La juez Tardón admite la personación del Gobierno de Ceuta en la causa que investiga la invasión
Considera que la ciudad autónoma y sus habitantes han sido víctimas de unos hechos "graves" que han afectado a su "libertad y el ejercicio de sus derechos"
La Razón, , 08-09-2026La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha admitido la personación del Gobierno de Ceuta como acusación particular en el procedimiento que investiga si la invasión de la ciudad autónoma constituyó un ataque grave contra la «integridad territorial de España» y pudo afectar a la paz o la independencia del Estado.
En la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, la magistrada considera que la ciudad autónoma y sus habitantes han sido víctimas de la entrada masiva e irregular de inmigrantes, que se produjo el pasado mes de julio. Tardón, acogiéndose al artículo 109 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativo al derecho de las víctimas a ejercer la acción penal, sostiene de forma expresa que en este procedimiento concurre la condición de perjudicado debido a los “graves hechos” que han afectado a la “libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de las personas y sus bienes” que habitan en la ciudad autónoma.
La admisión de la personación del Gobierno de Ceuta en el procedimiento, que se instruye en la Audiencia Nacional, se produce tan solo un día después de que la juez dejara entrever en un auto la presunta autoría de Marruecos en la invasión al detallar que veía una «clara e indudable gestión favorecedora» de las Fuerzas Armadas de Rabat.
De hecho, Tardón explicó que la actitud de la Policía marroquí durante la entrada masiva no solo evidenció «permisividad» al no tratar de reducir o dispersar a la masa de personas del perímetro fronterizo, sino que supuso de «guiado activo» al ser los propios agentes marroquíes los que realizaron «indicaciones» a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera.
La juez afirmó además que la entrada a la ciudad autónoma supuso una «violación masiva de la soberanía territorial de España» con una «intencionalidad» de atentar contra el Estado mediante «un flujo migratorio masivo que constituye uno de los métodos característicos de la guerra híbrida con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles, en concreto, de toda una ciudad autónoma».
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