Al asentamiento chabolista ubicado en el antiguo circuito de la F1 de Valencia, donde malviven unas 800 personas en chabolas, llegó “un soplo” de que que este jueves podían ser desalojados de unos terrenos sobre los que se proyecta el conocido como PAI del Grau, un plan urbanístico para construir 3.200 viviendas a escasos metros del mar. De inmediato, la plataforma solidaria que los apoya desde el principio y los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de la capital, Compromís y PSPV —también Podemos—, se han movilizado para recordar que no puede haber un desalojo sin una orden judicial y sin alternativas sociales.

Ana Isabel Martínez, una de las portavoces de la Plataforma en Solidaridad con las Personas Residentes de la F1, de la que forman parte unos 40 colectivos, sindicatos y partidos políticos, explica a pocos metros del asentamiento que las personas sin techo que viven en estas 24 hectáreas de lo que fue el antiguo circuito de carreras tienen perfiles muy diversos, precisamente por los precios desorbitados de la vivienda. Hay familias españolas, con niños, también hay refugiados saharauis, marroquíes, argelinos y personas que tienen trabajo pero el sueldo no les llega para pagar los caros alquileres de la capital, ha explicado la portavoz.

En mayo se desbloqueó el PAI del Grau y ahora mismo se está en la fase de respuesta a las alegaciones al proyecto y, ante un posible calendario de obras, se tiene que producir un desalojo de las personas que residen allí: “Algunas son personas muy vulnerables, apátridas, personas de 70 años, enfermos… Somos conscientes de que tiene que haber un desalojo pero lo que exigimos es que el Ayuntamiento de Valencia garantice sus derechos y el desahucio lo tutele la justicia porque el marco legal ampara a todos. No se están siguiendo los cauces ordinarios y nos vamos a resistir a un desalojo ilegal”, denuncia Martínez apuntando al consistorio.

Un residente del asentamiento ondea una bandera de España este jueves por la mañana.
Mònica Torres
“Exigimos un plan de choque y de intervención social, que se estudie caso a caso. Porque la Administración Pública debe dar ejemplo, siendo la primera en seguir los cauces legales. Pedimos también, al igual que ha ocurrido en asentamientos de Madrid o Galicia, una mesa de diálogo entre inversores, administración pública y las entidades sociales” para negociar una solución, ha añadido la portavoz de la plataforma.

En uno de su primero actos como candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia en 2027, Mónica Oltra se ha acercado hasta el asentamiento para denunciar que esas personas no están recibiendo “intervención social”, y no disponen ni siquiera de depósitos de agua pese a las recientes olas de calor. “Aquí viven cerca de mil personas en condiciones infrahumanas, y no de acuerdo a lo que habría de exigirse en un país democrático y avanzado en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos”, ha manifestado.

Para Oltra, el poblado chabolista “es el resultado de un modelo de ciudad, el de Francisco Camps y Rita Barberá, que solo atiende a la especulación y a los intereses de los más ricos, y abandona a su suerte a la gente que la habita. Es también el modelo de ciudad de María José Catalá. Porque aquí hay gente que se levanta para ir a trabajar y luego vuelve a esta infravivienda, llena de desechos y abandonada por parte del Ayuntamiento”.

Los socialistas, el otra gran grupo de la oposición en Valencia, llevarán al próximo pleno municipal una moción para paralizar el PAI del Grau hasta que se encuentre una alternativa social para sus residentes, ha avanzado su portavoz Borja Sanjuan. “Estamos en los restos de lo que era un circuito de la F1, donde viven 800 personas que no tienen casa en Valencia. Que han tenido que ir acudiendo a este asentamiento porque Valencia ha colapsado, y los sueldos de la capital no pagan ya quedarse a vivir en ella”, ha dicho Sanjuan.

El edil ha arremetido contra el modelo de ciudad del PP. “La gran realidad es que a esta gente se le está haciendo la vida imposible porque se ha aprobado un PAI que va a garantizar 400 millones de euros de beneficio a los promotores inmobiliarios. Y ahí ha sido cuando esta gente ha comenzado a estorbar y a ser acosada por el Ayuntamiento Valencia: se les ha negado el agua y la intervención social”, ha asegurado el portavoz socialista.

Podemos, aunque no forma parte de la oposición municipal, se ha vinculado a la fundación de apoyo al asentamiento. Adrián Navalón, del partido en Valencia, ha reiterado que los residentes tienen derechos y para echarlos tiene que haber un proceso judicial con garantías, y ha pedido a la alcaldesa de Valencia que “si quiere echarlos” tiene que sentar en una misma mesa al promotor inmobiliario, con los residentes y la plataforma “para negociar una salida social y habitacional digna”.

Vista general del asentamiento en el antiguo circuito de la Fórmula 1 de Valencia durante el acto de defensa de la Plataforma de la Solidaridad este jueves.
Mònica Torres
Mohamed Alamid, procedente de los campamentos de refugiados del Sahara occidental, reside en una de las chabolas y asegura que en los últimos meses han llegado nuevos residentes que acampaban en el Jardín del Túria o en el Parque Central.

Catalá: “Está monitorizado por los servicios sociales”
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha replicado a todas estas críticas. Ha asegurado que el enclave está monitorizado por los servicios sociales municipales y no hay menores en él, y ha culpado de situaciones como esta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su política de inmigración “de puertas abiertas”.

La primera edil, preguntada por una posible amenaza de desalojo de ese asentamiento, ha asegurado que se trata de “un desalojo fake” y de “un bulo” y ha pedido que no se aproveche la presencia de la Policía Nacional para “confundir diciendo que se iba a desalojar”.

Catalá se ha quejado de que todas las grandes ciudades están “pagando una política de inmigración del Gobierno de España de puertas abiertas, de descontrol”, citando la situación en Ceuta, donde pese a que el aparato del Estado “advirtió de lo que estaba por venir”, el presidente del Gobierno “no tomó acciones y se fue de vacaciones, recomendándonos, eso sí, su lista de Spotify”.

El asentamiento del antiguo circuito está “monitorizado” por el Ayuntamiento y los servicios acuden dos veces a la semana desde hace “muchos meses” para analizar quién está y por qué. Cuando se constata la presencia de un menor, Servicios Sociales procura convencer a la familia para que acepte un recurso municipal, y actualmente “no hay ni un solo menor” allí, ha insistido Catalá.