Los subsaharianos, que se preparaban para dar el “salto” a Ceuta",

han desaparecido de Castillejos (Fnideq), en la frontera con la Ciudada Autónoma, y poblaciones adyacentes hasta Tetuán, según han informado a LA RAZÓN fuentes locales. Las autoridades del vecino país, como han hecho en otras ocasiones, capturan a estas personas, que proceden de Mali, Gambia, Guinea y otros países, y los trasladan en autobuses a poblaciones del interior, incluso del Sáhara.

En la reciente invasión, aunque la mayoría de los que entraron erana marroquíes, también había subsaharianos (unos 2.500), que se dirigieron directamente al CETI porque saben lo que tienen que hacer al haber recibido comunicaciones a través de las redes sociales. En el caso de estas personas, es imposible aplicarles la figura del rechazo en frontera por razones obvias

y las naciones de las que proceden se niegan a aceptarlos.

Algunos de ellos proceden de países en guerra, como ocurre en Mali, donde Al Qaeda desarrolla una intensa campaña terrorista para derrocar al régimen militar que apoya Rusia. Otros llegan atraidos por la posibilidad de pasar a la Península y después a Europa, con el fin de obtener trabajo y poder mandar dinero a sus familiares.

Estos inmigrantes, en este caso sí, suelen estar controlados por las mafias de trata de seres humanos.

Las autoridades marroquíes, cada cierto tiempo, optan por alejarlos de las fronteras de Ceuta y Melilla como gesto de colaboración con España y para evitar que su presencia colapse las poblaciones fronterizas, como Castillejos.

Por otra parte, según las mismas fuentes, la situación en esta localidad marroquí es de absoluta tranquilidad y ya se ven a ceutíes que pasan la frontera para pasar el día, comer en alguno de los restaurantes e incluso comprar verduras y hortalizas (hasta 10 kilos por persona), mucho más baratas que al otro lado de la frontera. En el caso del pescado, su comercio no está autorizado desde hace dos años.

El problema es que la población ceutí empieza a interiorizar que la crisis va para largo porque el Gobierno no articula soluciones, como dotar a los jueces de instrumentos legales que permitan agilizar los rechazos en frontera, y se extiende progresivamente la certudumbre de tener que vivir dentro de una situación de anormalidad ciudadana,

con lo que ello supone de merma de las libertades a que tienen derecho todos los españoles.

Tampoco Marruecos, salvo decir que se devuelva a los que entraron ilegalmente, hace nada para favorecer que estas personas adopten esa decisión de forma voluntaria, sobre todo transmitiéndoles el mensaje de que no van a lograr llegar a Europa o que la imagen que dan de su propio mpañis ante el mundo no es precisamente de modernidad y convivencia.