La alcaldesa de València, María José Catalá, ha responsabilizado a “la política migratoria desbocada de puertas abiertas” de Pedro Sánchez de la situación que se vive en las grandes ciudades. La dirigente popular se ha referido al asentamiento chabolista en el antiguo circuito de Fórmula 1 de la ciudad y ha apuntado que “lo que ha ocurrido en Ceuta no es puntual, atiende a una política migratoria de puertas abiertas que nos está generando una presión en las ciudades que hay que resolver”. Catalá ha indicado que en el asentamiento “hay una mayoría de saharauis y de argelinos marroquíes”. “Y los saharauis son, en este momento, apátridas por culpa de Pedro Sánchez. No se pueden regularizar y los tienen absolutamente abandonados. Hay claras dificultades para trabajar con ellos porque tienen una situación de indefensión jurídica evidente por culpa del Gobierno de España”, ha agregado.

La primer edil ha argumentado que “en las ciudades estamos recibiendo personas de todas las procedencias” y ha pronosticado que “esto va a seguir si España no toma una decisión sobre su política de inmigración”.

Hacía la alcaldesa estas declaraciones el día en que Compromís y PSPV han exigido una alternativa social para entre 800 y 1.000 personas que viven en este poblado 1 “en condiciones infrahumanas” y que se respeten sus garantías judiciales.

Tanto la candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Mónica Oltra, como el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de la capital, Borja Sanjuan, han participado esta mañana en un acto de defensa de la Plataforma de la Solidaridad “ante la amenaza de un desalojo”.

Un desalojo que Catalá ha tildado de “fake”. “La oposición quiere hacer de un bulo algo que no es verdad”, ha enfatizado la primer edil. Catalá ha defendido que el asentamiento está monitorizado por los servicios sociales municipales y no hay menores en él.

No coincide con ella Oltra, que ha asegurado que esas personas, entre las que hay, ha dicho, menores de edad y mayores de 70 años, no son objeto de “intervención social” y no disponen de depósitos de agua pese a las olas de calor.

“Aquí viven cerca de mil personas en condiciones infrahumanas, y no en unas condiciones que habrían de exigirse en un país democrático y avanzado y en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos”, ha manifestado a los medios de comunicación.

Por parte del PSPV, el grupo municipal ha anunciado una moción para pedir que se paralice el Plan de Actuación Integrada (PAI) en la zona hasta que el Ayuntamiento de València dé una alternativa social a las personas del asentamiento.