La Comisión Europea avisó ya en un informe en mayo de que España carecía de un plan de contingencia formalizado y probado ante una eventual llegada masiva de inmigrantes. Bruselas también advirtió de que existía un déficit de personal fronterizo. Dos factores clave que están directamente relacionados con la crisis de Ceuta y que forman parte de las hasta 19 deficiencias que se recogen en el Informe sobre el Estado de Schengen 2026. España acumula la cifra de fallos más alta de toda la Unión Europea, por delante de Portugal, que tiene 13, y Grecia, que llega a las 12.

El State of Schengen Report es el informe anual en el que la Comisión Europea evalúa el funcionamiento de Schengen. Se dirige al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo, entre otros. El último, con estas anotaciones sobre España, fue publicado el 18 de mayo de 2026, y su contenido fue debatido por los ministros de Interior de la UE y de los países asociados a Schengen en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) celebrado en Luxemburgo el pasado 4 de junio, apenas dos meses antes de que más de 70.000 personas cruzaran ilegalmente de Marruecos a Ceuta. El ministro Fernando Grande-Marlaska asistió a esa reunión, en la que se discutió el informe y se aprobaron sus conclusiones. Una de las prioridades que se fijaron fue la de «fortalecer la resiliencia de las fronteras exteriores y la eficacia de los retornos».

«Se han logrado avances significativos, ya que todos los Estados miembros han elaborado planes de contingencia para la gestión de las fronteras en caso de una afluencia masiva de nacionales de terceros países a las fronteras de la UE. Además, la gran mayoría de los Estados miembros ha establecido planes de contingencia basados en evaluaciones de riesgos y escenarios exhaustivos, y solo tres países siguen todavía en proceso de formalizar dichos planes y seis aún no han probado su aplicación», señala la Comisión en ese documento. España forma parte de esos tres que no los habían formalizado y de los seis que tampoco los habían testado.

«A pesar de que varios Estados miembros adoptaron medidas en 2025 para aumentar sus plantillas, persisten carencias de personal que afectan a funciones esenciales, debido a la escasez de recursos y a la falta de estrategias estructuradas de recursos humanos a medio y largo plazo», prosigue en ese documento Bruselas, en referencia tanto a España, como a Letonia, Lituania, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia.

A eso hay que sumar una llamada de atención por no agilizar los procesos de retorno; problemas para prevenir fugas y movimientos secundarios no autorizados; sistema de gestión de expedientes de retorno todavía pendiente de modernización completa, o el incumplimiento de la Directiva de Intercambio de Información por el que Estonia, Bélgica y España habían recibido un dictamen motivado de la Comisión.

«Se requieren esfuerzos adicionales en todos los Estados miembros para abordar los problemas relacionados con la adopción en tiempo oportuno de las decisiones de retorno, la agilización de los procedimientos y la aplicación de medidas para evitar las fugas y los movimientos secundarios no autorizados», desarrolla la Comisión, que en este punto señala a España, Italia, Polonia y Portugal. Fuentes de la Comisión Europea confirman que este es el documento más reciente sobre el estado de Schengen, y evitan añadir alguna valoración adicional a las que ya están recogidas en el informe.

Desde el Ministerio del Interior se admite que en el informe se recogen para España «recomendaciones operativas en diversos ámbitos» pero añade que también «se reconocen avances, particularmente en materia de retornos, sin identificar deficiencias graves». En relación con el plan de contingencia, Interior afirma que la Comisión apunta «expresamente» que «todos los Estados, incluida España, disponen de ellos para escenarios de llegadas masivas». Admite que la Comisión señaló aspectos susceptibles de mejora adicional en algunos elementos de esos planes como «la organización de ejercicios de prueba y la mejora de los mecanismos de coordinación con Frontex y Estados vecinos», pero también asegura que España «figura entre los países que mejoraron la eficacia de su sistema de retornos durante 2025».

Sobre la agilidad de dichos retornos, el Ministerio insiste en que «se valora positivamente la eficacia de los sistemas nacionales, entre ellos el de España», aunque se hacen recomendaciones «para simplificar los procedimientos». Igualmente, puntualiza que la Comisión «no afirma que España carezca de medidas» para evitar los movimientos secundarios «ni denuncia pasividad frente a este fenómeno».

El Ministerio recuerda que en otro informe, en este caso sobre los puntos débiles de Frontex, emitido en junio, «no se identifican vulnerabilidades en las capacidades de vigilancia desplegadas en las fronteras terrestres con Marruecos».

Bruselas recibió la semana pasada la visita del presidente de Ceuta, como confirmó el propio Juan Jesús Vivas. No quiso trasladarle si aplicará algún tipo de sanción o medidas contra Marruecos. «Creo que en eso hay que ser respetuoso. Nosotros fuimos a plantear la situación. Nos oyeron, hubo receptividad, comprensión. Y espero que haya respuesta», expuso el pasado viernes el presidente de la ciudad autónoma, que en su visita se reunió con el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, y con la responsable del Mediterráneo, Dubravka Suica. Vivas pidió a Bruselas «un pronunciamiento claro e inequívoco acerca de que Ceuta y Melilla son España y, por tanto, Europa», que «esas fronteras se tienen que respetar» y que, «si no se respetan, es difícil que pueda haber con ningún país relaciones fructíferas de cooperación».

Vivas también estuvo en el Parlamento Europeo, y pidió que la Eurocámara apruebe «una resolución en virtud de la cual se ponga de manifiesto de una manera clara que las fronteras de Ceuta y Melilla son las fronteras de España y de Europa». Fuente populares apuntan que el Partido Popular Europeo (PPE) está trabajando para que se saque adelante en el pleno de esta misma semana.

Sin embargo, no todos en el PPE están convencidos de la necesidad de esta resolución. Para entender esta reticencia hay que tener en cuenta que en las próximas semanas se va a negociar la renovación de la presidencia del Parlamento y también del Consejo Europeo, y desde las filas populares creen que forzar una resolución con la extrema derecha puede tener consecuencias en ese proceso. Esto es, que, si la sacan adelante con la llamada mayoría Venezuela (bautizada así por una votación sobre el resultado de las elecciones venezolanas), los socialistas pueden tensionar el proceso de negociación para renovar los mencionados puestos. La presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), Iratxe García, avisó la semana pasada de que si el PPE «negocia las políticas con otros», su formación «dejará de formar parte de la mayoría institucional en el Parlamento». «Nos tendrán enfrente», advirtió.