Los dos partidos de la derecha han retomado las hostilidades, después de un periodo de fair play, a cuenta de la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la inclusión en el censo electoral, y por tanto el derecho a voto, de miles de nuevos españoles que han logrado la nacionalidad a través de la llamada ley de nietos. El PP y Vox se han lanzado a disputarse el rédito político de esta decisión del alto tribunal, de la que discrepa el Gobierno y que, en cambio, la derecha celebra. Los populares y el partido de Santiago Abascal han abierto una batalla por arrogarse la paternidad del éxito político, con Vox acusando al PP de “patético” por reivindicarse con el argumento de que fueron ellos, y no Génova, quienes presentaron el recurso ante los tribunales y agitando la pelea dentro del bloque conservador.

El Tribunal Supremo limitó este martes el derecho al voto de los nacionalizados a través de la Ley de Memoria Democrática. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó de forma parcial la petición que habían formulado Vox y el partido Iustitia Europa para que se suspenda la inscripción inmediata en el censo electoral de quienes hayan obtenido la nacionalidad por la conocida como ley de nietos, que reconoce el derecho a ser español a los descendientes de exiliados. El alto tribunal aceptó paralizar esa inscripción en el censo, excepto en los casos en los que los consulados acrediten esa condición de ser hijo o nieto de exiliado.

Tras conocerse la noticia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se apresuró a reivindicarse. “Teníamos razón”, tuiteó el jefe de filas de los conservadores. En paralelo, el líder de Vox, Santiago Abascal, felicitó a los dirigentes de Vox Jorge Buxadé y Marta Castro, coordinadores del equipo jurídico que había recurrido la instrucción de la Ley de Nietos ante el Tribunal Supremo. “¡Gigantesco servicio a España y al sistema democrático!“, defendió Abascal.

Con los líderes compitiendo por colgarse la medalla, los segundos espadas se lanzaron pronto al ataque. “El Tribunal Supremo da la razón a Feijóo. La ley de nietos, paralizada”, escribió el vicesecretario del PP, Juan Bravo, adjuntando una imagen del auto del Tribunal Supremo. A lo que el dirigente de Vox Jorge Buxadé le contestó acusándole de haberse apropiado de una iniciativa suya: “Juan Bravo me ha joseado el Auto del TS en el recurso interpuesto por Vox contra la ley de nietos”. “No sea sinvergüenza, que como siempre, no ha tenido cojones el PP para luchar donde hay que hacerlo. Ha sido Vox quien ha ido, se ha personado ante la justicia y desactivado el fraude”, disparó también a Bravo el eurodiputado Hermann Tertsch. “No seas sinvergüenza, Juan”, escribió la diputada de Vox Rocío De Meer, echando más leña al fuego.

El partido de Abascal insiste en cuestionar que el PP se felicite de la decisión del Supremo. “Es patético que el PP se lo quiera apropiar. Una cosa son los discursos y otra no mover un dedo. Quizá no recurrieron porque pensaban que, en el fondo, la incorporación de esas personas al censo les podía beneficiar”, defienden fuentes de la dirección de Vox.

Los populares no recurrieron a la justicia, pero sí lanzaron el pasado julio una ofensiva política contra la ley de nietos, con el líder del PP acusando al Gobierno de pretender “fabricar nuevos votantes” con la “ingeniería electoral” construida por esta norma. Ahora bien, el PP matizó después que, en el fondo, sí está de acuerdo con otorgar la nacionalidad a los descendientes de emigrados españoles, pero no de la forma en la que lo ha planteado el Gobierno, sino “con transparencia, rigor documental y atendiendo a criterios técnicos”. El problema para el PP en esa competición con Vox es que el propio Feijóo defendía en 2022 extender las nacionalizaciones a los exiliados. “El compromiso que tenemos es muy claro”, dijo el líder del PP en unas declaraciones en vídeo que los seguidores de Vox han movido ahora en las redes sociales, “que es hacer una ley específica para recuperar la nacionalidad a los descendientes de los españoles”.

Pese a estar de acuerdo en el fondo del asunto, en Génova insisten en que el problema es que el Gobierno amplió los supuestos para la concesión de la nacionalidad a los exiliados a través de una instrucción, la que dictó el Ministerio de Justicia seis días después de la publicación de la Ley de Memoria Democrática aprobada el 19 de octubre de 2022, pese a que la jerarquía normativa no permite que una norma de rango inferior altere una superior, argumentan en la dirección popular. La cúpula de Feijóo contrapone a las quejas del Ejecutivo, que ha mostrado su rechazo al Supremo con la tesis de que “se hurta” del derecho a voto a cientos de miles de exiliados, que nadie les ha hurtado de nada puesto que era un derecho del que todavía no disfrutaban.

Tras la decisión del Supremo, el PP ha retomado el discurso más duro, con insinuaciones de pucherazo electoral, en plena batalla con Vox por rentabilizar el revés del alto tribunal. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial de los populares, Alma Ezcurra, quien lideró internamente la pelea por este asunto, ha defendido que el Gobierno pretendía “con todo descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder”, pero “se ha encontrado con un Estado de derecho que funciona”.