La jueza María Tardón, que investiga en la Audiencia Nacional (AN) la invasión de Ceuta, acepta que el Gobierno entre en el procedimiento para ejercer la acusación particular.

La magistrada estima que, en el presente caso, “debe admitirse” la personación solicitada por el Ejecutivo “toda vez que la condición de perjudicado concurre en el propio Estado español”.

Y puesto que, recuerda, este pasado lunes se declaró competente para investigar “las conductas delictivas derivadas de la entrada masiva irregular de inmigrantes procedentes del territorio de Marruecos en la ciudad autónoma que tuvo lugar entre los días 30 y 31 de julio”.

En base a ello, la instructora entiende que “pudiéramos encontrarnos ante conductas delictivas que no solo han tenido víctima directa e inmediata a Ceuta y sus habitantes, su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes”.

Sino también – recoge el auto conocido por LA RAZÓN – al “propio Reino de España al poder integrar un ataque, entre otros bienes y valores jurídicos, a la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y estabilidad de nuestro Estado de Derecho”.

El pasado lunes, el Gobierno anunció que pediría personarse en la causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la AN “para tener la confirmación y defender si esas investigaciones culminan en que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional”.

Tardón apuntó ya a la “clara e indudable gestión favorecedora” de las Fuerzas Armadas de Marruecos en la avalancha que, según la Policía Nacional, protagonizaron alrededor de 80.000 extranjeros.

Las diligencias se centran en si la invasión de la ciudad autónoma constituyó un ataque grave contra la “integridad territorial de España” y pudo afectar a la paz o la independencia del Estado.

La magistrada, que vio también en esa entrada irregular, en la que murieron en torno a 140 personas, indicios de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes y de organización criminal, consideró que la actitud de la Policía de Rabat no solo evidencia “permisividad” al no tratar de reducir o dispersar a la masa de personas del perímetro fronterizo, sino que supone de “guiado activo” al ser los propios agentes marroquíes los que realizaron “indicaciones” a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera.

Apeló también a que, en ningún caso, lo ocurrido responde a una ejecución por parte de las mafias del tráfico irregular de personas en contraposición con lo que Pedro Sánchez señaló en un primer momento. “Lo cierto es que carecen de la capacidad de organizar un proceso de estas dimensiones, ni de movilizar, gestionar para convocar de forma efectiva e inmediata a tal inmenso volumen de personas”.