Mikel Pérez Trejo (33 años) creció escuchando la historia de su abuelo, José Trejo Rodríguez, un niño nacido en San Mateo, un pueblo de Gran Canaria que con apenas 12 años tuvo que abandonar España huyendo del “alistamiento en el servicio militar”. Llegaron a Cuba, donde empezaron una nueva vida y, años después, conoció a su abuela con quien formó una familia. En 2022 la Ley de Memoria Democrática abrió una vía extraordinaria para que hijos y nietos de españoles accedieran a la ciudadanía como reparación histórica, pero la magnitud de la demanda —más de 2,4 millones de solicitudes— desbordó por completo a la red consular. La reparación a quienes sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura franquista se encontraron con una barrera burocrática en un sistema que no da abasto y ahora con la decisión del Tribunal Supremo paralizar esa inscripción en el censo hsata que acrediten en los consulados que son descendietes de exiliados.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado de forma parcial la petición que habían formulado Vox y el partido Iustitia Europa después de gran tormenta política de la que también participó el PP, que acusa al Gobierno de utilizar la llamada ley de nietos para “fabricar votantes”. Según dijo el propio Alberto Núñez Feijóo, el Ejecutivo estaría buscando nuevos apoyos entre los descendientes de españoles porque “con los votantes actuales no le salen las cuentas”.

Pero los datos oficiales no se sostienen en la realidad administrativa: la mayoría de expedientes aún no están resueltos y miles de solicitantes ni siquiera han recibido la credencial necesaria para pedir cita. Según las cifras del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, alrededor de 2,4 millones de personas iniciaron los trámites de nacionalidad al amparo de la ley de nietos. De acuerdo con los últimos datos oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, el departamento encargado de actualizarlos, a 31 de mayo de 2026 se habían presentado en las oficinas consulares 1.225.188 solicitudes, se habían aprobado 571.761 expedientes y se habían practicado 333.696 inscripciones.

El mayor problema está en Cuba. Aunque Argentina concentra el volumen más alto de solicitantes, tiene cinco consulados para repartir la carga; Cuba solo cuenta con uno. Para atender la situación, el Consulado Español en La Habana firmó tres contratos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, con Grupo Palco que suman más de 1,6 millones de euros. El primero es el de arrendamiento —firmado en 2018 por 228.179,88 euros para alquilar una oficina en La Habana durante 72 meses— y se suman dos contratos recientes que refuerzan la dependencia de España de esta empresa para operar en Cuba. El segundo, adjudicado por la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, asciende a 1.131.295,68 euros y contempla el suministro de personal para el Consulado General de España en La Habana entre 2025 y 2028; y el tercero, formalizado por la Dirección General del Servicio Exterior, destina 242.743,48 euros al suministro de fuerza de trabajo para la Embajada de España en La Habana durante el mismo periodo. En los tres casos, Palco fue la única empresa que presentó oferta, y en todos los expedientes se repite la misma motivación: es la única entidad autorizada por el Gobierno cubano para proveer personal e infraestructura a misiones diplomáticas extranjeras.

Pero en Cuba no hay rastro de lo que comprometían esos contratos: “Los descendientes nunca han visto a esos trabajadores”, afirma Estela Marina Pérez, presidenta de la Asociación de Descendientes de Españoles en el Mundo (ADEM). Denuncia prácticas irregulares: falta de control interno, venta de turnos y del estado de los expedientes. Mientras tanto, los solicitantes siguen esperando recibir un simple código que les permita pedir cita. Explica que el plazo terminó el 22 de octubre de 2025, pero que “miles de descendientes no pudieron presentar sus expedientes porque la implementación consular nunca estuvo preparada para absorber la demanda”.

Desde el inicio, explica, hubo trabas administrativas. “Se exigió documentación innecesaria, no existía un procedimiento claro para obtener partidas de nacimiento y las oficinas consulares carecían de medios y personal. A diferencia de la ley de sefardíes de 2015 —que permitió jurar ante notario y tuvo un proceso accesible— esta vía se gestionó exclusivamente desde consulados saturados”, asegura.

