El Gobierno llamó «infundios» a las sospechas sobre Marruecos. Ahora es la Audiencia Nacional la que ve «indicios» de la implicación del país vecino y la que aprecia un «guiado activo» de sus fuerzas de seguridad en el ataque a Ceuta.

María Tardón, en su auto en el abre causa por la avalancha humana que el pasado julio permitió la entrada de más de 80.000 personas a la ciudad autónoma, desmonta las explicaciones con las que Moncloa ha intentado desvincular a Rabat de la organización del asalto. Lo hace con indicios, pendientes de investigación, pero que apuntan hacia donde los ministros se resistieron a mirar: la preparación de una operación para desbordar la frontera española.

Félix Bolaños fue tajante. «No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva», sostuvo el ministro de la Presidencia y Justicia el 27 de agosto. Recomendó a la oposición un «curso acelerado de diplomacia básica». Once días después, Tardón recoge una «clara e indudable gestión favorecedora del proceso» desde territorio marroquí. La calificación es provisional y la dirección última sigue sin identificar. Pero la instrucción tiene motivos para examinar una intervención que Bolaños despachó entre reproches a quienes la planteaban.

Tardón se suma así a las voces que ya habían cuestionado la explicación de Moncloa. La Policía Nacional y la Fiscalía habían apuntado a la planificación del asalto desde Marruecos; la Guardia Civil, con mayores cautelas, también había introducido discrepancias con el relato oficial. Incluso socios parlamentarios como el PNV y ERC habían reprochado a los ministros su defensa de Rabat. El auto da ahora respaldo judicial a unos indicios que el Gobierno había intentado despachar como sospechas sin fundamento. Y es que Moncloa parece quedarse sola en su relato frente al propio Estado.

La diplomacia española defendió durante semanas la colaboración de Rabat para cerrar la crisis. El auto obliga a retroceder unas horas: qué hicieron sus agentes cuando empezó. Describe a policías uniformados que indicaban rutas, ayudaban a salvar obstáculos y organizaban el acceso al agua. También a individuos de paisano que les daban instrucciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había hablado de «incapacidad o inacción» de la Gendarmería. El problema que plantea Tardón es bastante más incómodo: los indicios de que hubo agentes trabajando para que la entrada prosperase.

Y de que existía un reparto de tareas. El presidente describió factores que se alimentaban «probablemente no de forma coordinada». La jueza aprecia todo lo contrario: un «proceso planificado y ejecutado por medio de la coordinación de actores». Margarita Robles, ministra de Defensa, había explicado la ejecución material del asalto mediante una «autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo». Tardón ordena investigar cinco niveles, desde quienes cruzaron hasta quienes planificaron y dirigieron. Que parte de la multitud aprovechara una oportunidad no descarta que otros la hubieran preparado. Confundir ambas cosas deja fuera a quienes podían mandar.

Ahí pierden fuerza las explicaciones generales sobre la pobreza, la desigualdad o las mafias. José Manuel Albares, ministro de Exteriores, recordó en el Congreso que Ceuta y Melilla constituían «la frontera más desigual del planeta». Bolaños invocó a personas que buscaban una vida mejor. Todo ello puede explicar por qué alguien quiere emigrar. Resulta insuficiente – según la tesis de la Audiencia Nacional – para explicar por qué decenas de miles se movilizaron a la vez, por el mismo lugar y con unos perfiles sucesivos que la jueza considera funcionales al desbordamiento de los controles.

Para Tardón, «la finalidad migratoria opera sólo como cobertura formal». La hipótesis cambia a quién hay que buscar y qué debe probarse. Los migrantes pudieron ser utilizados sin conocer el propósito de quienes los movilizaron. La vulnerabilidad de familias y menores, cuya llegada limitaba las posibilidades de contención, aparece en el auto como parte de la táctica investigada. Robles ya había hablado de amenazas híbridas; la expresión no era desconocida en el Consejo de Ministros. Lo comprometido era atribuir responsabilidades concretas.

La magistrada sitúa los hechos en los posibles delitos contra la paz o la independencia del Estado. El daño investigado rebasa la entrada irregular: alcanza la soberanía y la capacidad de respuesta del país.

Fernando Grande – Marlaska, ministro del Interior, había insistido en organizaciones criminales que pretendían enriquecerse con la desesperación. Sánchez afirmó que las mafias «aprovecharon y alimentaron la situación». El auto admite ese aprovechamiento, pero descarta como organizadoras directas a las redes de tráfico de inmigrantes conocidas en la zona: «carecen de la capacidad de organizar un proceso de estas dimensiones». La búsqueda del promotor exige ir más allá de los traficantes que hicieron negocio después. Encontrar quienes cobraban por alojar inmigrantes o trasladarlos clandestinamente no resuelve quién consiguió movilizarlos.

El bulo tampoco explica la logística. «Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia», escribió Albares la noche del 30 de julio, al responder a su homólogo italiano, alegando que el fallo del Supremo que supuestamente vetaba la expulsión de las personas que atravesaban a nado una inexistente línea fronteriza fue el motivo primigenio de la avalancha human. Casi un mes después situó el detonante en la desinformación y las redes. Tardón incorpora esa manipulación, pero la coloca dentro de un proceso organizado. La mentira sobre las devoluciones explica el reclamo; hay que averiguar quién lo difundió, quién coordinó los movimientos y quién facilitó el paso. El mensaje no abre por sí solo una frontera.

Las devoluciones tampoco absuelven de lo ocurrido antes. Marlaska destacó la «estrecha coordinación» con Marruecos; Albares presentó los retornos como fruto de la acción diplomática, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, sostuvo que el regreso voluntario del 90% o 95% exigía la colaboración marroquí. Tardón extrae otra consecuencia: el retorno casi inmediato apunta a que la mayoría no pretendía permanecer. La cooperación posterior puede ser cierta y coexistir con la facilitación inicial. Convertir la primera en respuesta a todas las preguntas sobre la segunda dejaba sin explicar el origen del ataque.

También se estrecha la salida de lo imprevisible. «Que no digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto», afirmó Marlaska. Robles defendió que los servicios de inteligencia habían compartido su trabajo con las fuerzas de seguridad y la Delegación del Gobierno. El auto recoge una alerta del 29 de julio con riesgo «extremo» de entradas coordinadas. Eso no acredita que los ministros conocieran la magnitud final, pero obliga a examinar qué respuesta mereció el aviso. Tardón incluye expresamente en el objeto de la investigación analizar los medios desplegados en España y su relación con las alertas dentro de la investigación.