La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón quiere incorporar al sumario de Ceuta todos los documentos que el Gobierno hizo públicos este miércoles sobre las semanas anteriores al asalto masivo del 30 y 31 de julio. La magistrada ha ordenado reclamar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes una «copia autenticada» de los informes y comunicaciones desclasificados por Moncloa para agregarlos formalmente a la investigación.

La decisión figura en una providencia dictada este jueves por la instructora y a la que ha tenido acceso este periódico. La jueza deja constancia de que ha comprobado la publicación en la página web de La Moncloa de los «informes y comunicaciones emitidos entre el 1 y el 31 de julio relativos a la situación de Ceuta» y acuerda que se lleve testimonio de ellos a las actuaciones.

Además, ordena librar oficio a Presidencia para que remita al juzgado una versión autenticada de esa documentación. La Audiencia Nacional tendrá así dentro de la causa el paquete oficial que el Ejecutivo decidió abrir después de semanas de controversia sobre las alertas que precedieron a la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos.

La documentación publicada por Moncloa está formada por 40 piezas: 36 documentos y cuatro bloques de comunicaciones por wasap. Veintidós de esas piezas son anteriores al inicio del asalto del día 30 —18 documentos y cuatro conversaciones— y otras 18 corresponden ya a los días 30 y 31. Ese cómputo no equivale a 22 alertas: incluye estadísticas, balances rutinarios, comunicaciones internas y documentos que actualizan información anterior.

Entre el material que ahora reclama Tardón aparecen, sin embargo, varios avisos especialmente relevantes para la investigación. La Guardia Civil advirtió ya el 10 de julio de que el nuevo escenario jurídico tras la sentencia del Supremo podía incrementar la presión migratoria y provocar un «efecto llamada» hacia las entradas a nado. El CNI señaló el día 27 que la presión sobre Ceuta y Melilla se mantendría elevada.

Las advertencias se hicieron mucho más concretas en las horas inmediatamente anteriores al asalto. El CENIF, dependiente de la Policía Nacional, analizó el 28 de julio convocatorias para entradas irregulares y actualizó el informe al día siguiente después de detectar comunicaciones que pretendían organizar movimientos por tierra y mar «para provocar el mayor colapso posible».

A las 13.52 del 29 de julio, el CNI trasladó por wasap al Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta un mensaje aún más explícito: «En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h». Inteligencia añadía que dos grupos utilizados para esas convocatorias sumaban unos 180.000 seguidores. Un minuto después, el Centro comunicó también a la UCE – 3 de la Guardia Civil que disponía de información sobre «un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono».

Ese mismo día, a las 18.26, el CNI envió además a los servicios secretos marroquíes, la DGST y la DGED, una «alerta temprana» sobre la «planificación de varias convocatorias» por mar y por la valla aprovechando la Fiesta del Trono. Y a las 21.09, una alerta policial remitida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla contemplaba para el día siguiente un escenario combinado de entradas a nado y salto a la valla al que atribuía un riesgo «extremo», aunque su probabilidad se calificaba entonces como media – baja.

Todo ese material tiene especial importancia porque la causa abierta por Tardón no se limita a averiguar quién pudo impulsar desde el exterior la movilización. La magistrada dejó establecido en su auto del pasado 7 de septiembre que las pesquisas deben alcanzar también la respuesta desplegada en España ante la información que se fue recibiendo. Ordenó investigar «la articulación de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento», así como la incidencia que esa actuación pudo tener en las consecuencias finales del asalto.

Eso supone examinar qué se sabía, por qué canales circuló la información y qué medidas adoptaron las autoridades españolas antes del desbordamiento. La resolución no atribuye por ahora responsabilidad penal a ningún miembro del Gobierno, pero incorpora expresamente ese frente al objeto de la instrucción.

El otro gran eje mira hacia Marruecos. Tardón ha asumido provisionalmente el análisis policial que aprecia un «guiado activo» sobre el terreno por parte de fuerzas de seguridad marroquíes y considera necesario identificar a quienes pudieron ocupar los niveles superiores de planificación y dirección. El auto señala que esa estructura habría necesitado una «alta capacidad de influencia en redes sociales» y también sobre «personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos».

La jueza descartó, con los datos disponibles, que las organizaciones tradicionales dedicadas al tráfico de inmigrantes en la zona tuvieran capacidad para movilizar por sí solas un fenómeno de aquellas dimensiones.