Este miércoles 9 de septiembre es la fecha que unos 170.000 salvadoreños tenían marcada en rojo en sus calendarios. Una fecha que han esperado con temor e incertidumbre porque es el día en el que termina el programa del Estatus de Protección Temporal (TPS), que durante más de dos décadas les ha permitido residir y trabajar en Estados Unidos legalmente. Desde 2001, fecha en la que se concedió de nuevo —fueron los primeros en recibirlo, en 1990, como consecuencia de la guerra civil en su país, pero expiró en 1992, sin ser renovado en esa ocasión— los beneficiarios han tenido que renovarlo cada año y medio. Han cumplido las normas, pagado las tasas y se han integrado en un país que consideran el suyo más que aquél en el que nacieron. En un cuarto de siglo han aprendido el idioma, emprendido negocios, formado familias, adquirido viviendas… Son parte de la vida económica y social del país, pero el fin del TPS les dejaría en el limbo.

Han visto cómo el presidente Donald Trump ha puesto como prioridad de su segundo mandato llevar a término la mayor deportación de la historia. Uno a uno, el republicano ha ido eliminando todos los programas humanitarios que permitían a los extranjeros vivir en el país para engrosar la lista de personas deportables. La Administración ha puesto fin al TPS para más de una docena de países. Recientemente, se canceló la protección para haitianos y sirios. Muchos de ellos, que vivían y trabajaban legalmente, se hacinan ahora en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) o han sido deportados a unos países de los que salieron, huyendo de la violencia y la pobreza.

Los salvadoreños temen que ese sea también su destino. En su caso, obtuvieron el TPS por las condiciones de violencia y pobreza en las que se quedó el país como consecuencia de la guerra que se libró entre 1979 y 1992 y los dos devastadores terremotos que ocurrieron en 2001. Quienes pudieron, huyeron de allí en busca de una vida mejor. Y consiguieron su sueño. La perspectiva de regresar a un lugar que no reconocen como su país y en el que la violencia y la pobreza continúan les parece imposible. E injusto. Han cumplido con todas las obligaciones que el Gobierno les ha impuesto, nunca han cometido delitos (condición indispensable para renovar el TPS) y ahora enfrentan perderlo todo y separarse de sus seres queridos.

Estas son las historias de algunas personas que se encuentran en esa situación.

José Urias, 47 años, empresario: “Unas 40 familias estadounidenses dependen de mi compañía”
Ingresó en Estados Unidos en 1995, “siguiendo un sueño, como todo el mundo”. En los 31 años que lleva viviendo en el país se ha casado, tenido dos hijos (de 14 y 20 años) y creado varios negocios en el Estado de Massachusetts. Se dedica a la construcción y también tiene una empresa de alquiler de contenedores de basura. “Hemos ayudado a crear empleo. La mayoría de las personas que trabajan para mí son ciudadanos estadounidenses. Unas 40 familias dependen de la compañía”, explica. Urias contrata plomeros, electricistas, arquitectos y otros obreros especializados en diferentes labores.

“Después de 25 años con TPS, muchos tenemos negocios, familias… Los hay con carreras universitarias, profesionales; tenemos doctores, enfermeras, psicólogos, estamos en todas las ramas”, apunta. “Estar haciendo todas las cosas correctas y que te digan, pues no, todo lo que tú has hecho no importa, no me parece válido”, dice y se queja del trato discriminatorio que reciben los hijos. “Los están tratando como si hubiera diferentes tipos de ciudadanos americanos. No hay ni primera clase ni segunda clase, todos son iguales. Los hijos de nosotros tienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano americano”, sostiene.

José Urias, empresario con 31 años viviendo en el país.
José Urias, empresario con 31 años viviendo en el país.
CEDIDA

Este empresario es uno de los tepesianos que decidió organizarse con otros migrantes en la Alianza Nacional del TPS en 2017 y enfrentarse al intento de Trump en su primer mandato de acabar con el programa. Una operación que los tribunales frenaron y que recuperó al regresar a la Casa Blanca en enero de 2025. “Nos obligó a luchar por defender a nuestras familias y nuestro futuro”, explica y asegura que le afectó “la paz mental”.

El futuro de sus hijos es lo que más le preocupa. El mayor se encuentra en el tercer año de universidad y sus padres soportan financieramente los estudios. “Mi hijo ha sufrido ansiedad y depresión, porque somos nosotros los que le apoyamos, y le preocupa lo que nos pueda pasar y si va a poder acabar su carrera”, afirma.

Uno de los argumentos más usados por la Administración para poner fin al TPS es que su carácter es temporal, como el mismo nombre indica. Sin embargo, después de 25 años con un permiso temporal, los beneficiarios denuncian que el problema es que no se les ha abierto una vía para optar a la residencia permanente. “Uno trata de ajustar su estatus, pero ellos han manipulado el sistema para que no se pueda hacer. Dicen que uno no lo ha hecho porque no quiere, pero eso es mentira”, añade.

Hace 11 años que Urias solicitó un ajuste de estatus a través de su hermano, que es ciudadano estadounidense, pero aún no ha recibido respuesta. En El Salvador no le queda familia, porque sus padres y sus hermanos viven en Estados Unidos. No tiene un plan definido para el caso de que le obliguen a abandonar el país. “Siempre he dicho que después de lo que pase el 9 de septiembre. Ahí nosotros vamos a tomar decisiones”, dice.