Antes del cierre, los descendientes recibieron un justificante que acreditaba que habían entrado en plazo y que les permitiría obtener la credencial, el código imprescindible para escoger fecha y hora en el consulado y presentar la documentación original. En teoría, el sistema garantizaba que nadie quedara fuera. En la práctica, miles de personas siguen sin recibir las credenciales y, aunque hayan citas, sin estas no pueden pedirla. “Los consulados no contestan correos, no dan información y no hay transparencia”, reclama esta abogada. ADEM interpuso una demanda por vulneración de derechos fundamentales que está en trámite, recordando que la administración está obligada a contestar. “No puede desaparecer. No puede dejar de existir para la ciudadanía”, insiste.

Yoelvy Curbelo González, de 52 años, vive en Remedios, Villa Clara, —en el centro de Cuba— y, como miles de solicitantes, debe desplazarse hasta La Habana para cualquier trámite. Lo hace en un país que, en lo que va de 2026, ya ha sufrido tres apagones, en medio de una crisis energética que comenzó en 2024 y que se ha agravado con el bloqueo petrolero de Estados Unidos, llevando los cortes eléctricos a máximos. A la espera interminable de una credencial o una respuesta del consulado se suma la precariedad cotidiana, muchos cubanos no tienen acceso estable a internet, lo que les impide actualizar sus registros o consultar el estado de su solicitud. “Nuestra familia lleva más de dos años inmersa en este proceso”, asegura este descendiente. Entre el silencio administrativo, la crisis energética y la falta de conectividad, el trámite se ha convertido en un proceso casi imposible para quienes intentan recuperar la nacionalidad de sus abuelos.

“No es posible avanzar una fecha exacta para su tramitación”, leyó Leonardo Ferreira, de 46 años, otro solicitante brasileño que lleva más de dos años esperando una respuesta. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, le envió una comunicación con esa frase en respuesta a su reclamación. El organismo reconoce que la gestión de la nacionalidad en el exterior está saturada y que el problema ya no puede abordarse caso por caso: requiere “actuaciones generales” y reconoce que soporta “una enorme presión” por el volumen de solicitudes recibidas al amparo de la LMD. En la carta de respuesta, se habla de más de 60.000 expedientes y el propio Defensor admite que “el creciente número de quejas que se reciben pone de manifiesto la necesidad de adoptar con carácter urgente medidas adicionales”. No informa, sin embargo, del personal disponible ni de los refuerzos reales.

Una deuda histórica de género
La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Violeta Alonso Peláez, explica que el organismo había planteado medidas urgentes para desbloquear el atasco y que, aplicando las propuestas de agilización que trasladaron al Gobierno, “un plazo razonable para resolver todo podría ser de unos cinco años”. “Los países con mayor volumen de demanda son los que han tenido más problemas; en los que hubo menos solicitudes, como varios países europeos, la situación ha sido más manejable”. La mayoría de solicitantes provienen de América Latina, “porque quienes se exiliaron en Europa no necesitan la nacionalidad española para residir”.

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También resalta una deuda histórica de género. Durante el franquismo, las mujeres españolas no podían transmitir su nacionalidad en igualdad de condiciones, lo que explica por qué tantas personas que hoy reclaman por vía materna enfrentan más obstáculos. “En la inmigración hacia América, que es anterior, debemos recordar que la mujer española no podía transmitir la ciudadanía hasta la Constitución de 1978. Era imposible que lo hiciera, y por eso hay tantas personas afectadas. Si hubieran podido transmitirla, muchas de esas familias hoy ya tendrían la ciudadanía y no estaríamos ante este volumen de solicitudes”, afirma. A esto se suman los casos de quienes perdieron la nacionalidad por motivos políticos, obligados a renunciar para poder trabajar en los países donde se asentaron.