María, la madre de Georgios Nikolaou, tiene fobia a la Policía. Cada noche, aunque no haya una redada en marcha, se desvela temerosa de ser detenida por algún delito que no ha cometido. Está en shock, reconoce su hijo, como lo están otras madres y niños y niñas del asentamiento romaní de Gerakas, en el noreste de Atenas. Según denuncia Nikolaou, su comunidad es hostigada dos o tres veces al mes por fuerzas especiales policiales que, en las operaciones, insultan y atemorizan a las personas. Todo este despliegue constante para encontrar siempre más de lo mismo: inevitables robos de electricidad y supuestas infracciones menores. Una desproporción manifiesta, fruto de la discriminación y la estigmatización, que se repite también en otros asentamientos en las que, según el Centro Europeo por los Derechos de los Romaníes (ERRC), son las redadas más sostenidas y extensas en décadas contra las comunidades romaníes de Grecia.

«La presión comenzó en 2012 y, con el paso de los años, ha ido incrementando. Ahora, los policías vienen dos o tres veces al mes, y nunca son educados con nosotros: rompen puertas y ventanas, lanzan gas lacrimógeno, golpean a personas», explica el líder comunitario Nikolaou, enfermero de 31 años. «Las principales razones de las redadas son el robo de electricidad y el alto volumen de los altavoces; aquí no vienen por drogas o cosas robadas porque no las hay. A veces, mienten con lo que dicen encontrar o muestran pistolas de aire comprimido como si fueran armas letales», añade quien preside la asociación cultural Nuevos Horizontes y el Comité para la Inclusión de los romaníes helenos del Consejo Nacional de Juventud.

Entos, que significa en griego «desde dentro», es el nombre acuñado por las autoridades para estas redadas en pueblos, distritos o asentamientos considerados núcleos de criminalidad al margen de la ley. Desde el 7 de noviembre de 2025, cuando el ministro de Protección Civil anunció el plan nacional, se han producido más de un centenar de redadas en comunidades de mayoría romaní en las que participan 473 policías. «La mayoría han ocurrido desde abril de 2026, con redadas a lo largo de Grecia casi a diario», alerta en un informe el ERRC, organización que, junto a Helsinki Monitor, documenta estas operaciones efectuadas con un despliegue que sigue la «lógica fronteriza» utilizada contra las personas migrantes.

Especializado en defender los derechos de la comunidad romaní, el abogado Georgios Tsiakalos no está de acuerdo con un dato del ERRC: refuta que las operaciones hayan comenzado recientemente. «Lo único que ha cambiado es la narrativa de extrema derecha envuelta en un paquete mediático atractivo y con un estilo operativo que parece sofisticado. Operativamente, nada ha cambiado con ENTOS. Es decir, este fenómeno existía antes de que se le diera nombre: a diario se realizaban redadas sin motivo. Lo problemático es que, ahora, las autoridades han decidido pregonarlo a los cuatro vientos, lo que dice mucho sobre las tendencias políticas en materia de seguridad», matiza Tsiakalos, quien litiga casos de discriminación como el de Nikoleta Zereliga y otros contra Grecia por los desalojos en el asentamiento de Peraia, en Tesalónica, que han llevado a intervenir al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

Las operaciones oficialmente no están enfocadas a la comunidad romaní, principalmente porque Grecia no reconoce las minorías que no son religiosas. Sin embargo, que las comunidades afectadas sean principalmente las de mayoría romaní sugiere un patrón racista connivente con la ola ultraderechista que recorre Europa y que, en Grecia, comenzó con el ascenso de los neonazis de Amanecer Dorado en 2012. Fue entonces cuando, sostiene Nikolaou, comenzaron a incrementarse las redadas. Actualmente, con la ultraderecha superando el 12% de apoyo y la derecha tradicional haciendo propio el discurso extremo y racista, la situación es delicada para la comunidad romaní.

«Se necesita un enemigo, y los romaníes pueden convertirse en el enemigo perfecto para legitimar ciertas políticas represivas. Son un blanco fácil, pero tener fuegos artificiales no va a resolver la criminalidad. Solo va a multiplicarla. Además, están castigando a toda una comunidad por delitos de unos pocos y están tensando las relaciones con la Policía. El resultado final es que se destruyen los puentes para el entendimiento y la integración», considera Tsiakalos, quien subraya que las actuales operaciones violan los derechos de las personas a tener una vida familiar y a no sufrir un trato degradante ni discriminatorio.

«Hablamos de graves violaciones de los derechos humanos como son los desalojos de personas vulnerables y la violencia policial. Da igual que no se respete el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se trata de violar la propia Constitución griega. Tolerar estos graves abusos dice mucho sobre la calidad de la democracia y del Estado de derecho», insiste Tsiakalos, que apunta que los procesos legales de abuso policial no se investigan de forma seria y, como ejemplo, destaca el grupo de casos Sidiropoulos y Papakostas por el que Grecia ha sido llevada ante la Corte Europea de Derechos Humanos.