Virginia, 20 años, estudiante: “Siempre contesto las llamadas porque no sé si podría ser mi madre intentando comunicarse conmigo desde un centro de detención”
Virginia no es beneficiaria del TPS, pero su cancelación cambiará su vida, como la de cientos de miles de niños cuyos padres estaban protegidos de la deportación gracias al programa humanitario. Su madre nació en El Salvador, un país del que huyó hace décadas, y ahora vive con el miedo de tener que separarse de ella. “Tenía unos 12 años la primera vez que hablamos sobre por qué vino a Estados Unidos; hace poco le pregunté de nuevo y me explicó que la guerra que se libraba allí le causó muchos traumas: los disparos, los enfrentamientos en la calle… mis abuelos no vivían en una zona segura, así que estaban muy expuestos a todo eso. Además, sufrió muchos abusos dentro de su propia comunidad”, explica. Su madre, cuyo nombre prefiere no dar por los riesgos que pueda suponer identificarla, tiene hoy 47 años y desde 2001 cuenta con el TPS. Está casada y tiene dos hijas más, de 12 y 13 años, respectivamente, y vive en Massachusetts.

La aproximación del 9 de septiembre y el temor a perder el beneficio ha sacudido la vida de Virginia. En su segundo año de universidad, ha abandonado la residencia de estudiantes para regresar cada noche a su casa. “Durante mi primer año de universidad, vivía en el campus; prácticamente siempre estaba allí y casi nunca volvía a casa. Me resultaba más fácil para concentrarme en los estudios y las tareas sin tener que conducir hasta casa cada fin de semana”, cuenta. “Este semestre empecé a ir y volver de la universidad desde casa porque quería pasar más tiempo allí, por si le pasaba algo a mi mamá. Mi familia y mi mamá son ahora mis prioridades. Mis hermanas todavía son niñas y creo que les cuesta entenderlo, pero sé que definitivamente sienten lo mismo”, agrega.

Virginia y su madre, afectada por el TPS, el Estatus de Protección Temporal.
Virginia y su madre en una imagen sin datar.
CEDIDA
La idea de que su madre tenga que abandonar el país no se menciona abiertamente, pero es una amenaza con la que convive una familia que teme la separación. La madre trabaja en la Alianza Nacional del TPS y el padre está empleado en la construcción. Aunque no han detallado qué harían si llega el caso de tener que separarse, están tomando precauciones, como ahorrar dinero. El padre no descansa ningún día de la semana y Virginia compagina los estudios con el trabajo. “Nuestra prioridad es ahorrar dinero por si acaso le llegara a pasar algo a ella”, afirma.

Virginia sabe que si su madre tuviera que regresar a El Salvador, ella tendría que asumir su papel con sus hermanas menores, ya que su padre trabaja sin descanso. Asegura que su madre intenta no mostrar su preocupación, que se hace fuerte para no preocupar a sus hijas. Algunas veces, sin embargo, le puede la realidad. “El otro día salí de casa y me envió un mensaje diciendo: ‘¿Puedes volver y traerme un poco de agua? Creo que estoy sufriendo un ataque de pánico’. Así que sé que es una situación difícil para ella, aunque está haciendo un gran trabajo manteniéndose firme por el bien de su familia”.

Y mientras esperan una decisión que defina su futuro, toda la familia trata de continuar la vida con normalidad, aunque con algunas precauciones que revelan el temor subyacente. “Siempre llevo el teléfono conmigo y siempre contesto las llamadas porque no sé si podría ser mi madre intentando comunicarse conmigo desde un centro de detención”, admite.

Roxana Guillén: “Yo no puedo irme ahora. Mi vida está aquí y mi hija me necesita”
Roxana prefiere usar este nombre al suyo propio. Vive con su hija de 21 años en Maryland. Trabaja desde hace nueve años en un centro de recuperación de adicciones en Baltimore y es activa en su defensa del TPS. “Yo no puedo irme ahora. Mi vida está aquí y mi hija me necesita”, dice. “Mi pensamiento es seguir adelante, seguir con mi vida, seguir trabajando, seguir luchando”, responde cuando se le pregunta qué planes tiene. “Yo soy una luchadora social y eso es lo que yo voy a hacer. Hasta donde yo pueda. Trabajar con los congresistas para que pasen una ley, porque hay cuatro proyectos de ley. Eso es lo que necesitamos”, apunta.

La falta de un acuerdo entre republicanos y demócratas ha impedido dar una solución a más de un millón de personas que han residido y trabajado durante años en Estados Unidos bajo el paraguas del TPS y ahora enfrentan la deportación. El martes Roxana se preparaba para ir a una vigilia ante el Capitolio, donde beneficiarios y sus defensores se dieron cita para pedir la extensión del programa en la víspera de su vencimiento.

En más de dos décadas que lleva en Estados Unidos, Roxana se ha buscado la vida como ha podido, sin parar de trabajar. “Limpiaba las casas, vendía Avon y cuidaba niños. De todo lo que podía hacer, yo lo hacía, para sobrevivir”. Había huido, como sus compatriotas de la violencia y la pobreza que asolaban el país centroamericano. Con el paso de los años se fue abriendo camino y emprendió un negocio de catering de comida para los obreros de la construcción, a quienes repartía el almuerzo a diario. Así lo hizo por 13 años, hasta que decidió que necesitaba otro empleo que requiriera menos esfuerzo físico. Ahora, no quiere perderlo. “Realmente el permiso de trabajo para mí es importante porque aquí solo puedo trabajar si tengo papeles. Si lo tengo que dejar me quedaría sin nada”, dice ante la eventualidad de perder el permiso de trabajo.

Su hija está estudiando en la universidad. “Mi vida está aquí ahorita. Aquí tengo mi casa, aquí tengo mi trabajo, aquí tengo mi hija”, defiende.