La eurodiputada Oihane Agirregoitia Martínez (Bilbao, 1980), política del PNV e ingeniera electrónica, participó este jueves en las Jornadas sobre Inmigración que organiza el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Canarias. Cree que Europa debe escuchar a los territorios frontera para desarrollar el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y reclama más solidaridad entre comunidades en España y entre países en Europa.

-La aplicación del PEMA desde este verano no ha estado exenta de polémica. Especialmente por la falta de concreción práctica de los diferentes reglamentos.
-El despliegue del pacto migratorio requiere la participación directa de las regiones que acogen. Es una reclamación que lleva haciendo el propio Gobierno de Canarias junto con el Gobierno vasco. Recuerdo la carta que enviaron a Ursula von der Leyen conjuntamente en el que reclamaban precisamente eso. Denunciaban que no se les había dado voz a la hora de diseñar el pacto migratorio y el pacto nacional de despliegue correspondiente y reclamaban que se les tenga en cuenta cuando se diseña, cuando se despliega, cuando se está hablando de financiación. La última vez que estuve en Gran Canaria visité centros de acogida. Canarias sufre todas las consecuencias de los movimientos migratorios, tanto por conflictos bélicos como por el cambio climático. Siendo frontera sur europea merece ser escuchada, considerada y tratada con el respeto y con la diligencia que le corresponda.
«El pueblo canario ha demostrado de sobra que es tremendamente solidario y merece que otras comunidades autónomas sean igual de solidarias»

-Como parlamentaria europea ¿por qué cree que Europa no escucha a las regiones directamente afectadas?

-Es uno de los grandes retos de Europa y sus instituciones: estar más próxima a la ciudadanía y tocando terreno.Hay que romper con el mito de la burbuja europea. Las normativas que se deciden en Europa cada día tienen mayor impacto y repercusión. Vivimos en un mundo en el que la geopolítica y la globalización nos afecta cada día más y por lo tanto es necesario que exista esa gobernanza multilineal que tenga en cuenta a las instituciones locales, las regionales y, por supuesto, a los estados miembros que tienen mucho peso en la mesa del Consejo.

-Una de las cuestiones más polémicas de la aplicación del PEMA es el triaje…

-Las bondades que puede tener el pacto, que fue un gran avance en cuanto a un acuerdo después de intentos fallidos en materia migratoria durante muchísimos años , se opacan por varios motivos. Uno de ellos por la criminalización de las entidades de ayuda humanitaria que recogían de la mar a personas migrantes. Y también ese mecanismo de reparto y de solidaridad en el que había países y Estados miembros que podían rechazar la parte que les correspondía de responsabilidad abonando una cantidad por cada migrante que lo acogiera en terceros países. Por eso decíamos que ese mecanismo de solidaridad no era del todo eficaz y que esas dos cuestiones no las veíamos. Dicho esto, el pacto fue el mejor acuerdo que se pudo alcanzar en ese momento con esa composición y el contexto que había. En estos momentos el contexto ha cambiado muchísimo en el Parlamento Europeo. Hay fuerzas de la extrema derecha y eso tiene muchísima repercusión también en el despliegue y en los reglamentos que se están desarrollando posteriormente. Y ejemplo de ello son los últimos reglamentos que se aprobaron en el que se establecen países terceros seguros, países donde digamos no se respetan todos los derechos humanos y toda la normativa internacional.

«El Gobierno español no estuvo a la altura, le desbordó la situación. Y la Unión Europea tampoco»

-En Canarias una de las cuestiones que se reclama tiene que ver con los menores migrantes no acompañados y en particular la figura de la persona que debe acompañarlo en el proceso. La falta de desarrollo normativo abre un nuevo conflicto con el Estado.

-Efectivamente hay cuestiones sin desarrollar. Y eso va a llevar ahora a forzar las financiaciones. Debe estar claro de quién es la responsabilidad, a quién le corresponde, dónde está la financiación que se requiere para ello.En el caso de Euskadi, de hecho, lo que se está diciendo es que si no nos van a dejar participar en el diseño del plan y en las normativas y en el despliegue, puesto que somos quienes estamos acogiendo y somos responsables después también de la integración, que nos den la competencia y la financiación correspondiente para ello. Y en el caso de Canarias, claro, lo que sucede y lo que le lleva sufriendo muchísimos años, es que quién está asumiendo los centros de acogida de menores, el darles la formación y la preparación que requieren para su integración laboral y social y para ofrecerles su futuro posteriormente es Canarias. El pueblo canario creo que ha demostrado de sobra y con creces, es un pueblo tremendamente solidario y merece que otras comunidades autónomas sean igual de solidarias con las responsabilidades que les corresponden. Después tenemos ese auto del Supremo que le dice al Estado que el Gobierno no estaba asumiendo la responsabilidad que le correspondía en la acogida de sus menores [a quienes pedían asilo político], y toda la trifulca política que ha venido posteriormente por parte de comunidades autónomas que han dicho que no los iban a acoger, a veces deshumanizando a las personas. Nosotros estamos decidiendo en todo momento que los procesos migratorios tienen que ser ordenados, regulares y seguros. Mucho más vinculados a la inclusión laboral de las personas, con derechos y con obligaciones. Y por supuesto sin olvidar que hay personas que tienen derecho al asilo y así deben materializarse. Y en donde no exista ese derecho de asilo tiene que haber también una política de retornos que sea eficaz, porque si no en sí mismo la propia normativa también pierde su fuerza. Pero aquí tenemos las dificultades de ese retorno efectivo cuando el país de origen, ese tercer país, no quiere reconocer a esas personas y entramos en ese bucle infinito.

-Cual es, a su juicio, el mayor reto para implementar el PEMA.

-Yo creo que lo que está siendo tremendamente difícil es el uso político y deshumanizador que a veces se está haciendo de la migración por parte de la extrema derecha. Sin ser capaces de establecer ese debate sereno que es necesario en Europa. Tampoco podemos irnos al otro extremo, a los discursos buenistas en el que parece que todo el mundo puede venir, puede acogerse y puede integrarse y porque tampoco es realista. Sabemos que no lo es. Nosotros defendemos que se coja el toro por los cuernos para que no ocurra lo que nos ha sucedido en Ceuta este verano. Lo que existe es una utilización de las personas como herramienta de presión y de amenaza. Hay poca claridad en la información y lo que vemos es una ciudad completamente desbordada porque una frontera europea ha sido violada y en unas horas 70.000 personas se han plantado en esa ciudad. Se ha visto a menores que iban en condiciones indignas y con la población ceutí con un sentimiento de desprotección e inseguridad absoluta.

-¿Cree que Europa ha estado a la altura? Ceuta es frontera europea.

-El Gobierno español no estuvo a la altura, le desbordó la situación. Y la Unión Europea tampoco. Así como empatizo y me solidarizo con la situación que viven poblaciones y territorios que viven cerca de la frontera rusa, en donde ya se sabe que se está utilizando la migración y a las personas como herramienta de presión, la guerra híbrida, igualmente hay que ver qué es lo que sucede cuando de repente 70.000 personas cruzan una barrera europea y no hay intervención policial de quien corresponde. La carta que salió por parte de los estados miembros fue una reacción cortoplacista, visceral, relacionada con la inestabilidad política y con los procesos electorales cercanos. No responde a ese mecanismo de solidaridad europea de la que se habla en el pacto.