La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acordado acelerar el traslado a la península de los menores inmigrantes que se encuentran en Ceuta desde la invasión ocurrida los días 30 y 31 del pasado julio.

En una reunión de trabajo mantenida este viernes en la sede de la Fiscalía General del Estado, Peramato y Rego han coincidido en que las niñas son las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Desde el día de la entrada masiva, se han abierto más de 30 procedimientos por agresiones sexuales a mujeres inmigrantes en Ceuta y en el 40% de los casos las víctimas han sido menores de edad no acompañadas.

La ministra Rego ha informado a la fiscal general del Estado de que el Gobierno ha habilitado 500 plazas en la Península para que se pueda realizar ese traslado de niños y niñas en el menor tiempo posible.

Tanto Rego como Peramato han estado de acuerdo en que el ordenamiento jurídico español e internacional obliga a que cualquier actuación que afecte a los menores debe tener como prioridad su interés superior.

La fiscal general ha explicado algunos detalles del decreto que dictó, el pasado 7 de agosto, en el que se recoge una serie de pautas de actuación para asegurar la protección de los menores inmigrantes no acompañados que se encuentran en territorio ceutí.

En el mencionado decreto dispuso que los fiscales delegados de menores deberán actuar “en caso de que la entidad pública de la comunidad autónoma de destino rechace o muestre reticencias para asumir de forma inmediata la recepción efectiva de los menores que por reparto le correspondan”, una vez tengan conocimiento de la resolución de traslado.

Durante la reunión se han abordado los datos de la Memoria del Ministerio Público correspondiente a la actividad del año 2025 y, en particular, la evolución de la delincuencia juvenil.

También el importante crecimiento de los delitos de menores de 14 años, y por tanto no imputables. Tal y como manifestó Peramato en su discurso en el acto de apertura del año judicial, entre las conductas que suscitan mayor preocupación se encuentran la violencia intrafamiliar, los delitos de lesiones, las agresiones contra la libertad sexual y los ilícitos relacionados con el uso indebido de tecnologías de la información y la comunicación.

En este sentido, Peramato y Rego han intercambiado pareceres sobre la nueva Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados.

Según la ministra, la nueva ley pondrá el foco en la regulación de los espacios digitales para garantizar que sean seguros para la infancia y la adolescencia.