50 años después del fin de la ocupación del Estado español del Sáhara, los saharauis nacidos antes de 1977 en territorio ocupado y sus descendientes directos podrán pedir la nacionalidad española. Según calculan colectivos saharauis, entre 80.000 y 120.000 personas, en total, podrían beneficiarse de la medida, a la que se pueden acoger tanto quienes residan en el Estado como quienes vivan en el extranjero.

La nueva ley permitirá solicitar la nacionalidad española a quienes puedan acreditar su nacimiento en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977 y a sus descendientes en primer grado de consanguinidad. Según esta ley, para acreditar la condición de saharaui nacido en esas circunstancias hará falta presentar algún documento (apostillado o legalizado por vía diplomática) como prueba.

El texto de la proposición de ley ofrece una variedad de opciones como documentos acreditativos: DNI de la época, recibo de inscripción en el censo para el Referéndum del Sahara Occidental, certificado de nacimiento, libro de familia, carnet de conducir, certificado de escolarización…

«Con esta norma devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este estado les quitó»

Los solicitantes tienen tres años, ampliables a cuatro, desde la entrada en vigor de la norma (cuatro meses después de su publicación en el BOE) para pedir la nacionalidad. La solicitud, según el texto, «no tendrá gravamen alguno» y deberá dirigirse a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia español. También podrá presentarse de forma telemática, en la sede electrónica de ese ministerio.

Desde el momento en que la nacionalidad española de los nacidos en el Sáhara Occidental antes del 1977 quede inscrita en el registro civil, sus descendientes directos, en primer grado de consanguinidad, dispondrán de cinco años para solicitar su propia nacionalidad.

Sumar planteó la ley y los socios de Gobierno han votado a su favor. Junts y PP se han abstenido y Vox ha votado en contra. En total, ha habido 168 síes, 31 noes y 145 abstenciones. Varios representantes de la comunidad saharaui han presenciado como invitados la sesión plenaria donde se ha aprobado la ley, en el Congreso de los Diputados español.

Representantes de la comunidad saharaui, durante el pleno, en el Congreso español (Eduardo Parra | Europa Press)
50 años como apátridas

Tesh Sidi, diputada de Sumar que nació en los campamentos saharauis en Tinduf, en el pleno en el que se ha aprobado la ley, este jueves, ha explicado la situación de sus compatriotas: «Llevan 50 años en colas de extranjería, con menores, de donde te acaba expulsando un funcionario con un ‘no existes’».

«Con esta norma devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este estado les quitó», ha afirmado Andala. Los saharauis de los campamentos, para la mayoría de países, incluido el Estado español, son apátridas. Sus pasaportes no son válidos y eso les dificulta viajar, migrar, optar a ayudas… Por ejemplo, no pudieron acogerse a la regularización de migrantes que el Gobierno español promovió a principios de este año, a pesar de que muchos de ellos cumplían con todas las condiciones para ello.

Tesh Sidi, diputada de Sumar, durante el debate por la proposición de ley (Eduardo Parra | Europa Press)
La parlamentaria también ha destacado «la segunda parte más importante» de la norma, que «iguala derechos»: «Reducimos a dos años la tramitación [de la nacionalidad] una vez que tienes una residencia legal en España, cuando los saharauis tardaban 10, 14 o 24 años aun teniendo padre español y residencia legal».

EH Bildu y PNV

Jon Iñarritu, representante de EH Bildu en el parlamento español, ha declarado en el debate sobre la aprobación de la norma que «esta medida, aunque llega tarde, es justa». Ha afirmado que «repara una situación que se produjo en contra de la población saharaui» cuando, hace 50 años, se rescindió la nacionalidad española de los saharauis mediante un decreto.

Eso sí, dice, esta ley «no corrige» la situación de «ocupación, opresión y partición a la que ve sometida» la población saharaui hoy en día, con la ocupación de Marruecos de una parte importante de los territorios del Sáhara Occidental. Marruecos, entre 1980 y 1987, construyó un muro de 2.700 kilómetros para dividir los territorios ocupados y los liberados del Sáhara Occidental. El muro está militarizado, y, además, entre 7 y 10 millones de minas plagan la zona, según Naciones Unidas.

