El ex diputado Ziegler denuncia que la reforma viola la Convención de la ONU Los ciudadanos helvéticos acuden hoy a las urnas para votar sobre las nuevas leyes de asilo e inmigración que, de aprobarse, cerrarán las puertas a los ciudadanos de fuera de las fronteras europeas y convertirán a este país, conocido por su tradición humanitaria, en uno de los más inaccesibles del Viejo Continente.

El objetivo de estas leyes, que fueron aprobadas en 2005 por el Parlamento suizo, es evitar los abusos. Para ello se pretende diferenciar a los verdaderos refugiados políticos de los que se aprovechan de la legislación vigente para entrar en el país y ejercer una actividad económica. Las autoridades suizas justifican la reforma con el argumento de que la legislación actual es insuficiente.

Tres son las novedades que introduce la nueva ley de asilo. La primera se refiere a los documentos de identidad que serán indispensables para toda persona candidata a demandar el derecho de acogida en territorio suizo. Estos papeles tienen que ser presentados imperativamente durante las 48 horas que siguen la inscripción en el registro oficial.

En un encuentro con la prensa el sociólogo y ex diputado socialista, Jean Ziegler, explicó que «anteriormente, una persona que venía de países con un sistema político represivo, como Sudán o Kurdistán, y conseguía llegar a la frontera suiza podía permanecer en el país presentando simplemente un carné de conducir mientras que ahora hará falta un pasaporte válido».

«Si carece de documentación, el solicitante de asilo será expulsado y, si no quiere salir del país, irá a prisión. Antes, podían ser encarcelados, hasta por un periodo de dos años, los adultos. Ahora se puede meter en prisión hasta a los menores de 14 años. Además, los demandantes no tendrán ayuda social», añadió Ziegler.

«La situación es muy grave, ya que esta ley constituye una violación de la Constitución suiza y de la Convención de la ONU de 1951 sobre derecho de asilo aunque, desgraciadamente, está en conformidad con la evolución de la política de la Unión Europea (UE) sobre este tema», dijo el sociólogo.

De acuerdo con los últimos sondeos sobre este referéndum, que ha generado uno de los debates nacionales más intensos de los últimos tiempos, será probablemente aceptado, ya que los suizos de habla alemana – unos 4,2 de los 7,1 millones de habitantes del país – son en gran mayoría partidarios de estas nuevas leyes.

En lo que respecta a la inmigración la nueva legislación da prioridad a los ciudadanos de los países de la UE a la hora de solicitar un empleo en la Confederación, seguidos de los habitantes de los Balcanes y de los nacionales de países pertenecientes al antiguo bloque soviético. Las demás nacionalidades no tienen casi ninguna posibilidad de establecerse en Suiza.

«Esto es una hipocresía, ya que sólo en Ginebra hay unos 14. 000 clandestinos y en toda Suiza suman, según cifras facilitadas por Cáritas, unos 300.000. Todos los restaurantes los emplean y hasta los hospitales los solicitan. Sin embargo, el hecho de que habrá elecciones nacionales en octubre de 2007, en las que se renovarán el Parlamento y el Gobierno federal, no predispone a la generosidad», afirmó Ziegler.