Entre tantos rostros, Roberto Mosquera retuvo uno en particular el día que llegó a Esuatini, un pequeño país escondido en el sur de África. Luego siguió viendo ese rostro durante los siguientes 14 meses, que transcurrían lentos e insoportables en el mundo comprimido entre las paredes blancas y grises de la celda de la prisión de máxima seguridad de Matsapha. El hombre es serio, alto, moreno, con lentes redondos. Se nombra Jabulani Kunene y es el oficial encargado del penal. Desde hace más de un año, Mosquera le hace la misma pregunta siempre que lo ve de paso: “¿Hasta cuándo ustedes me van a tener aquí preso?” Kunene siempre ha tenido para él la misma respuesta: “I don’t know, Roberto, I don’t know”.

Mosquera ya no llama celda a su celda, sino que le dice “la casita”. Se hizo de una cafetera con el dinero que envía la familia de Miami; compró una hornilla para freír huevos o recalentar la sopa; no falta el pomo de cloro líquido para limpiar el baño, ni las máquinas de afeitar o los frascos de champú, porque se puede estar preso, piensa, pero no echado al abandono. “Me gusta vestirme bien, ir a los restaurantes de Miami con mis hijas, yo soy un hombre de ciudad”, dice a través de una videollamada donde luce una barba impecable, los dientes enchapados en oro, una cadena de algún alto quilate, una gorra azul y un pulóver gris, y no el uniforme de recluso con el que lo vistieron el día en que llegó esposado de pies y manos, le pusieron una ficha con un número delante y le pidieron que mirara a la cámara para hacerle el retrato de preso.

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Si Mosquera hoy no viste el uniforme de recluso es por todo lo que ha forcejeado en estos meses, desde que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) lo detuvo en una de sus citas con migración, lo encerró en el centro de Krome, lo trasladó a un aeropuerto de Texas, y lo deportó sin su consentimiento al sur de África. Desde entonces, decenas de personas han llegado a ese continente tras la firma de acuerdos millonarios entre Estados Unidos y casi 14 países africanos. Los vuelos operados por el ICE salen, en su mayoría, desde el Aeropuerto de Alexandria, en Luisiana, o desde Texas, y aterrizan más de veinte horas después. El mecanismo hasta ahora ha sido el mismo: ningún migrante sabe a dónde lo están deportando hasta que pisa tierra desconocida.

Roberto Mosquera, en Eswatini.
Roberto Mosquera, en Eswatini.
CEDIDA
A fuerza de una huelga de hambre de 30 días y varias discusiones con los oficiales, Mosquera ha ido consiguiendo pequeñas libertades en medio de su gran encierro: que le permitan usar su ropa de siempre, que lo dejen abrir la puerta de la celda a un patio interior de la cárcel, que lo lleven custodiado a comprar comida en una tienda cercana, o que le dejen tener a él y al resto teléfonos celulares para hablar con la familia. Parece mucho para un preso, pero es nada para él, a sus 59 años, padre de cuatro hijas, a quien la Administración de Donald Trump lo llamó “monstruo depravado” y lo echó del país, pese a que había cumplido hace tiempo su condena.

Desde Texas, lo trasladaron en un vuelo que, por la cantidad de horas, no podía ir ni para Cuba, el país donde nació y que se ha negado a recibirlo por casi tres décadas; ni para México, el sitio donde han recalado tantos migrantes últimamente. Otro detenido, por señas, le preguntó durante el trayecto a dónde diablos creía que los estaban llevando. Mosquera dibujó un círculo con las manos en el aire. Le quería decir que iban a terminar, seguramente, al otro lado del mundo.

Traslados a terceros países

Las rutas indirectas de los vuelos de deportación de ICE a África
Entre julio de 2025 y agosto de 2026, al menos 31 vuelos de traslado confirmados llevaron a personas deportadas a doce países africanos, rara vez por rutas directas. Casi todos hicieron escala de repostaje en Senegal. Elija un país para ver todos sus vuelos; los segmentos rojos marcan las entregas confirmadas.

Todos los vuelos
Ghana (9)
Guinea Ecuatorial (7)
Esuatini (6)
Camerún (5)
Sierra Leona (4)
Ruanda (3)
Rep. Centroafricana (3)
Sudán del Sur (1)
Uganda (1)
R.D. Congo (1)
Liberia (1)
Burundi (1)
31 vuelos de traslado confirmados a 12 países africanos, julio de 2025–agosto de 2026, con 42 entregas registradas. Ghana recibió el mayor número (9 vuelos). Seleccione un país para aislar sus rutas.
Tramo de entrega confirmado
Otro tramo del vuelo
Destino
Escala
Origen fuera de EE. UU.
Fuente: Human Rights First, vuelos confirmados de traslado a terceros países (datos a 1 de agosto de 2026; recoge vuelos hasta el 31 de agosto de 2026). Las coordenadas son aproximadas: aeropuerto o ciudad más cercana, o centroide del país cuando solo se registró el país. Senegal (Diass/Dakar) figura como escala de repostaje, no como destino. Varios vuelos de 2026 entregaron personas en más de un país en un mismo trayecto. Los arcos son ilustrativos del enrutamiento, no trazas exactas de vuelo.