Desde el PNV también creen que esta ley «repara, al menos en parte» las «responsabilidades incumplidas» del Estado español con el pueblo saharaui. Así lo ha dicho este jueves en la sesión plenaria de este jueves Mikel Legarda, parlamentario jeltzale.

Tanto EH Bildu como PNV han pedido al Gobierno español, en sus respectivas intervenciones, que revierta el volantazo que dio en 2022 respecto al Sáhara Occidental. En marzo de ese año, Pedro Sánchez escribió una carta a Mohammed VI para mostrarle su apoyo al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara, que pretende anexionarlo al Reino de Marruecos. Hasta entonces el Estado español se había mantenido del lado de las resoluciones de la ONU, que establecen el derecho de los saharauis a un referéndum de autodeterminación.

Tardía, limitada y mal

Para algunos juristas esta ley, aunque positiva, se queda corta. Estas fuentes afirman que supone admitir que el decreto que arrebató la nacionalidad a los saharauis en 1976 estaba en lo correcto. Creen que sería mejor derogar dicho decreto, lo que igualmente les devolvería la nacionalidad, o establecer permisos de residencia a los portadores de pasaportes de la República Árabe Saharaui Democrática.

«Mientras no se reconozcan el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la responsabilidad de España en estos 50 años de destierro, guerra y muertos, no se habrá reparado al pueblo saharaui»

Para Mojtar Labuehi, delegado del Frente Polisario en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, en lo personal (el Frente Polisario aún no ha emitido una opinión oficial), incluso esas medidas le parecerían «limitadas». Sobre la nueva ley, dice que, «aunque puede ayudar a algunos saharauis, y eso por lo menos es algo», le parece «tardía, limitada y mal».

Tardía porque, cuenta, «pensar en reparar injusticias 50 años después, cuanto menos es tarde». Limitada porque «no repara en todo» al pueblo saharaui y porque «de hecho no repara, lo que hace es reconocer algo que no debía haber sucedido». Y mal porque «de nuevo, desde España, nos leen desde la política interna».

«Mientras no se reconozcan el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la responsabilidad de España en estos 50 años de destierro, guerra y muertos, no se habrá reparado al pueblo saharaui», ha concluido Labuehi. Esto, insiste, «sin menospreciar que [en la ley recién aprobada] hay un mínimo reconocimiento de los derechos de los saharauis».

Un proceso largo

Seis meses después de abandonar los terrenos del Sáhara y revocar la nacionalidad a los saharauis, el Estado español aprobó un decreto para que pudieran optar a recuperarla. Se les dio un año de plazo, pero muy pocos pudieron acogerse a ese derecho. La medida se estableció en agosto de 1976, poco después de que miles de personas huyeran, algunos a pie y con una mano delante y otra detrás, de los núcleos urbanos del Sáhara Occidental para establecerse en campamentos improvisados al este, para huir de la ocupación de Marruecos y Mauritania.

Desfile militar por los 50 años de la lucha armada del Frente Polisario, en el campamento de Auserd (Luali Lebser | FOKU)
La Comisión Internacional de la Cruz Roja cifró en alrededor de 40.000 las personas que, entre diciembre de 1975 y enero de 1976, se internaron en el desierto para establecerse en los campamentos.

En esa época, Marruecos atacó a la población civil refugiada. Por ejemplo, en el campamento de refugiados de Um Draiga, donde utilizó napalm y fósforo blanco para bombardear a los saharauis en febrero de 1976. Cientos o miles de personas murieron (hasta 3.000, según la fuente). Mientras, el Frente Polisario libraba una guerra contra los ocupantes del Sáhara Occidental. Estas y otras circunstancias hicieron que muchos miles de saharauis no pudieran solicitar la nacionalidad a pesar de tener DNI español.