La investigación de la Audiencia Nacional sobre la avalancha de Ceuta suma desde este martes un nuevo actor directamente afectado. La magistrada María Tardón ha admitido la personación de la Ciudad Autónoma de Ceuta como acusación particular en las diligencias abiertas para esclarecer la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.

La decisión tiene un alcance especialmente relevante por los términos empleados por la titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia. Tardón considera que la condición de perjudicada de Ceuta «sin duda concurre» por la gravedad de unos hechos que, según escribe, tuvieron como «víctima directa e inmediata» a la propia ciudad y a sus habitantes, afectados «en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes».

Los Servicios Jurídicos de Ceuta habían solicitado entrar en el procedimiento precisamente con esa condición, la de perjudicada y víctima. La magistrada acepta ahora su petición y permite al Gobierno de la ciudad ejercer la acusación particular, una posición procesal distinta de la que mantienen las diferentes formaciones y asociaciones que se han incorporado a la causa mediante el ejercicio de la acción popular.

La resolución llega un día después de que la magistrada asumiera la competencia para investigar los hechos en la Audiencia Nacional

El auto llega apenas 24 horas después de que la propia Tardón resolviera una de las cuestiones centrales que condicionaban el futuro de la investigación: la competencia de la Audiencia Nacional. La jueza decidió mantener la causa en Madrid al apreciar indicios de que lo ocurrido en Ceuta desbordó ampliamente un episodio migratorio espontáneo y puede afectar a bienes jurídicos relacionados con la paz, la independencia del Estado y su integridad territorial.

La investigación nació el 31 de julio de una denuncia presentada por Iustitia Europa y fue incorporando después denuncias, querellas y personaciones de HazteOír, Zealandia, Vox, Se Acabó la Fiesta, Libertad y Justicia, Ahora España y el Partido Popular, entre otros. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se pronunció también a favor de que Tardón mantuviera la competencia.
El giro decisivo llegó con el informe elaborado a requerimiento judicial por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional. Ese documento llevó a la instructora a concluir que la entrada masiva no puede explicarse como un acontecimiento ocasional o generado espontáneamente. La jueza habla de un proceso con un «antes», un «durante» y un «después», precedido por una movilización creciente, una intensa actividad en redes y una alerta policial que llegó a situar el riesgo en nivel «extremo» el 29 de julio.

Tardón recoge además indicios mucho más delicados sobre lo sucedido al otro lado de la frontera. El material incorporado al procedimiento describe actuaciones de las fuerzas marroquíes compatibles con un «guiado activo» de los participantes, indicaciones sobre rutas y movimientos destinados a facilitar la llegada hasta la costa de Fnideq y el posterior acceso al espigón del Tarajal. La investigación deberá determinar ahora hasta dónde llegó esa actuación y quién pudo ordenar, coordinar o favorecer el movimiento.

El informe policial también descarta, por el momento, que las organizaciones criminales dedicadas habitualmente al tráfico de migrantes expliquen por sí solas una movilización de semejante magnitud. El CENIF calcula que pudieron acceder a Ceuta entre 75.000 y 85.000 personas y reconoce que ni siquiera ha sido posible establecer todavía una cifra fiable de quienes entraron, salieron o permanecen en la ciudad. La propia Audiencia Nacional ha asumido esa incertidumbre en sus resoluciones.

Tardón considera que el episodio desbordó el fenómeno migratorio habitual y tuvo efectos sobre la seguridad, los servicios públicos y la soberanía española

Ese escenario judicial contrasta con algunas de las explicaciones ofrecidas durante agosto por el Gobierno. Pedro Sánchez sostuvo ante el Congreso que ningún aviso previo anticipó ni la dimensión ni la probabilidad de lo ocurrido y situó buena parte del origen inmediato de la avalancha en la viralización de mensajes falsos sobre una sentencia del Tribunal Supremo. Interior y Exteriores incidieron igualmente en los bulos, las redes sociales y la espontaneidad de buena parte de quienes terminaron llegando a la frontera.

La causa judicial ha introducido elementos que obligan a investigar más allá de ese relato. Policía Nacional, Guardia Civil, Fiscalía y otros organismos habían aportado ya datos e informes sobre la preparación y evolución de la avalancha antes de que la Audiencia Nacional fijara provisionalmente su propia tesis. Tardón deberá ahora determinar quién estuvo detrás de la movilización, qué papel desempeñaron las estructuras detectadas en Marruecos y si existió una dirección estratégica de la operación.

Mientras avanza esa instrucción, Ceuta podrá solicitar diligencias, acceder al procedimiento y ejercer plenamente la acusación en calidad de víctima. El auto de este 8 de septiembre puede ser recurrido en reforma por las demás partes en el plazo de tres días.