A lo largo de varias semanas, EL PAÍS conversó por videollamadas con una decena de migrantes de Cuba, Honduras, Brasil o Colombia, que han sido deportados a países como Liberia, República Centroafricana, Esuatini o Guinea Ecuatorial, y que permanecen hasta hoy en un indescifrable limbo legal.

Nadie, ni siquiera los abogados, sabe cómo desenredar la madeja migratoria en que se encuentran. “Estas personas corren el riesgo de quedar atrapadas legalmente entre tres estados: Estados Unidos afirma que su responsabilidad terminó con la expulsión; el estado africano receptor puede no proporcionarles ningún estatus migratorio o de protección duradero; y sus países de origen pueden ser lugares a los que el derecho internacional prohíbe devolverlas”, explicó Michael Gyan Nyarko, director ejecutivo del Instituto para los Derechos Humanos y el Desarrollo en África (IHRDA). La preocupación ahora, según Gyan Nyarko, radica en cómo la Casa Blanca está utilizando las deportaciones a terceros países para conseguir, indirectamente, lo que está contra la ley en Estados Unidos.

Todos los migrantes deportados con los que este diario habló se encontraban primero en centros de detenciones estadounidenses; a ninguno se le notificó que iban a ser trasladados a África, ni nunca firmaron un consentimiento. Algunos estaban defendiendo casos de asilo político, a otros los jueces de inmigración en Estados Unidos les habían otorgado protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT).

El colombiano Arín García Yepes, que llegó a Liberia en un vuelo operado por el ICE desde Louisiana el 20 de agosto, aún recuerda el momento en que estaban a punto de subir al avión, y unos a otros se preguntaban: “¿Tú tienes Withholding of removal?”, “¿Tú estás protegido en este país?”. Como él, casi todos respondían que sí. Iban a ser deportados a pesar de contar con una “suspensión de la expulsión”, una protección migratoria en Estados Unidos.

Arín García Yepes.
El colombiano Arín García Yepes en Liberia.
CEDIDA
Ahora se encuentran detenidos en prisiones de máxima seguridad, o permanecen en hoteles bajo vigilancia de las autoridades africanas. Hasta el momento, ninguna de las personas entrevistadas contaba con una documentación o identificación que les permita permanecer o moverse de manera legal y segura en esos países, algunos con gobiernos totalitarios, otros con guerras civiles internas. Cuando cae la noche africana, y pegan la cabeza a la almohada, toda esta gente se cuestiona una y otra vez: ¿Es legal el trato que nos están dando? ¿Qué va a suceder con nosotros en lo adelante?

Savi Arvey, directora de políticas para los derechos de los refugiados y los inmigrantes de Human Rights First, una organización que rastrea estas deportaciones, aseguró que dichos traslados a terceros países, a los que llama “deportaciones ilegales”, son parte del esfuerzo más amplio de la Administración Trump “por socavar el sistema global de protección y hacer cómplices a países de todo el mundo de su campaña de deportaciones masivas”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está enviando migrantes que no solo no identificaron a esos países africanos como posibles destinos durante sus trámites migratorios, sino que muchos estaban protegidos contra órdenes de expulsión. La administración de Donald Trump está utilizando también estos acuerdos de deportación para desestimar casos de asilo pendientes en sus tribunales.

“La mayoría de estos latinoamericanos enviados a países africanos habían sido considerados por jueces de inmigración estadounidenses como personas que enfrentarían persecución o tortura si eran devueltas a sus países de origen, y se les había concedido protección”, sostiene Arvey. “Ahora Estados Unidos está eludiendo sus obligaciones jurídicas internacionales al enviar a estos refugiados a terceros países, donde han sido encarcelados arbitrariamente, dejados en un limbo jurídico indefinido o enviados de regreso a los mismos peligros de los que habían huido”.

Un portavoz del Departamento de Estado, al ser cuestionado sobre las garantías y protecciones que tienen estos migrantes deportados a países africanos, aseguró que el Gobierno estadounidense “utilizará todos los medios legales a su alcance para expulsar a aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en nuestro país”. “Tal y como ha afirmado el secretario (Marco) Rubio, nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y de reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos es inquebrantable”, sostuvo el portavoz.

