«Inflar los censos electorales es un atentado contra el Estado de Derecho y la democracia. Lo está haciendo el Gobierno. SOS democracia en España», escribía ayer Isabel Díaz Ayuso en redes sociales tras conocer el revés del Tribunal Supremo a la conocida como ley de nietos del Gobierno. La Justicia ha paralizado su inscripción en el censo electoral al aceptar las medidas cautelares presentadas por Iustitia Europa y Vox, una decisión que en Sol celebran al entender esta nueva norma como uno de los movimientos más «alarmantes» del Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos tiempos.

Tanto que la presidenta madrileña optó hace casi un año por armar un equipo de expertos, todos de su máxima confianza en el seno del Partido Popular madrileño, para «vigilar, analizar y preparar medidas legales y políticas» ante la puesta en marcha de la ley de nietos, cuya activación podría alterar, según sus cálculos, hasta 10 escaños en la Asamblea de Madrid. Un pequeño grupo de especialistas, entre los que se encuentran técnicos jurídicos, analistas electorales, antiguos diplomáticos y expertos en ingeniería de datos, todos coordinados por el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano.

El equipo comenzó a reunirse en diciembre de 2025, y aproximadamente una vez al mes actualizan su plan, del que parte la estrategia política y comunicativa de Ayuso respecto a la ley de nietos. La presidenta regional se ha mostrado especialmente crítica con esta medida, llegando a ir incluso un paso más allá que Génova al hablar desde hace meses de la intención del Gobierno central de alterar el censo y contrarrestar la decadencia electoral del PSOE en toda España con un «pucherazo» a través del voto exterior.

Un discurso con el que la dirigente madrileña busca, como en tantos otros choques con el Gobierno central, liderar la oposición de las autonomías. La decisión del Tribunal Supremo congela por ahora el avance de la activación de esta legislación, pero en la sala de máquinas del PP madrileño no prevén bajar el ritmo de trabajo. En abril, la dirección territorial de los populares envió una misiva a militantes, interventores y apoderados en la que no sólo se instaba a estar en alerta ante un adelanto electoral como consecuencia del complejo escenario judicial y político que atraviesa ahora mismo el PSOE, sino también a vigilar que todas las garantías democráticas se cumplan en el próximo paso por urna nacional.

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Poco después, ya en julio, la presidenta madrileña habló explícitamente de «pucherazo» y extendió las advertencias a los consulados, donde solicitó el despliegue urgente de observadores internacionales. El equipo de trabajo, en este sentido, cuenta con voluntarios en los países en los que el Gobierno está aumentando el personal en embajadas, especialmente durante el proceso de regularización realizado durante la pasada primavera, para supervisar el procedimiento con el que facilitar el pasaporte a medio millón de inmigrantes. «Cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece estaría haciendo algo ilegal», advirtió por aquellas fechas la dirigente regional.

Entre los principales análisis realizados por este grupo de especialistas destaca el cálculo que ha llevado a Ayuso a situar a Argentina como «la tercera provincia» en número de votos en las siguientes elecciones: de golpe, el censo pasaría de 36.000 a 150.000 españoles en este país. También se está monitorizando el voto CERAde los últimos procesos electorales regionales en España: en Castilla y León se disparó un 291% respecto a 2022, y en Andalucía lo hizo un 183,9% en comparación con los anteriores comicios. En ambos territorios el censo exterior aumentó entre un 12% y un 15% durante la última legislatura.