Durante mis años de vida personal y periodística en Ceuta,

el miedo de la población a las reivindicaciones de Marruecos se cifraba en lo que popularmente se llamaba «la Marcha de la Tortuga»

, en una paráfrasis ocurrente de la Marcha Verde. Lo de la tortuga hacía referencia al lento avance iniciado por Marruecos para lograr cambiar la composición de la población de la ciudad española a sabiendas –se conocía bien al vecino– de que el tiempo para su cultura no corre igual que para la nuestra. Tienen paciencia y contemplan los logros a largo plazo. La lenta marcha pasaba desde la entrada de marroquíes que se ponían de parto a la puerta del Hospital de la Cruz Roja y que, desde luego, eran atendidas dando a luz niños españoles, hasta por las reagrupaciones familiares y la mayor tasa de procreación.

Hoy es fácil ver el resultado de la marcha de la tortuga:

del 20% de población musulmana de origen marroquí de los años 90 se ha pasado al 45% actual,

con la normalización de su acceso a todas las instituciones a las que su nacionalidad les da pleno derecho. Eso sí, conviene no olvidar que su jefe espiritual sigue siendo el rey de Marruecos, que financia la treintena de mezquitas y que este país les reconoce en muchos casos la nacionalidad –aunque no existe tratado de doble nacionalidad y deban renunciar a ella para ser españoles– y que existen antecedentes de

delegaciones de Ceuta y Melilla que acuden invitadas a la Fiesta del Trono para «jurar lealtad al rey»

en un acto que se conoce como Bay’a. Actualmente hay informaciones sobre la presión realizada sobre soldados musulmanes y sobre habitantes de barrios de esa mayoría, como El Príncipe

, para que no colaboren o ayuden en las tareas de reagrupamiento y filiación de los invasores/inmigrantes que quedan en la ciudad.

La relación entre la nacionalidad, la religión y el sentimiento de pertenencia es muy compleja en esas tierras.

Por eso asombra la frivolidad con la que se pretende reconducir el episodio a una brutal crisis humanitaria. Una crisis que es posterior al hecho cierto de que la frontera fue violentada por una masa humana que, según la policía, actuó de forma organizada: primero los más jóvenes y fuertes por mar y forzando la apertura de la frontera, después, cuando el acceso estaba expedito,

familias completas, mujeres y niños y, por último, una tercera oleada de hombres entre los que se encontraban los subsaharianos.

Curiosamente, esa fuerza humana, que por su número y su empuje y por humanitarismo, forzó que no se actuara y que no fue enviada por nadie, volvió dócilmente a casa en cuanto el Gobierno de Sánchez habló con Marruecos y estos tocaron el silbato se retirara. ¿Cómo te vuelves a casa después de haberte jugado el tipo por una vida mejor? ¿Quién te lo ordena? ¿Por qué obedeces? Va a ser la juez Tardón de la Audiencia Nacional la que investigue en ese oscuro episodio porque en este país o lo hacen los jueces o nadie parece dispuesto a meter las manos en el fango hasta encontrar la verdad.

Todo esto nos lleva no solo al falso alivio del Gobierno –

«Una crisis más que soluciona Pedro Sánchez», dijo el iluminado de Puente–

sino a preguntarnos seriamente quién queda en Ceuta, por qué no obedecieron la orden de regreso o por qué la orden no era para ellos y qué es lo que esperan allí y si es factible, posible o inteligente dárselo. No solo importa cuántos quedan en Ceuta, que también, sino quiénes son y si todos responden a las mismas motivaciones.

Una de las cuestiones que menos se trata en muchos medios españoles es la extraña reacción que están teniendo algunos de los considerados inmigrantes económicos que están a la espera de ser conducidos a la península. Me refiero a los ataques continuos y las emboscadas no solo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sino también al Ejército español. No encuentro precedentes de un comportamiento así. Sí se han producido agresiones a guardias civiles y policías en otros momentos y lugares al ir a ser filiados o detenidos o ante actuaciones concretas, pero lo que está sucediendo en Ceuta es que

preparan emboscadas y apedrean, agreden y atacan sin que las patrullas hayan previamente interactuado con ellos.

¿Por qué quien pretende ser agraciado por el Estado español con un asilo o una residencia atacaría con premeditación a su ejército?

Los apedreamientos son constantes. Desde el 27 de agosto con la emboscada en Benzú, con pedruscos preparados y estado de alerta, se han sucedido los episodios. Como el de los 21 detenidos a los que se les informó de que tendrían que declarar ante el juez o largarse y, obviamente, se fueron. No se les expulsó, salieron. El domingo fueron de nuevo bomberos y guardias civiles cuando acudieron a extinguir un incendio que, probablemente, fuera el señuelo. Ha habido botellas incendiarias. Se han requisado centenares de armas de fabricación casera que hunden en botellas en el mar para que no les sean incautadas. Se han detectado agentes de inteligencia, yihadistas expulsados y es evidente que no es pobre gente en busca de una vida mejor todo lo que reluce. Urge una investigación policial seria y completa sobre la tipología de los extranjeros que continúan en Ceuta y evitar la humillación de unos militares que no la merecen porque están atados de pies y manos a las órdenes.

Y se sigue improvisando. Han pretendido convertir la urgencia geopolítica en urgencia humanitaria y Puente ha tenido que imponer su mando

para crear un campamento en una zona sensible de seguridad como es el recinto portuario por el que Ceuta recibe todos sus suministros y se comunica con el territorio de la Unión Europea.

El relato ha querido volverse contra Vivas, contra su negativa razonada a que Ceuta se llene de carpas de refugiados y a que se les robara los pocos lugares de esparcimiento de que disfrutan los caballas. «Ceuta no es California», ha dicho Puente, y claro que no lo es, por eso no puedes arrebatarles la vida y la seguridad a sus habitantes.

Mientras, los titulares afirman que un tercio de los ceutíes están valorando dejar la ciudad.

De darse efectivamente ese fenómeno la proporción de musulmanes subiría hasta el 54%, sin tener en cuenta a los que no han salido tras la avalancha.

Nadie ha dudado nunca de que en el momento en el que el porcentaje se invierta y la mayoría sea musulmana de origen marroquí, el principio del fin de la soberanía española está sobre la mesa. La tortuga llega a la meta.

¿Quién queda en Ceuta, qué grupos, con qué intereses? ¿Por qué no se han hecho esfuerzos para dejarles claro que no van a ser trasladados a la península y de que siendo marroquíes no se les concederá el asilo? ¿Qué pasa con esos niños cuyos padres les envían teléfonos cuando se los roban y muchos de los cuales les esperan al otro lado de la frontera y a los que se les estaría pidiendo una fe de estatus para devolvérselos?

En resumen, no conocemos la verdad de lo que sucede en Ceuta y no es porque el Estado no tenga recursos para buscarla sino porque estos no se han puesto en marcha o no se desea.