Tsiakalos: «Hablamos de graves violaciones de los derechos humanos como son los desalojos de personas vulnerables y la violencia policial»

En el último lustro, la brutalidad policial ha tenido como consecuencia la muerte de al menos tres jóvenes romaníes: Nikos Sabanis, de 18 años, en 2021; Kostas Frangoulis, de 16 años, en 2022; y Christos Michalopoulos, de 17 años, en 2023. Ejemplos destacados de una larga lista de casos opacos que, debido a operaciones como Entos y al auge de la ultraderecha, podrían multiplicarse en Grecia: hay más contacto desde la perspectiva de la represión y, por tanto, los conatos de tensión tienen el campo abonado para que sean más frecuentes.

«Cada vez que vienen, los policías se llevan a dos o tres personas, generalmente por robo de electricidad», subraya Nikolaou. «El otoño pasado, tres personas, yo incluida, fuimos atacadas. Trataba de mediar en una riña y la Policía me golpeó en la pierna», recuerda sobre unos momentos de tensión que meses antes, en julio de 2025, cuando aún no se había creado el operativo Entos, terminaron con 16 personas detenidas y con María, la madre de Nikolaou, traumatizada.

Una infravivienda del mismo asentamiento. (Miguel FERNÁNDE IBÁÑEZ)
Desproporción

En Grecia viven entre 116.000 y 265.000 romaníes repartidos por todo el país. Gerakas es una municipalidad al noreste de Atenas, la capital helena, donde hay un asentamiento en la calle Verias en el que viven 196 personas de etnia romaní. La primera piedra de un hogar la pusieron en 1991. Desde entonces, romaníes procedentes de Halkida, en la isla de Eubea, comenzaron a llegar atraídos por el bajo coste del suelo y las oportunidades de Atenas. En este proceso de asentamiento, algunas personas adquirieron sus terrenos legalmente, mientras que otras edificaron sus casas irregularmente y, por eso, carecen de acceso legal a servicios básicos como la electricidad. Estas personas que viven en permanente ilegalidad, ya que sus casas podrían ser derribadas en cualquier momento, son precisamente las que sufren con más angustia las crecientes operaciones policiales.

Este asentamiento está una zona relativamente agradable, con terrenos de campo inutilizados, casas unifamiliares y concesionarios de automóviles, con acceso al metro y a la autopista a unos 20 minutos a pie. Alejado de los estereotipos, es un lugar en el que no hay chabolas, sino en su mayoría casas firmes, reflejo de vidas más o menos estables. La comunidad es amable, y niños y niñas corretean indomables mientras las madres bromean. Aquí siguen recibiendo al gadjo, al extranjero, con cierta simpatía y curiosidad. No parece que haya un trauma colectivo entre estas personas a las que las autoridades y los propios vecinos tratan como criminales colectivos, demostrando el extendido racismo que padece esta comunidad.

«Los vecinos son un gran problema: piensan que sus viviendas pierden valor cuando viven cerca de romaníes. Ellos tienen una asociación llamada Ciudadanos de Gerakas con la que nos atacan en periódicos locales e internet. Nos culpan de todos los problemas, nos quieren fuera, incluso fueron a la Alcaldía a pedir que se demoliera este asentamiento, y eso que esta comunidad no comete ilegalidades», lamenta Nikolaou. «La Policía piensa que la tasa de criminalidad es alta entre la comunidad romaní, y en cierta forma es así por la situación social: somos gente pobre. Cuando una comunidad no tiene acceso adecuado a la salud o la educación, cuando no tiene trabajo o las necesidades básicas cubiertas, la criminalidad sube. Pero no es nuestro caso», insiste Nikolaou, que luce un tatuaje de la bandera griega en su cuello.

A diferencia de Gerakas, en Grecia existen asentamientos en los que prevalece una alta tasa de criminalidad. Es el caso de Nea Zoi, una urbe de 4.000 personas al oeste de Atenas donde las redadas son recurrentes. Ángela, profesora que asiste en las comunidades de Gerakas y Nea Zoi, expone algunas diferencias evidentes entre ambas. «Nea Zoi es lo opuesto a Gerakas. En Nea Zoi, la lengua materna es el romaní, los niños apenas van al colegio y las personas viven en chabolas en las que casi nadie tiene acceso a servicios básicos. Nea Zoi es un gueto, prácticamente todo es ilegal y es una ciudad muy peligrosa en la que la Policía solo puede entrar a zonas determinadas», explica. «En Gerakas, la lengua materna es el griego, los niños van al colegio y la gente tiene casas en las que, de alguna forma, consiguen acceso a agua y electricidad. Gerakas es un buen lugar: hay condiciones básicas y no hay violencia», compara.

Pese a las diferencias manifiestas, el Gobierno actúa igual con todas las comunidades romaníes. Y esa desproporción es la injusticia manifiesta que refleja la discriminación latente en Grecia.