Agentes federales de control migratorio, en Nueva York.
Agentes federales de control migratorio, en Nueva York.
OLGA FEDOROVA (EFE)
El limbo migratorio y legal
Arístides Fernández García, de 37 años, contesta la llamada desde su cuarto en el Maison Confort, un alojamiento de apartamentos en Bangui, la capital de la República Centroafricana, donde se alojan varios migrantes. Nunca había cometido ningún delito, ni había hecho nada que, ante los ojos de nadie, lo convirtiera en un criminal. Hasta ahora permaneció en Estados Unidos con un estatus I-220A, el mismo que ha impedido la legalización de más de 500.000 cubanos como él, y fue detenido el día en que se presentó ante el juez en la corte de inmigración de Miami. La primera vez que Fernández habló con EL PAÍS, habían pasado unos pocos días desde su llegada a África el 31 de julio, esposado de pies y manos en un vuelo de varias horas que cargó con unas 80 personas detenidas por el ICE.

Han transcurrido más de 40 días y García vuelve a hablar con este diario. Hasta hoy, ninguna autoridad se ha acercado a explicarles qué tipo de plan tienen con ellos. “Un animal tiene más derecho que nosotros, esto se llama tráfico humano, nos tienen secuestrados en este país, no tenemos un papel, estamos a disposición de lo que pueda pasar”, dice García.

Otros migrantes entrevistados también dijeron encontrarse en la misma situación. Viven de la comida que les dan en los centros, no cuentan con pasaportes, nadie los orienta, algunos aseguran haber sufrido episodios de malaria o enfermedades estomacales, otros han sido llevados al hospital en casos de urgencia, y les es difícil comunicarse en inglés o francés. Organizaciones trabajando sobre el terreno han documentado que varios han sido golpeados o amenazados a punta de pistola.

Para salir del Maison Confort, ya sea a visitar la barbería, al mercado o caminar mínimamente los alrededores en Bangui, Yasmani Noel Moreno de Armas, un cubano de 31 años que fue detenido en mayo de 2025 durante un paseo a la playa en Florida, le paga dos o tres dólares a los guardias de seguridad del hotel. Aun así, cuando los ven en la calle, la policía local siempre les interrumpe el paso. “Nos dijeron que no podíamos andar más en las calles”, cuenta. Aparentemente, no están detenidos como los emigrantes enviados a Esuatini, pero permanecen bajo el control y disposición de las autoridades liberianas.

Hace poco, Moreno se comunicó con una representante de la embajada cubana en el Congo para indagar sobre qué solución tenía para ellos. “Me dijeron que yo no podía regresar a Cuba, que Cuba no me quiere, dicen que porque fui balsero, que siguiera intentando en un futuro”. La diplomática prometió ayudarlos, que iba a volver a comunicarse, y hasta ahora no les ha vuelto a responder ningún otro mensaje. En el hotel hay migrantes afganos, vietnamitas o rusos, y se sabe de algunos que ya llevan un año en la instalación. La gran pregunta que se hacen García o de Armas es si el tiempo se alargará de la misma manera para ellos.

Desde Liberia, el hondureño William Ortiz Hernández no está menos angustiado. Cuando fue deportado en un vuelo que salió de Alexandria el 20 de agosto junto a una veintena de personas, hacía unos años que un juez en Estados Unidos le había dado una protección CAT, por lo que el Gobierno no podía enviarlo a su país, pero terminó deportándolo a uno completamente ajeno. Cuando supo que estaba en un lugar llamado Liberia, agarró un teléfono que le proporcionaron las autoridades y escribió en Google: L I B ER I A. La búsqueda, y lo poco que ha visto luego, le dice que está “en un país muy pobre. Se me han acercado mujeres con sus niños, muy necesitados, y yo quisiera tener dinero para ayudar a estas personas”. En el Creed Lodge, el hotel de Monrovia donde los han alojado, ha recibido su tratamiento para la diabetes, dice que no ha faltado la comida, le facilitaron algo de ropa. También, con los días, les entregaron una identificación que solo les sirve para sacar en Western Union el dinero que les manda su familia. Pero no basta.

“Yo no estaba escondido de migración en Estados Unidos. ¿Por qué ahora me sacan y no me informan a qué país voy?”, se pregunta. “Yo aquí estoy sin un ID, yo no salgo afuera, tengo temor. Nos reunimos con el gobierno y nos advirtieron de lo peligroso que es esto aquí. Nos hemos sentido estresados, nos hemos sentido bastante confundidos porque estamos en un país donde no sabemos ni el idioma, ni nada. Yo me siento como que me han tirado un basurero”.

