Ya son 39.604. 651 más que el mes anterior. Y casi 5.000 más que en agosto de 2025. Gipuzkoa acaricia la cifra de 40.000 trabajadores foráneos al calor del proceso de regularización de inmigrantes llevado a cabo este año, que ha impulsado sobremanera este colectivo. El aumento es del 1,67% respecto a julio y del 14,32% respecto a agosto de 2025, según los datos hechos públicos este lunes por el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.

En lo que respecta al conjunto de Euskadi, la comunidad autónoma alcanzó en el mes de agosto la cifra de 120.186 afiliados extranjeros, tras aumentar los cotizantes en 1.485 respecto a julio, mientras que se ganaron 17.763 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este comportamiento estival rompe con la dinámica habitual del mercado laboral, que suele registrar un parón o destrucción de empleo en agosto por el fin de contrataciones lectivas, la pausa industrial y la menor actividad administrativa. En esta ocasión, el incremento responde fundamentalmente a dos factores. Por un lado, el proceso extraordinario de regularización activado este año ha funcionado como un gran acelerador para aflorar empleo sumergido, transformando a trabajadores de la economía informal en cotizantes de pleno derecho. Por otro, la mano de obra extranjera concentra un peso muy elevado en actividades con una alta necesidad de cobertura durante las vacaciones, como el sector del hogar y los cuidados, la hostelería o los servicios.

Más allá de la coyuntura veraniega, este crecimiento constante supone un balón de oxígeno clave para la estructura socioeconómica del territorio. En una Gipuzkoa marcada por el invierno demográfico y una natalidad bajo mínimos, la incorporación de trabajadores en edad productiva resulta imprescindible para absorber el impacto del inminente retiro masivo de la generación del baby boom. La llegada de estos cotizantes no solo garantiza el relevo en vacantes de difícil cobertura y en actividades esenciales, sino que aporta ingresos directos en impuestos y cotizaciones para reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y el Estado del bienestar.