Más de 140 organizaciones sociales de toda España han firmado una carta abierta, impulsada por Federación Sur Acoge, Asociación Elín, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), para pedir que se refuerce y mejore la respuesta que se está dando en Ceuta, especialmente para las personas migrantes que continúan en situaciones de mayor vulnerabilidad, más de un mes después de su llegada a la ciudad autónoma.

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En la carta, las organizaciones señalan que se calcula que actualmente quedan en Ceuta unas 10.000 personas, la mayoría durmiendo en la calle o en espacios informales como chabolas —uno de los campamentos improvisados se incendió en la noche del jueves—. “Muchas de estas personas tienen razones de peso para no volver a Marruecos. Son nacionales de otros países que huyen de conflictos militares, mujeres víctimas de violencia de género o de redes de trata de seres humanos, niños y niñas sin familia, algunos de los cuales han sufrido abusos sexuales mientras se encontraban en situación de calle”, dicen los firmantes.

Por ello, agregan que es “urgente e imprescindible” que las distintas administraciones, desde el Gobierno español hasta el local de la Ciudad Autónoma de Ceuta y los autonómicos, “aceleren las soluciones humanitarias para estas personas”. “Solo así los vecinos y vecinas de Ceuta podrán retomar la normalidad de sus vidas y la sociedad española podrá responder a esta crisis internacional de manera coherente con los Derechos Humanos y con los principios de nuestro marco legislativo”, aseguran las organizaciones, entre las que están Amnistía Internacional de España, Novact, Entreculturas o Coordinadora de Barrios.

En la carta, hacen cuatro peticiones a las administraciones competentes: ampliar los recursos de acogida humanitaria en Ceuta para dar respuesta a las personas y familias que siguen en situación de calle o en recursos provisionales; garantizar a la mayor brevedad el traslado a la Península y la protección de las personas en situación de especial vulnerabilidad, como los menores y solicitantes de asilo; asegurar procedimientos individuales y con todas las garantías, tanto en materia de protección internacional como en cualquier decisión de retorno, y, por último, reforzar la coordinación y la responsabilidad compartida entre administraciones, con recursos suficientes para Ceuta y mecanismos ágiles de respuesta.

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Asimismo, hacen un llamamiento a “proteger la convivencia y evitar que esta situación sea instrumentalizada para alimentar el racismo, la islamofobia o el rechazo hacia las personas migrantes”.