Los autobuses de una empresa de transporte han circulado por Suecia durante la reciente campaña electoral con el mensaje ‘¿Echas de menos Mogadiscio? La asignación de retorno te ayudará a volver a casa’ en su exterior. Eran anuncios pagados por los populistas de derecha Demócratas Suecos (SD) y aludían al dinero que el Estado paga a los extranjeros para que se vayan voluntariamente del país: 31.000 euros al cambio por adulto, 2.250 por menor, 45.450 por pareja y 54.500 por familia. Más de veinte conductores somalíes se dieron de baja de la compañía.

La inmigración, junto a la amenaza rusa, ha sido el asunto central del debate de cara a las elecciones generales que celebra este domingo Suecia. El SD, que quedó segundo en los anteriores comicios, hace cuatro años, ha marcado el nivel de provocación en la campaña con acciones como la de los autobuses. Pero, lejos de mantener una posición frontalmente contraria, la socialdemócrata Magdalena Andersson, que ejerció como ministra de Finanzas de 2014 a 2021 y como primera ministra entre 2021 y 2022, ha endurecido también su postura y ha defendido que el país «necesita una política migratoria estricta y restrictiva».

«Fue el Partido Socialdemócrata junto con los Verdes quienes cambiaron la política migratoria en Suecia», reivindica sobre el giro que se produjo en la materia a raíz de la crisis de los refugiados. Andersson, de 59 años, se ha encargado mitin tras mitin en las últimas semanas de subrayar que «la inmigración ha generado problemas de integración y de delincuencia» y garantizar que, «con nosotros, no aumentará». Un discurso de mano dura –que sigue los pasos de su vecina danesa Mette Frederiksen, del mismo partido– que ha colocado a la candidata de Socialdemokraterna a la cabeza de las encuestas para las elecciones, con cerca del 30% en intención de voto.