La suspensión de «todos los procedimientos administrativos y judiciales» abiertos contra las protestas propalestinas en La Vuelta de 2025 es lo que han solicitado las personas encausadas y multadas por esas movilizaciones en Nafarroa.

Lo han pedido este martes en una comparecencia ante los medios en la que han recordado que, a raíz de aquellas movilizaciones, en Euskal Herria, «siete personas estamos siendo procesadas y más de 30 fuimos sancionadas», con algunas de ellas enfrentándose «a procedimientos penales con posibles penas de prisión de entre 1 y 6 años».

En el Estado español y según datos de Amnistía Internacional, son «más de 30 detenciones y 108 sanciones, 91 basadas en la legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Una legislación que permite sanciones que pueden alcanzar los 60.000 euros».

Las personas comparecientes han recordado que «hace un año, miles de personas salimos a la calle para denunciar la participación del equipo Israel Premier-Tech en La Vuelta. Salimos para denunciar la presencia de un equipo que representaba a un Estado genocida. Salimos para expresar nuestra solidaridad con Palestina. Y salimos para hacer boicot».

Responsabilidades

En este sentido, han querido señalar «claramente las responsabilidades» de los gobiernos español y autonómicos y de la dirección de La Vuelta al permitir que ese equipo participara en la prueba. Así, han criticado al Ejecutivo español, porque «mientras públicamente habla de defensa de los derechos humanos, en la práctica no ha hecho lo necesario para impedir que Israel siga participando en acontecimientos internacionales».

A los gobiernos autonómicos, porque «tenían capacidad para actuar y decidieron no hacerlo», y a la dirección de La Vuelta, «porque tenía capacidad para excluir al Israel Premier-Tech de la competición y decidió mantenerlo».

También han querido poner de relieve que, un año después de aquellas protestas, «las razones que nos llevaron a salir a las calles siguen existiendo» y «el pueblo palestino ha seguido sufriendo una violencia insoportable. Han continuado los asesinatos. Han continuado los desplazamientos. Ha continuado la destrucción».

Y mientras tanto, han denunciado, «la atención política y mediática ha ido desapareciendo. La movilización popular ha perdido fuerza. Y creemos que eso también hay que decirlo».

Por todo ello, han pedido «sanciones contra instituciones y empresas que fomentan el genocidio» y que «la legislación deportiva contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia se utilice contra quienes practican esas conductas y no contra quienes las denuncian».

Y para su situación concreta, han solicitado «la suspensión de todos los procedimientos administrativos y judiciales derivados de aquellas movilizaciones».

Han insistido en que «hace un año, convirtieron nuestra solidaridad en delito, pero queremos decirlo alto y claro: la solidaridad con Palestina no es un delito. Denunciar el genocidio no es un delito. Protestar contra la presencia de Israel no es un delito».

Y han concluido destacando que «la lucha da sus frutos y hoy podemos decir que Israel ya no tiene un equipo ciclista con el que blanquear el genocidio».