El día en que Hernández descendió del vuelo del ICE en el que los trasladaron, hubo cinco migrantes que se negaron con todas las fuerzas a bajar por la escalerilla del avión. “Les dijimos que no nos sentíamos seguros, pero nos forzaron a bajar. A mí me cargaron entre cuatro, me golpearon mientras estaba esposado”, contó a El PAÍS el cubano Carlos Rodríguez a los pocos días de haber sido deportado. Junto a él iban tres cubanos más y un brasileño, a quienes las autoridades prometieron que, si se quedaban tranquilos, iban a devolverlos a los Estados Unidos. Aun así, cuando el avión del ICE volvió a aterrizar, estaban en realidad en Guinea Ecuatorial. “¿Cómo un gobierno, en pocas horas, nos manda a otro país y ese país nos acepta?”, se cuestiona Rodríguez. “Esto es tráfico humano, nos han traficado en un avión”.

El PAÍS intentó volver a contactar con los emigrantes enviados a Guinea Ecuatorial, algunos de los cuales tenían serias condiciones médicas, pero familiares confirmaron que las autoridades les habían retirado los teléfonos para que no pudieran hacer denuncias ante la prensa. “Hace una semana que no sé nada de él, los tienen incomunicados”, contó, desde Miami, Caridad, la madre de Leonardo Sánchez, un cubano deportado a ese país con una gran hernia ventral y una operación pendiente. “Es criminal lo que les hacen, no es justo el trato que les están dando”, se queja la madre.

En el hotel Hotel Bamy, en Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, están alojados los deportados. El abogado F. ―quien ha pedido no identificarlo porque el gobierno de ese país está tomando represalias contra letrados que como él quieren representar a los deportados― llevó hasta allí compresas para las mujeres, cepillos de dientes para todos y algunas medicinas que las autoridades no han provisto.

“Hay gente con diabetes, presión o enfermedades cardiovasculares con una atención médica muy pobre, porque la enfermera no puede darles ninguna medicación”, dice. “Nos sorprende que haya varias personas con cuadros médicos muy peligrosos, y nos preocupa que en Estados Unidos los estén incluyendo en las listas de deportación”.

Quienes han terminado en Guinea Ecuatorial se encuentran, como los enviados a otros países, sin ningún tipo de documento de identificación, visado o documento de viaje ni salvoconducto, según confirmó el abogado guineano Tutu Alicante, director ejecutivo de EG JUSTICE, que trabaja con los deportados a ese país. “En la práctica, se encuentran indocumentados: no tienen estatus legal, no tienen una vía para regularizar su presencia y no existe un plazo formal para su liberación o expulsión”. Ese es, de acuerdo con Alicante, el núcleo de este limbo jurídico en que se encuentran: “Están fuera tanto del marco de asilo/inmigración como de cualquier proceso penal, y permanecen retenidas a discreción del Gobierno de Guinea Ecuatorial, un Gobierno autoritario que no respeta el Estado de derecho”.

La opacidad de los acuerdos
El 15 de marzo de 2025, con las imágenes de decenas de venezolanos descendiendo en un avión a la megacárcel salvadoreña CECOT, comenzaba una nueva página en la historia de las deportaciones masivas de la era Trump, luego de que el Gobierno invocara la Ley de enemigos extranjeros. Al mes siguiente, un juez ordenó la suspensión de estas deportaciones, hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo para reanudar la expulsión de migrantes a terceros países. Desde entonces, el grupo Third Country Deportation Watch ha registrado más de 23.000 personas enviadas a unos 35 países, operaciones en las que el Gobierno estadounidense ha invertido más de 49 millones de dólares en financiación.

Personal militar estadounidense escolta a presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua al Centro de Reclusión del Terrorismo, en El Salvador, en marzo de 2025.
Personal militar estadounidense escolta a un migrante venezolano al CECOT.
SECRETARIA DE PRENSA DE LA PRESI (via REUTERS)
En África hay al menos 14 países abiertos a recibir migrantes: Burundi, Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Ghana, Liberia, Libia, Ruanda, Sierra Leona, Sudán del Sur y Uganda. Todos han firmado acuerdos bilaterales o lo que llaman “notas verbales”, que hasta el momento son demasiado opacas. En los intercambios diplomáticos, los gobiernos africanos se comprometen a recibir migrantes enviados desde Estados Unidos, pero sin especificar los beneficios que reciben al respecto. EL PAÍS accedió al intercambio de los acuerdos de repatriación con la República Centroafricana (que recibió 85 millones de dólares en fondos del gobierno estadounidense), Guinea Ecuatorial (que recibió 7,5 millones de dólares) y Liberia (obtuvo 5 millones para gestionar el recibimiento de migrantes).

