La juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga si la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado mes de julio constituyó un ataque grave contra la «integridad territorial de España» y pudo afectar a la paz o la independencia del Estado, ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez los informes desclasificados, que recogen los avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En una providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, Tardón libra oficio al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, titulado por Félix Bolaños, para que remita una copia de los cuarenta documentos que incluyen informes y comunicaciones de aquellos días.

Los documentos, conocidos este miércoles, deja en evidencia el relato del Gobierno, que durante las semanas posteriores y hasta la actualidad, tanto el presidente del Ejecutivo como sus ministros han negado tener conocimiento de que se estaba gestando el asalto masivo. Sin embargo, los informes recogen hasta 18 avisos previos de distintos organismos, como la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI o el Ministerio de Defensa.

Hay, de hecho, una nota informativa de “alerta temprana” del CNI remitida a los servicios de inteligencia marroquís o conversaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil. La magistrada ya tiene en su poder el

informe del CNIF

que señaló los avisos previos a la invasión.

De ellas se desprende que el CNI alertó a Marruecos y al Gobierno el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos en Ceuta, de “posibles intentos de entrada” a la ciudad autónoma durante la semana de la Fiesta del Trono, que se celebraba el jueves día 30, por los llamamientos en redes sociales que detectó.

En el auto en el que abría una investigación penal, la jueza aludió a que el 29 de julio, un día antes de la entrada, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía emitió una alerta, a través del Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos de la CGEF (CEFRONT), en la que recogía “un riesgo extremo” para un escenario de entradas a nado y un salto a la valla de forma coordinada".