La identidad digital suele asociarse a día de hoy a una versión electrónica del DNI, a una aplicación para identificarse ante la Administración o a una contraseña que permite realizar trámites online. Pero su evolución puede llevarla mucho más lejos y, con la colaboración de todas las partes, a convertirse en una infraestructura capaz de determinar quién es cada persona, qué derechos tiene y qué servicios puede utilizar, sin necesidad de intercambiar constantemente grandes cantidades de datos personales.

Esa transformación podría tener una aplicación de mucho peso en la gestión de la inmigración, uno de los problemas más complejos que afronta Europa. Esta es la tesis que plantea Gonzalo Alonso. El ingeniero hispanomexicano pasó 10 años en Microsoft antes de liderar la expansión de Google en Latinoamérica y lanzar Android en los países de habla hispana. Ahora es cofundador y CEO de Ditto, compañía especializada en infraestructuras de identidad digital: “Queremos arreglar el problema de inmigración de verdad. ¿Lo quieres arreglar de verdad? La identidad digital es la forma de arreglarlo”.

La propuesta no pasa por utilizar la tecnología para impedir que las personas lleguen a Europa, sino por conseguir que las administraciones puedan saber de forma fiable quién forma parte de su población y cuál es la situación de cada persona. Para Alonso, el punto de partida está precisamente en disponer de una identidad digital suficientemente sólida entre quienes ya forman parte del sistema.

“En el momento que todos tus ciudadanos sabes quiénes son y sabes sus necesidades”, explica, “es mucho más fácil identificar a los que no están aquí de manera legal”. La clave está en que la identidad digital no sería únicamente una forma de demostrar quién es alguien, sino una infraestructura que permitiría relacionar esa identidad con los diferentes derechos, permisos y servicios que corresponden a cada persona.

Esto resulta especialmente relevante en el caso de quienes llegan sin documentación o cuya situación administrativa no está completamente integrada en los sistemas públicos. Alonso no plantea que esas personas deban recibir automáticamente una identidad digital, sino que el sistema debe ser capaz de identificarlas y determinar cuál es su situación. “Entonces lo identificas, entiendes su situación y le aplicas la identidad correcta”, señala.

El problema, según su planteamiento, no es tanto la existencia de leyes para resolver cada situación como la dificultad de identificar a tiempo a las personas y aplicar esas normas. “Nosotros tenemos leyes muy claras de cómo manejar esa situación. El problema es identificarlas a tiempo y aplicarlas”, afirma.

Aquí aparece una de las principales ventajas que podría aportar la identidad digital: permitir que una persona pueda incorporarse progresivamente al sistema administrativo aunque su relación inicial con él sea inexistente o incompleta.

Una persona puede necesitar un médico, una prestación, una cuenta bancaria, un empleo o cualquier otro servicio que requiera acreditar su identidad. En esos momentos se produce una oportunidad para establecer una identidad verificable y asociarla con su situación administrativa. “El día en que esta persona que está ajena al sistema necesite atención sanitaria, dinero o cualquier otro recurso”, explica Alonso, “en el momento en que tú tomas el control y puedes darle a esa población lo que necesita, sí que le puedes decir a los recién llegados que ‘si haces esto así, sí te puedo facilitar ciertas cosas’”.

La tecnología, además, podría reducir radicalmente el tiempo necesario para comprobar esa información. Alonso pone como ejemplo su propia experiencia después de trasladarse a España. A pesar de ser ciudadano español, tardó siete meses en poder obtener su primera cita con el médico de familia. “¿Qué tal si eso lo reducimos a horas o minutos?”, plantea. El problema, en su opinión, era comprobar que la información que había proporcionado era correcta y que realmente era quien decía ser.

Si ese proceso puede simplificarse para un ciudadano europeo, el potencial resulta todavía mayor cuando hablamos de personas procedentes de otros países y de sistemas administrativos que necesitan intercambiar información.

Aquí entra en juego la evolución de la identidad digital europea. Las carteras de identidad digital permitirán almacenar credenciales verificables que podrán utilizarse en diferentes servicios y países. En lugar de entregar una copia del DNI, del pasaporte o de otros documentos cada vez que una administración o empresa los solicita, el ciudadano podrá proporcionar una prueba criptográfica que acredite únicamente aquello que es necesario comprobar.

La diferencia es importante. “No estamos tratando de probar quién eres tú en línea”, explica Alonso. “Yo lo único que estoy tratando de probar es que esta persona tiene derecho a estar en este lugar”. Un banco, una administración o cualquier otra institución podría comprobar que una persona cumple determinados requisitos sin tener necesariamente acceso a todos sus datos personales.

Aplicado a la inmigración, el concepto permitiría imaginar un sistema en el que una persona pudiera acreditar, por ejemplo, su identidad, su permiso de residencia o su autorización para trabajar sin tener que presentar repetidamente toda su documentación ante cada organismo. La información podría viajar entre sistemas mediante credenciales verificables e interoperables.

La dimensión europea es especialmente importante. Alonso considera que la interoperabilidad entre países será uno de los elementos decisivos de esta transformación. “Sí va a haber credenciales reutilizables. Lo que más vamos a utilizar son pruebas criptográficas”, afirma. Estas credenciales vivirían en “algo similar a lo que te estoy describiendo como una cartera de identidad” y, según su previsión, habrá “masa crítica para que esto se vuelva interoperable”.

Eso permitiría abordar uno de los problemas tradicionales de la movilidad dentro de Europa, que es la necesidad de demostrar una y otra vez quién es ante diferentes administraciones. Una identidad digital europea podría acompañarla y permitir que distintos países reconocieran las mismas pruebas.

Hay un punto que la tecnología por sí sola no puede resolver, que es la situación de quienes todavía no tienen una identidad digital o permanecen fuera de los sistemas administrativos. En ese escenario, la infraestructura tecnológica tendría que ir acompañada de mecanismos públicos capaces de identificar, registrar y atender a esas personas cuando entren en contacto con los servicios del Estado.

La identidad digital, por tanto, no sustituiría a las políticas migratorias ni decidiría por sí misma quién puede residir en un país. Su posible aportación sería otra: proporcionar una infraestructura común para que las decisiones administrativas puedan aplicarse sobre identidades verificadas, actualizadas e interoperables. La política, en este caso, quedaría al margen.

La idea cambia también la manera de entender el control administrativo. En lugar de acumular cada vez más información sobre las personas, el modelo que describe Alonso apuesta por disponer de mejores pruebas sobre aquello que realmente es necesario saber. “No pidamos más información”, resume. “Pongámonos de acuerdo entre más países posible para aceptar estas pruebas criptográficas y estas credenciales renovables”.

En ese escenario, la identidad digital podría convertirse en una pieza de infraestructura tan básica como lo son hoy los documentos de identidad. Y si Europa consigue que esa infraestructura sea interoperable entre países, segura y accesible también para quienes todavía están fuera del sistema, podría ofrecer una nueva forma de abordar la gestión de la inmigración: no desde la dificultad de controlar millones de documentos diferentes, sino desde la capacidad de saber, de forma verificable, quién es cada persona y cuál es su situación.