Los autobuses de una empresa de transporte han circulado por Suecia durante la reciente campaña electoral con el mensaje ‘¿Echas de menos Mogadiscio? La asignación de retorno te ayudará a volver a casa’ en su exterior. Eran anuncios pagados por los populistas de derecha Demócratas Suecos (SD) y aludían al dinero que el Estado paga a los extranjeros para que se vayan voluntariamente del país: 31.000 euros al cambio por adulto, 2.250 por menor, 45.450 por pareja y 54.500 por familia. Más de veinte conductores somalíes se dieron de baja de la compañía.

La inmigración, junto a la amenaza rusa, ha sido el asunto central del debate de cara a las elecciones generales que celebra este domingo Suecia. El SD, que quedó segundo en los anteriores comicios, hace cuatro años, ha marcado el nivel de provocación en la campaña con acciones como la de los autobuses. Pero, lejos de mantener una posición frontalmente contraria, la socialdemócrata Magdalena Andersson, que ejerció como ministra de Finanzas de 2014 a 2021 y como primera ministra entre 2021 y 2022, ha endurecido también su postura y ha defendido que el país «necesita una política migratoria estricta y restrictiva».

«Fue el Partido Socialdemócrata junto con los Verdes quienes cambiaron la política migratoria en Suecia», reivindica sobre el giro que se produjo en la materia a raíz de la crisis de los refugiados. Andersson, de 59 años, se ha encargado mitin tras mitin en las últimas semanas de subrayar que «la inmigración ha generado problemas de integración y de delincuencia» y garantizar que, «con nosotros, no aumentará». Un discurso de mano dura –que sigue los pasos de su vecina danesa Mette Frederiksen, del mismo partido– que ha colocado a la candidata de Socialdemokraterna a la cabeza de las encuestas para las elecciones, con cerca del 30% en intención de voto.

Los sondeos colocan al SD en segundo lugar (19%), a los Moderados del actual primer ministro, Ulf Kristersson, como tercera fuerza (18%) y, muy por detrás, aparecen cuatro partidos (todos en torno al 7%): la izquierda de Vänsterpartiet, el centro de Centerpartiet, los verdes de Miljöpartiet y el centro – derecha de Kristdemokraterna. De confirmarse las encuestas, la diferencia estrictamente numérica respecto a los comicios de 2022 sería mínima, pero la dinámica de bloques podría cambiar.

El centro capitalizaría un crecimiento de tres puntos porcentuales, con hasta 15 representantes más que ahora. La mayoría absoluta está fijada en 175 y la suma de socialdemócratas (106), Vänsterpartiet (21) y Miljöpartiet (18) alcanzaría solo 145. Quedan en el aire los 26 diputados que lograría el Centerpartiet, actualmente opositor a Kristersson. Al bloque de la derecha, –aunque el primer ministro espera un aumento de votos de al menos el 3%– se le supone una pérdida de 17 escaños en conjunto.

Centerpartiet, con la llave del gobierno en su mano, probablemente se decante por una alianza socialdemócrata para impedir que el SD pueda seguir influyendo en la agenda de los moderados y consolidándose como partido de poder. Porque esa ha sido la gran novedad de esta legislatura: la normalización de un partido anteriormente considerado antisistema. Nacido en 1988 al rebufo de la ola de movimientos paranazis que surgieron en el centro y el norte de Europa a finales de siglo, y con un marcado ascenso casi tres décadas después, los populistas forman parte del acuerdo –conocido como ‘Tidö’, por el nombre del castillo donde se firmó– que sostiene al actual gabinete de moderados, demócrata – cristianos y liberales.

El próximo paso sería entrar oficialmente en el Ejecutivo de Estocolmo. El líder del SD, Jimmie Åkesson, exigiría la mitad de todos los ministerios para su partido, incluido el de Migración, si se diera esa posibilidad. Sus socios le han prometido «negociaciones» y él está convencido de que será primer ministro en 2030. Porque, aunque sigan siendo los más votados, los socialdemócratas esperan su peor resultado en más de un siglo. Andersson, consciente de ello, ofrece cooperar con todos, excepto con los populistas, sobre la base de tres principios: seguridad, prosperidad y cohesión. «En tiempos difíciles, Suecia debe mantenerse unida. Nos negamos a aceptar que nuestro país esté dividido y que se hagan diferencias entre personas basadas en bloques», justifica.

Pero estos cuatro años del pacto ‘Tidö’, que supuso el fin del cordón sanitario, han polarizado socialmente a Suecia, con una de las tasas de desempleo más altas de la UE, unas cifras de criminalidad protagonizada por clanes inasumibles y una política de reemigración que ha obligado al SD a pedir disculpas y a los demócrata – cristianos a declarar su «arrepentimiento», después de que incluso adolescentes perfectamente integrados pero de padres extranjeros recibiesen órdenes de deportación y las manifestaciones clamasen en las calles contra los excesos.

La implicación del SD en la tarea de gobierno no ha moderado ni reducido al partido, sino que ha aumentado su influencia en la agenda. El final del cordón sanitario que supuso el acuerdo ‘Tidö’ no ha supuesto el fin de la democracia, pero ha normalizado políticamente a la derecha más radical, ha aumentado su poder y ha cambiado en buena parte la cultura política sueca.