El CNI advirtió tres días antes del asalto a Ceuta de que la regularización extraordinaria de inmigrantes podía estar convirtiendo a España en un destino más atractivo dentro de la Unión Europea y aumentar la presión migratoria sobre el país. El proceso, abierto el 16 de abril, permitió solicitar una autorización inicial de residencia y trabajo de un año a extranjeros que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditaran al menos cinco meses de permanencia continuada, entre otros requisitos. Aunque el plazo para presentar solicitudes terminó el 30 de junio, la tramitación de los expedientes seguía en marcha cuando Inteligencia redactó su informe del 27 de julio. El Centro Nacional de Inteligencia alertó además de que la medida podía debilitar la capacidad negociadora española ante organismos como Frontex y generar dudas entre los países africanos a los que Madrid pide colaboración para reducir las llegadas.

La advertencia aparece en uno de los 40 documentos desclasificados este miércoles por el Gobierno sobre la crisis de Ceuta. Se trata de una nota informativa del Centro Nacional de Inteligencia titulada «Punto de situación de la inmigración irregular hacia España a 30.06.2026», remitida a las 12.03 horas del 27 de julio a las «autoridades pertinentes del Gobierno de la Nación» y compartida también con las autoridades locales de Ceuta.

El informe dedicaba un apartado específico a la puesta en marcha del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), aplicable desde el 12 de junio, y al nuevo Reglamento de Retorno de la Unión Europea. El CNI describía el nuevo marco como un cambio de paradigma destinado a pasar de una gestión reactiva de la inmigración a otra integral, con un mayor componente disuasorio y una creciente externalización hacia terceros países.

El CNI temía que esa aparente incoherencia afectara a la «credibilidad» de la política migratoria española ante sus socios africanos

Es precisamente en ese contexto donde Inteligencia introduce sus reparos a la política española. «Pese a que la aprobación del PEMA tuvo lugar bajo el impulso de la presidencia española del Consejo de la UE, la posición de España podría quedar expuesta ante la divergencia entre el espíritu y la letra del PEMA y el proceso en curso de regularización extraordinaria de personas migrantes en España», señalaba.

El documento enumeraba a continuación tres riesgos. El primero afectaba directamente al atractivo migratorio del país. Para quienes estaban planteándose emigrar hacia Europa, sostenía el CNI, España podía aparecer como «destino de la UE más receptivo», con el consiguiente incremento de la presión tanto directa como a través de movimientos secundarios desde otros Estados.

La segunda advertencia afectaba a Bruselas. Inteligencia consideraba que la percepción dentro de la Unión Europea de una posición española «asimétrica» podía «debilitar la capacidad negociadora» del país en dos frentes sensibles: como receptor de fondos europeos destinados a gestionar la inmigración y en las relaciones «con otros organismos como Frontex».

El tercer riesgo señalado por los servicios secretos apuntaba directamente hacia África, precisamente donde España necesita cooperación para contener las rutas migratorias. «Los socios africanos pueden percibir cierta contradicción entre la cooperación en curso para la reducción de flujos y la regularización», advertía la nota.

El CNI añadía que esa aparente contradicción podía «afectar a la credibilidad de la política migratoria de nuestro país ante esos países», especialmente con el nuevo modelo europeo, basado en buena medida en la cooperación con Estados de origen y tránsito para impedir salidas y ejecutar retornos.
El documento también llamaba la atención sobre las dificultades que podía encontrar Europa para sacar adelante esa estrategia. Inteligencia explicaba que la efectividad de las expulsiones seguía dependiendo de que los países de origen aceptaran la readmisión de sus nacionales y advertía de que una presión excesiva de la Unión Europea sobre los socios estratégicos españoles en el norte y oeste de África podía deteriorar las relaciones diplomáticas, con consecuencias que irían más allá de la inmigración y alcanzarían ámbitos como «la seguridad y el comercio».

El informe no vinculó directamente la regularización con la avalancha, pero sí la señaló como un factor capaz de aumentar el atractivo migratorio de España

La nota situaba además a Marruecos entre esos socios esenciales. El CNI consideraba entonces «poco probable» que Rabat, Mauritania o Senegal aceptaran albergar los nuevos centros de retorno en terceros países contemplados por el marco europeo.

La advertencia sobre la regularización convivía en el mismo informe con otras señales específicamente relacionadas con Ceuta. Inteligencia constataba que la presión sobre Ceuta y Melilla estaba «en aumento» y advertía de que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre los rechazos en frontera podía tener un impacto «muy relevante» en las entradas irregulares, «especialmente en Ceuta», al fomentar los intentos de acceso a nado. Tres días después, decenas de miles de personas cruzaron la frontera de la ciudad autónoma.