El economista Fernando Trías de Bes ha analizado en ‘Herrera en COPE’ la gestión de los flujos migratorios en España y el debate abierto tras la crisis que se vive en Ceuta. Durante su intervención en la sección de economía junto a Alberto Herrera, el analista ha advertido de la urgencia de diferenciar entre la ayuda social y la inmigración laboral para garantizar la sostenibilidad económica del país.

Para contextualizar su postura, Trías de Bes ha recordado su trayectoria como voluntario durante años en la obra social de San Juan de Dios, donde dedicaba dos tardes a la semana a asistir a personas sin hogar, de las cuales el 90% eran migrantes. “Para mí no deberíamos hablar de inmigración, deberíamos hablar de inmigración laboral”, ha defendido el especialista, remarcando que España precisa trabajadores que coticen ante el continuo envejecimiento de la población.
El contraste con el modelo de Nueva Zelanda
Al comparar la situación española con la de otros países democráticos, Trías de Bes ha destacado la enorme brecha que existe en la cifra de inmigrantes en situación irregular. El experto ha explicado que en Nueva Zelanda, donde la población extranjera alcanza el 25%, únicamente constan 21.000 personas fuera de plazo, mientras que en Australia, con un 30% de población inmigrante, solo registran a 77.000 personas en esa circunstancia.

En contraposición, el economista ha señalado que España cuenta con un 20% de población inmigrante pero acumula a 840.000 personas en situación irregular que legalmente deberían estar fuera del territorio. En este sentido, ha remarcado cómo en naciones como Nueva Zelanda no se permite la permanencia fuera de plazo: “Cuando se acaba el contrato de trabajo, te dan 2, 3 meses para encontrar, y como no te vayas, pagas tú la extradición o te prohíben durante 3 años volver al país”.
Asimismo, Trías de Bes ha criticado que el marco normativo español encadene figuras como el arraigo social, el socioformativo o el de segunda oportunidad, permitiendo la estancia sin una inserción laboral efectiva. A ello ha añadido la ineficacia en las repatriaciones, recordando que de las 50.000 órdenes de salida dictadas a ciudadanos extracomunitarios el año pasado, solo retornaron unas 8.000 personas, lo que supone que únicamente una de cada seis resoluciones se ejecuta.
El coste económico de la política migratoria
Respecto al impacto presupuestario, Trías de Bes ha alertado de que el incremento poblacional hace crecer el PIB de forma engañosa sin elevar el bienestar real si no se acompaña de mayor productividad y servicios públicos. “El problema ya no es que venga gente, el problema es que venga más rápido de lo que somos capaces de integrar”, ha subrayado al detallar las tensiones sobre el acceso a la vivienda y el gasto público.
El economista ha expuesto que financiar una plaza de acogida cuesta en España unos 20.000 euros al año, acumulando un desembolso de más de 600 millones para las 124.000 personas acogidas en 2025. Al sumar el impacto asistencial de los 840.000 irregulares, ha estimado un gasto público superior a los 4.000 millones de euros, una cantidad equivalente a dos meses de paro de todo el país o a triplicar las becas de estudio.
Sobre la distorsión de los diagnósticos oficiales, Alberto Herrera ha aportado datos de consumo de CaixaBank durante el periodo estival, evidenciando que el alza del gasto responde a pagos forzosos como la electricidad, que ha subido un 20%, o la gasolina, con un aumento del 18%, mientras el gasto en restaurantes solo ha avanzado un 0,5%. Herrera ha ilustrado esta situación con la paradoja de la Reina Roja de ‘Alicia a través del espejo’, donde es necesario correr al máximo para permanecer en el mismo sitio.
Límites económicos y sostenibilidad social
Ante este escenario, Trías de Bes ha insistido en que la regulación de los flujos de entrada debe vincularse de manera prioritaria al Ministerio de Trabajo y no exclusivamente al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “Una solidaridad que ignora sus propios límites económicos lo que pone en peligro es la propia solidaridad”, ha sentenciado tras recalcar que la acogida humanitaria debe existir con cuotas bien definidas y dimensionadas.
Por último, Alberto Herrera y Trías de Bes han valorado el auge electoral de ciertas fuerzas en las recientes elecciones en Alemania como una advertencia sobre el voto de castigo derivado de estos desajustes. El economista ha concluido que España debe aplicar la normativa con el mismo rigor que otros socios internacionales para evitar un efecto llamada y lograr que la inmigración cumpla el objetivo prioritario de trabajar y cotizar.