El Gobierno se ha tomado la decisión del Tribunal Supremo de paralizar el derecho al voto de los beneficiarios de la conocida como ley de nietos hasta que acrediten que son hijos o nietos de exiliados como una nueva afrenta de un tribunal con el que ha tenido varios choques importantes esta legislatura, desde la paralización de la ley de amnistía para que no se aplique a Carles Puigdemont a la condena del ex fiscal general del Estado. Esta vez no es la Sala de Lo Penal, con Manuel Marchena como hombre fuerte, sino la de lo Contencioso-Administrativo, pero el Gobierno hace un análisis político similar al de ocasiones anteriores.

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Claves de la decisión del Supremo sobre la ‘ley de nietos’ que deja a españoles sin derecho al voto
Distintos miembros del Gobierno consultados ven detrás de esta decisión la mano de un tribunal controlado de manera clara por sectores conservadores y por tanto intuyen una nueva maniobra para facilitar posiciones de la oposición —el demandante es Vox y la formación ultraderechista Iustitia Europa— y debilitar al Ejecutivo. “Es una provocación”, llegan a decir varios miembros del Gobierno consultados. Lo que más preocupa a los ministros es que, con esta decisión, el Supremo, el principal tribunal del país, no solo está anulando un derecho fundamental como es el voto a decenas de miles de españoles de pleno derecho que mantienen su nacionalidad pero se quedan sin poder votar, algo inédito, sino sobre todo está alentando lo que en La Moncloa ven como una teoría de la conspiración del PP y Vox, un “bulo”, esto es que Pedro Sánchez y su equipo han diseñado una fórmula a través de la ley de nietos para hacer “ingeniería electoral” y mejorar sus resultados con nuevos votantes.

La realidad, explican diversos miembros del Gobierno que siguen de cerca este proceso, es que la gran mayoría de esos nuevos españoles no tienen ninguna intención de votar —la participación en América, de donde son la mayoría, es bajísima—, que el voto en el extranjero casi nunca cambia ningún escaño —la última vez que lo hizo fue en 2023 a favor del PP— y que es imposible pensar que toda la administración consular, que lleva este proceso, pueda estar organiza secretamente para favorecer a la izquierda, cuando nadie puede saber qué van a votar los pocos que ejerzan ese derecho. “Se han tragado el bulo entero, pero no son gente haciendo contenido en redes sociales, son jueces del Supremo. Es inaudito. Van a dejar a miles de españoles sin derecho a voto”, resume un miembro del Ejecutivo.

El Gobierno decidió además dejar claro públicamente su rechazo a esta decisión, algo que no es tan habitual y era rarísimo hasta hace pocos años. La portavoz, Elma Sáiz, dijo expresamente y de forma oficial que el Gobierno “no comparte” el fallo provisional del alto tribunal. También lo dijo Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El fallo es “difícilmente comprensible”, remató el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Bolaños fue más lejos y urgió a los magistrados del alto tribunal a resolver la cuestión cuanto antes, y muy especialmente antes de las elecciones previstas para 2027. “Creo que es una decisión de enorme trascendencia, porque estamos hablando de suspender el derecho de voto de miles de españoles”, dijo el ministro de Justicia: “Estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto”.

Sumar, socio minoritario de gobierno, fue más , y a través de su portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, aseguró que la medida es “tremendamente preocupante” porque “abre el camino a una deriva antidemocrática peligrosísima” al restringir el derecho al voto a quienes cumplen el requisito para ello. Es decir, a personas con la nacionalidad española" y porque, en su opinión, es “la enésima prueba de que el Poder Judicial no quiere que este Gobierno gobierne”. En un mensaje enviado a medios, la portavoz añade que “resulta muy difícil para ninguna persona progresista en este país confiar en la Justicia en estos momentos”. Este mensaje que lanzó Sumar en público, esto es que sería un falló más para intentar perjudicar al Gobierno, es el que comparte en privado el sector socialista del Ejecutivo, que ve a muchos jueces ya abiertamente en campaña contra Sánchez y sus decisiones.

Al otro lado del espectro político, todo son celebraciones. Mientras que el Partido Popular acoge con buenos ojos la decisión del alto tribunal, Vox saca pecho de haber logrado el pronunciamiento como parte reclamante del proceso junto al partido Iustitia Europa. La portavoz del partido ultra en el Congreso, Pepa Millán, ha resaltado en una rueda de prensa en la cámara baja que Vox es “el único partido con representación parlamentaria” que ha logrado que se “suspendan los efectos electorales” de la ley de nietos y “el intento de manipulación electoral para las próximas elecciones”.

“Unos se limitaron a avisarlo”, ha recalcado Millán en clara alusión al PP, “y otros hemos logrado detener el objetivo de Pedro Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales a través de la adulteración del censo”. “Hemos parado la alteración ilegal del censo por el Partido Socialista, pero no es suficiente”, ha añadido en un comunicado Jorge Buxadé, diputado europeo por Vox y portavoz de su departamento jurídico.

Los populares señalan por su parte “el varapalo” que supone la decisión para lo que ellos interpretan como una intentona del Gobierno de “alterar con todo el descaro” las elecciones generales. Así se ha pronunciado la número tres del partido y vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, quien, en un vídeo difundido a los medios, afirmaba: “Desde luego, nos felicitamos por el varapalo de la Justicia al intento del Gobierno de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral”. “Teníamos razón”, ha apostillado en redes sociales Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP (cuyo partido no es parte en el procedimiento).

El asunto llegó al pleno del Senado, donde la oposición mostró su euforia y el Gobierno pidió contención ante una decisión aún no definitiva. Bolaños fue claro. “Veo que lo celebra”, le dijo al PP. “Vamos a esperar a la sentencia sobre el fondo de la cuestión. No la vi celebrar la sentencia del TJUE, definitiva, sobre la ley de amnistía”, le insistió, en referencia al fallo que avala la ley.

La decisión del Supremo deja en el aire el derecho al voto de las más de 2,4 millones de personas que, según los últimos datos facilitados a finales de junio por el Ministerio de Política Territorial, iniciaron los trámites al amparo de la ‘ley de nietos’. En realidad, según el ministro, solo medio millón de ellos podrían llegar a votar en 2027, porque los expedientes tardan muchos meses.

Esta norma establece la inscripción inmediata en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los nacionalizados por esa vía y una instrucción posterior del Ministerio de Justicia estableció que, para ello, no hacía falta acreditar la condición de descendiente de exiliado: “Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955″, señala el texto. Los efectos electorales de esta interpretación de la ley son los que ahora ha limitado el alto tribunal hasta que dicte sentencia sobre el recurso presentado por los dos partidos de ultraderecha. El Gobierno insiste en que no hay ninguna posibilidad de manipulación porque todo el proceso es transparente y controlado por los consulados, una administración que la que el Ejecutivo no podría interferir para algo tan serio como manipular el voto o el censo sin que se supiera.