Hubo un tiempo en que Suecia era presentada como una excepción europea: un país generoso con los refugiados, defensor del derecho de asilo y dispuesto a asumir una cuota de responsabilidad internacional muy superior a la de otros socios europeos. Aquel modelo empezó a quebrarse con la crisis de refugiados de 2015. Una década después, el cambio ya no es una excepción. La inmigración se ha convertido en uno de los ámbitos donde más profundamente ha cambiado la política sueca y donde más difícil resulta distinguir las posiciones de la derecha de las de una socialdemocracia que también promete mantener una política migratoria estricta.

El Gobierno de

Ulf Kristersson

llegó al poder en 2022 prometiendo un «cambio de paradigma» y, con el apoyo parlamentario de los Demócratas Suecos (SD), ha llevado el endurecimiento mucho más allá del asilo. El giro afecta a la inmigración familiar y laboral, los permisos de residencia, la ciudadanía, los controles internos y la política de retornos. En mayo, el Ejecutivo propuso incluso eliminar la posibilidad de obtener permisos de residencia permanente para determinados grupos con permisos vinculados al asilo. El ministro de Migración, Johan Forssell, defendió la medida como parte de un cambio destinado a reducir la inmigración de asilo y aumentar los incentivos para la integración.

Los números ofrecen una primera medida de la transformación. Las solicitudes iniciales de asilo descendieron de 12.498 en 2023 a 9.645 en 2024 y 6.737 en 2025. Para 2026, la Agencia Sueca de Migración prevé unas 4.200 primeras solicitudes de asilo, frente a las 5.000 que había calculado en abril. Es un volumen muy alejado del de la década anterior.

Solicitantes de asilo en Suecia

infografia LA RAZON

LA RAZÓN

Pero

Anton Ahlén

, investigador postdoctoral del Centro de Investigación sobre Migración e Integración (CMIR) de la Escuela de Economía de Estocolmo, advierte de que sería un error atribuir toda la transformación exclusivamente al Gobierno actual o a los Demócratas Suecos.

«El punto de inflexión clave se produjo tras la crisis de refugiados de 2015», explica. Desde entonces, Suecia adoptó permisos temporales y endureció la reagrupación familiar. «Desde 2022, el Gobierno actual y los Demócratas de Suecia han profundizado y ampliado este giro restrictivo», señala. Pero añade un matiz decisivo: «Sería erróneo explicar la evolución únicamente a través de los Demócratas de Suecia». Los gobiernos socialdemócratas ya habían iniciado el endurecimiento después de 2015 y posteriormente han respaldado varias de las reformas impulsadas por la derecha.

La influencia de SD, sin embargo, ha sido muy importante. El Acuerdo de Tidö convirtió la inmigración y la integración en uno de los principales campos de cooperación entre los cuatro partidos de la actual mayoría. La formación de Jimmie Åkesson no forma parte formalmente del Gobierno, pero ha participado en la negociación de numerosas reformas. La propia política gubernamental reconoce que los tres partidos del Ejecutivo trabajan conjuntamente con SD para desarrollar las reformas migratorias.

La transformación ha llegado también a la ciudadanía. Desde junio de 2026, el requisito general de residencia pasó de cinco a ocho años y se reforzaron las exigencias relativas a conducta, autosuficiencia económica y conocimientos de sueco y de la sociedad sueca. Ahlén interpreta este cambio como una señal de que la política restrictiva ha dejado de concentrarse exclusivamente en quién entra en el país. «La agenda restrictiva se ha ampliado, pasando de regular la entrada y la residencia a regular el acceso a la residencia permanente y la ciudadanía», explica.

Es, además, un cambio que trasciende la frontera entre Gobierno y oposición. Los socialdemócratas apoyaron los elementos fundamentales de la reforma de ciudadanía, aunque discreparon en algunos detalles. Y su programa para las elecciones del 13 de septiembre no plantea regresar al antiguo modelo. Magdalena Andersson promete mantener «una política migratoria estricta», en línea con los niveles mínimos de la Unión Europea. Su programa incluye además acelerar los retornos de quienes hayan recibido una orden de expulsión y acabar con el sistema de alojamiento independiente de los solicitantes de asilo.

La diferencia con Tidö aparece en algunos puntos concretos. Los socialdemócratas quieren frenar las expulsiones de adolescentes que han crecido en Suecia y rechazan, por ejemplo, determinadas propuestas para retirar permisos de residencia permanente ya concedidos. Ahlén no espera, sin embargo, una marcha atrás general si Andersson vuelve a ser primera ministra: «No preveo una reversión general de la restrictiva política migratoria de Suecia».

El escenario electoral refuerza esa convergencia. La inmigración ocupa un lugar importante en el debate político, pero no es actualmente la principal preocupación de los votantes. Ahlén señala que en una encuesta reciente aparecía en séptimo lugar entre las cuestiones consideradas más importantes, mientras la integración ocupaba el décimo. Por delante estaban asuntos como

la sanidad, la seguridad, la educación, el cuidado de ancianos y la economía.

La paradoja es que un asunto que ya no domina las preocupaciones electorales sigue definiendo la política sueca. «La migración sigue influyendo en la competencia entre partidos y en las posibles coaliciones de gobierno», resume Ahlén. Y ahí reside buena parte de la herencia de SD: ha contribuido a que la inmigración deje de ser una cuestión exclusiva de la derecha radical para convertirse en un terreno en el que prácticamente todos los grandes partidos han tenido que fijar posiciones más restrictivas en consonancia con el resto de Europa.

Los Demócratas Suecos quieren ir todavía más lejos. Su objetivo sigue siendo reducir el asilo al mínimo posible y endurecer las condiciones de residencia e integración. Los Moderados defienden igualmente una reducción continuada de la inmigración y una política de asilo ajustada a los mínimos europeos. Los Liberales han respaldado la eliminación de determinadas vías hacia la residencia permanente. Y los socialdemócratas, pese a presentarse como alternativa al Gobierno, mantienen el principio de una política migratoria estricta.

La consecuencia es un cambio profundo del paisaje político sueco. Ahlén advierte además de que la opinión pública no puede interpretarse como un cheque en blanco para cualquier medida restrictiva. «El apoyo a una menor admisión de refugiados no debe interpretarse automáticamente como apoyo a toda política restrictiva», señala. Su investigación sobre reunificación familiar en Alemania, Italia y Suecia apunta precisamente a una posible brecha entre las preferencias ciudadanas y algunas de las condiciones que los gobiernos están introduciendo.

Esa brecha puede explicar también algunas de las contradicciones del nuevo modelo. Suecia quiere menos inmigración, más retornos y mayores exigencias de integración, pero al mismo tiempo necesita trabajadores y pretende atraer inmigración cualificada. El debate ya no consiste únicamente en cuántas personas pueden entrar, sino en qué condiciones deben cumplir para quedarse y cuándo el Estado considera que alguien se ha convertido plenamente en parte de la sociedad sueca.

Después de una década de giro restrictivo, esa es probablemente la transformación más profunda: la inmigración ha dejado de ser únicamente una política de entrada para convertirse también en una política de permanencia, integración y pertenencia. Y, gane quien gane el 13 de septiembre, todo apunta a que Suecia ya no volverá fácilmente al modelo migratorio que abandonó después de 2015.