‘Herrera en COPE’ ha abordado el silencio del Gobierno de España tras el primer comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores marroquí desde que se ha producido el asalto masivo a Ceuta. Jorge Bustos ha señalado que el pronunciamiento de Marruecos resulta “bastante duro” al cargar contra la justicia española, los partidos de la oposición y los medios de comunicación, además de advertir de “tensiones recurrentes por culpa de nuestra ceguera estratégica”.

En este escenario, Jorge Bustos ha recordado que el propio Ejecutivo ha tratado de recomponer su relato tras la desclasificación de 40 documentos oficiales previos a la entrada fronteriza, los cuales han confirmado que “se avisó de todo”. Asimismo, ha apuntado a la posición de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha comenzado a “limar asperezas” y a proyectar unidad asumiendo la tesis de que los protocolos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) deben revisarse.
Las posibles consecuencias penales para el Ejecutivo
Ante estos hechos, Jorge Bustos ha planteado una cuestión central en ‘Herrera en COPE’: si estos informes desclasificados pueden volverse penalmente en contra del Gobierno de Pedro Sánchez. La titular del juzgado que investiga los hechos, María Tardón, ha solicitado estos documentos, entre los que figura la alerta temprana emitida por el CNI el 29 de julio a los servicios marroquíes y los reiterados avisos de la Guardia Civil sobre una avalancha inminente.

Para esclarecer el recorrido procesal de la causa, el magistrado Fernando Portillo ha analizado en ‘Herrera en COPE’ las implicaciones de estas diligencias. Fernando Portillo ha explicado que la propia instructora ya ha advertido en sus resoluciones de que la investigación “alcanzará a diferentes grados de participación o autoría en la que se puede haber cometido estos delitos, en Marruecos o en España”.
El juez ha valorado la posibilidad de que se aprecien indicios delictivos en territorio nacional, como una presunta prevaricación por omisión, consistente en “prevaricar no por hacer algo, sino por no hacer algo”. No obstante, Fernando Portillo ha advertido de que las exigencias del Tribunal Supremo son muy rigurosas y ha recordado: “Toda conducta debe encajar perfectamente en un tipo penal concreto, en algún precepto del código penal, y eso no siempre es sencillo”.

Los cuatro delitos bajo la lupa judicial
Respecto a las figuras penales concretas que centra la investigación de María Tardón, Fernando Portillo ha detallado que el juzgado indaga cuatro tipos presuntamente concertados. Se trata de delitos contra la independencia y la paz del Estado por agresión a la soberanía territorial, favorecimiento de la migración ilegal, organización criminal y homicidio por imprudencia.
El magistrado ha añadido que la causa se encuentra todavía en sus primeros compases procesales, subrayando: “No se descartan otros delitos, ni mucho menos, estamos en la fase primaria o inicial de la investigación”. Asimismo, Fernando Portillo ha insistido en que una deficiente gestión o valoración política no conforma por sí misma una infracción penal si no se ajusta con exactitud a los artículos del Código Penal.

El horizonte de las responsabilidades políticas
Finalmente, Jorge Bustos ha advertido sobre la gravedad de las infracciones que se investigan en sede judicial y el tiempo que puede requerir el esclarecimiento de los hechos. Jorge Bustos ha subrayado que, con independencia de la lentitud de los tribunales, la exigencia de explicaciones para quienes no han sabido gestionar un salto fronterizo “perfectamente advertido” llegará antes en el ámbito administrativo, político y en las propias urnas.