limpias, y cualquier acusación de condiciones inhumanas o de uso excesivo de la fuerza es FALSA”.

También dijo que “la Oficina del Inspector General del DHS indicó que todas las recomendaciones han sido cerradas administrativamente”, y remitió preguntas al Estado de Florida, “ya que la instalación era administrada por el Estado de Florida a través de la División de Manejo de Emergencias”.

El director de comunicaciones del gobernador Ron DeSantis, Alex Lanfranconi, dijo a EL PAÍS: “Al menos diez millones de inmigrantes ilegales entraron a nuestro país durante la Administración Biden. Florida decidió hacer algo al respecto. Los medios de izquierda quieren centrarse en un área de confinamiento para inmigrantes criminales violentos que han demostrado que no pueden mantenerse pacíficos mientras esperan su deportación. Aunque cumple con todos los estándares federales para el confinamiento de personas detenidas, la haríamos incluso más pequeña si pudiéramos”.

La División de Manejo de Emergencias de Florida no respondió a una solicitud de comentarios para este reporte.

El Estado de Florida levantó Alligator Alcatraz en cuestión de ocho días a finales de junio de 2025 para apoyar al Gobierno de Trump en la ofensiva antiinmigrante. La estructura estaba formada por carpas de lona y baños y generadores portátiles en los humedales de los Everglades sobre una antigua pista de aterrizaje que fue parte de un megaproyecto de los años sesenta truncado tras batallas legales con grupos ambientalistas. Dentro de la instalación, las celdas eran una especie de jaulas metálicas de seis metros por seis con tres inodoros de aluminio, con literas para 32 personas.

La cuestión de quién era responsable por Alligator Alcatraz estuvo presente desde que abrió. El Estado de Florida construyó la instalación y la administraba a través de la División de Manejo de Emergencias (FDEM), con guardias y contratistas privados, pero los detenidos estaban bajo custodia del ICE.

Las autoridades de Florida presentaron el centro como la joya de la corona que resolvería “de una vez por todas el problema de la inmigración ilegal”, y Trump le hizo una visita de espaldarazo para su inauguración a comienzos de julio, con un recorrido por las instalaciones junto a la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, y DeSantis.

Florida pagó por la construcción y operación del centro con dinero de emergencia para huracanes y desastres, bajo la promesa de un reembolso federal de 600 millones de dólares, del que solo ha recibido unos 58 millones. El costo de las operaciones superó el millón de dólares diarios, muy por encima de lo planificado.

Detenidos de Alligator Alcatraz han relatado que sufrieron condiciones inhumanas.
Detenidos de Alligator Alcatraz han relatado que sufrieron condiciones inhumanas.
Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional
El remoto sitio estuvo rodeado de opacidad desde el principio, con denuncias de mala alimentación, higiene y tratos, y cuando algunos legisladores intentaron visitar las instalaciones, fueron rechazados.

El centro fue objeto de varias demandas, incluyendo de grupos de protección al medioambiente y la tribu Miccosukee, que señalan que el Estado violó leyes federales. Organizaciones de derechos civiles demandaron por falta de acceso de los detenidos a sus abogados y al sistema de justicia.

Quienes estuvieron detenidos allí han relatado que sufrieron condiciones inhumanas y tratos degradantes de los guardias, y grupos de derechos civiles han pedido una investigación que considere el sitio una “escena del crimen”.