Los puertos son los límites visibles del drama de la inmigración incontrolada. Los aeropuertos, la vía más frecuentada porque no hay que jugarse la vida. Las autopistas y carreteras secundarias, la alternativa desesperada. En este último caso, el tráfico de indocumentados no comunitarios se detecta también en las carreteras que transcurren por los Pirineos.

Los ‘pasadores’ utilizan turismos, furgonetas, minibuses, camiones y autocares para trasladar a España a inmigrantes a quienes, en su mayoría, les ha sido denegada la entrada con anterioridad y aplicado el Acuerdo de Readmisión Hispano – Francés. Este tratado internacional está por encima de la Ley de Extranjería española y establece que cada país readmitirá en su territorio sin formalidad alguna «al nacional de un tercer estado que no cumpla o haya dejado de cumplir los requisitos de entrada o estancia aplicables». Por ejemplo, si un ciudadano procedente del Este europeo fuera sorprendido en situación ilegal en la frontera española tras cruzar Francia, sería enviado a territorio galo.

Fuentes del Ministerio del Interior señalan que los inmigrantes son captados por los traficantes en sus países de origen o en territorio francés. Les prometen «el acceso sin ningún problema legal» en España previo pago de «cantidades económicas abusivas» y les entrenan para, en caso de ser aprehendidos, saber responder sin levantar sospechas a las preguntas de los agentes. Incluso, llegan a prestarles dinero, a devolver con intereses; el suficiente para que los ilegales puedan demostrar que tienen recursos de sobra para costear su estancia en España. Que vienen a ver paisajes, y no a formar parte de él.

Las mismas fuentes indican que los ‘pasadores’ recorren distintos itinerarios «con la única meta de conseguir, por pasos habilitados o no habilitados», la entrada en España de sus ‘clientes’.

Con abogado

La carretera de Irún es la más utilizada. Allí funciona una orden expresa de la Subdelegación del Gobierno de materializar el Acuerdo de Readmisión Hispano – Francés en presencia de un letrado que verifica el proceso. El espíritu del tratado internacional reside en su activación inmediata y, al no disponerse en muchos casos de un abogado con tanta premura, la aplicación del Acuerdo se acaba rompiendo o retrasando, dando a los irregulares tiempo para escapar rumbo a España.

Las vías asfaltadas de La Junquera, la autopista AP – 7, también tienen un punto vulnerable, siempre según fuentes de Interior. Hay dos pasos, uno central, con cabinas habilitadas de control para todo tipo de transporte de pasajeros, y otro exclusivo para mercancías que carece de vigilancia y que está ubicado detrás de las dependencias policiales, fuera de la vista de los guardias. Las mafias organizadas esperan en este punto la llegada de varios tráiler de grandes dimensiones para ocultarse entre ellos y atravesar el lugar a toda velocidad.

En los pasos asfaltados, pero deshabilitados para la circulación, se han llegado a detectar turismos «con matrícula española que hacen de guía – lanzadera». La escasez de agentes en horario nocturno facilita el trasiego de vehículos pirata. Cuando la Policía logra interceptar uno, lo interviene y señala el camino de vuelta a sus ocupantes. Los traficantes no son castigados penalmente. Quedan en libertad sin cargos.