España, como Europa, necesita inmigrantes para mantener su Estado de bienestar. Pero tienen que estar regulados, porque de lo contrario se convertirían en la principal amenaza para la protección social y la convivencia. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, la población española se ha incrementado en más de tres millones de personas, a las que habría que sumar más de un millón con la última regularización masiva. Así, hemos pasado de 46,7 millones de habitantes a mediados del 2018 a 49,8 millones en julio del 2026, según el Instituto Nacional de Estadística. Cifra que volverá a incrementarse cuando se

complete el proceso de normalización de los

simpapeles.

Este impacto social y económico forma parte de la política económica y social impulsada por el Gobierno de coalición progresista. De hecho, el modelo de crecimiento español se basa fundamentalmente en el aumento de población. Esta es la razón por la que España se ha convertido en el país que más crece de la UE. El problema es que esto se ha hecho sin una estrategia regulatoria, sin una planificación, sin el consenso del arco parlamentario y sin la previsión de sus consecuencias. Para colmo, tampoco se han seguido las recomendaciones de la UE, que son muy restrictivas con la entrada de inmigrantes. No hay que olvidar que el primer acto de Pedro Sánchez fue recibir a los inmigrantes que llegaban en el Open Arms con la pancarta de bienvenidos.

Esto es lo que marca la diferencia con lo que pasó en Alemania en los años sesenta, cuando cientos de miles de españoles fueron a cubrir los puestos de trabajo que necesitaban. Nuestros emigrantes viajaban con un contrato de trabajo, una casa donde dormir y todos sus derechos sociales. Nada de esto se ha producido ahora.

Este fracaso de la política migratoria se ha visualizado con la entrada masiva en Ceuta. Es la demostración palpable del fracaso de la política del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande – Marlaska, que desde el primer momento miró hacia otro lado cuando llegaban miles de personas en pateras o a nado. De lo contrario, no se explica que haya peticiones de cerca de un millón y medio de inmigrantes sin papeles, sin derechos, sin vivienda y alimentando la economía sumergida. Sin lugar a dudas, este ha sido el principal error que ha cometido durante los ocho primeros años de gobierno Pedro Sánchez y ahora se están pagando las consecuencias. No se trata de una cuestión de buenos y de malos. Ni tan siquiera de gente que tiene sensibilidad social y quien no la tiene. Estamos ante un caso de mala gestión de un problema extremadamente complejo. Los ciudadanos en general y la izquierda en particular tienen que entender que no es posible compatibilizar un Estado de bienestar con fronteras abiertas, es tanto como soplar y absorber al mismo tiempo. No se puede tener el paraíso terrenal a pocos metros del tercer mundo.

Ante esta disyuntiva existen dos soluciones. Rebajar las subvenciones, prestaciones sociales y ayudas para todos limitándolas a un Estado básico de bienestar, o crear el “Estado fortaleza”. Europa, EE.UU. y la mayor parte de países desarrollados han optado por cerrar sus fronteras para conservar la riqueza acumulada por sus habitantes durante generaciones. Europa, y especialmente España, tiene que plantearse muy en serio esta cuestión y buscar un amplio consenso social. Pero será un tema pendiente para la próxima legislatura.