Los acuerdos establecen que el Gobierno de EEUU tiene al menos siete días antes del vuelo de deportación para notificar al Gobierno del país receptor la lista de personas a trasladar, y que cada país tiene la libertad de aceptar o rechazar a las personas deportadas. Algunos se reservan el derecho de volver a deportar a estos emigrantes a otros países. Los documentos también incluyen garantías diplomáticas sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y de la Convención contra la Tortura, según las cuales se comprometen a no perseguir ni torturar a ningún ciudadano de un tercer país enviado por Estados Unidos y a no enviar a dichos ciudadanos a ningún otro país donde puedan ser perseguidos o torturados. No obstante, algunos alertan del incumplimiento de estos compromisos.

“Sabemos que, en la práctica, estas garantías no se están cumpliendo”, asegura Yael Schacher, directora para las Américas y Europa de Refugees International. “Muchos países que han firmado acuerdos que incluyen tales garantías diplomáticas —entre ellos Ghana y Guinea Ecuatorial— están deteniendo y maltratando a las personas que reciben de Estados Unidos y no cuentan con ningún mecanismo de selección para garantizar que no repatríen a ciudadanos de terceros países a lugares donde vayan a ser perseguidos”.

Según Schacher, la legislación estadounidense, así como el cumplimiento de la Convención sobre los Refugiados y la Convención contra la Tortura, exigen una evaluación individualizada para determinar si es probable que una persona sufra daños o sea torturada en caso de ser deportada a determinados lugares. Aun así, ni Estados Unidos ni los países africanos están llevando a cabo esa evaluación personalizada.

El último recurso que les ha quedado a los abogados y a las organizaciones ha sido demandar a algunos gobiernos africanos. Luego de que seis personas en Guinea Ecuatorial fueran enviadas por la fuerza a sus países de origen, un grupo de organizaciones presentó una demanda ante la Comisión Africana de Derechos Humanos, en nombre de 14 personas expulsadas, a quienes se les había otorgado protección internacional por parte de Estados Unidos. La preocupación de muchos está en lo que llaman “devolución en cadena”, que ocurre cuando Estados Unidos transfiere a un emigrante a un tercer país africano, y este a su vez es devuelto al mismo país del que habían sido protegidos.

“Los deportados nos han informado confidencialmente de que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley les han dicho que todos serán obligados a regresar a sus países de origen”, asegura Gyan Nyarko, de IHRDA, que representa algunos casos. “Por lo tanto, no parece que el Gobierno de Guinea Ecuatorial tenga intención alguna de cumplir el acuerdo que firmó con el Gobierno de Estados Unidos, incluido el compromiso de otorgar estatus legal a los deportados. Estados Unidos también comparte responsabilidad en esta situación, ya que las autoridades pertinentes han sido informadas de la conducta del Gobierno de Guinea Ecuatorial hacia los deportados y, aun así, no se está tomando ninguna medida”.

El tiempo corre para todos más lento y denso que siempre. A cada rato, los guardias de la cárcel de Matsapha se acercan a Roberto Mosquera y conversan de lo que saben unos y otros sobre los lugares de donde vienen. A veces los guardias se echan a reír. “Les digo: ‘Yo no tenía idea de lo que era África, yo solo lo veía en las películas, veía tigres, leones, jirafas’”. A los guardias les parece chistoso, pero en realidad el cuento esconde una verdad: que Mosquera no tenía que haber desembarcado nunca, de la forma en que lo hizo, en un lugar llamado Esuatini. “Mis errores están hechos, no los puedo cambiar, pero sí pude cambiar mi vida”, dice. “Yo no quiero quedarme en este país, no soy africano, esta no es mi cultura, yo quiero virar para los Estados Unidos para que me hagan el debido proceso”.

Desde otra celda, el pastor jamaiquino Junior Alves, un hombre de 64 años enviado también Esuatini, ha dicho: “No solo estoy deportado, sino también encarcelado. ¿Por qué razón?” A unos 3.700 km, en Bangui, Arístides Fernández García aún no da crédito a esto: “¿Qué hago yo en un país como África? ¿Por qué yo, queriendo tener el sueño americano, tuve que pagar por esto?” Y en otro paraje de Liberia, William Ortiz Hernández vive con el temor de que lo manden un día a Honduras. Allí un grupo de hombres le mató a un primo, luego a un tío. Nada le sugiere que el próximo no vaya a ser él.