LA OFICINA de emigración de cualquier capital africana es la herida por la que se desangra el continente. No hay más que ver las salas inmensas con gente guardando turnos interminables para hacerse una idea de cuánta es la desesperación de miles de jóvenes, muchos poco más que adolescentes, que buscan la llave de la puerta del Primer Mundo.


Para casi todos, la frustración es el único resultado de unas gestiones tediosas y caras para las economías de la escasez. El paso previo a la travesía del desierto, a un arriesgado periplo por mar que cobran por adelantado unas mafias que, por descontado, no ofrecen ninguna garantía de que el que paga llegue a destino. Los hay que lo intentan una y otra vez, si son capaces de reunir entre toda la familia los 3.000 euros (el sueldo anual de un médico en un hospital público de Adís Abeba) que puede costar el pasaje en una patera, en un cayuco o en un pesquero rescatado del desguace.


Salvo los casos en los que la pobreza no da ni para soñar, no hay familia que no haya enviado a algún hijo a la emigración. Es la esperanza para los que se quedan, aunque sepan que, con suerte, sólo seguirán unidos a través del Wester Bank, la multinacional del envío de los ahorros de los emigrantes.


De nada ha servido que nos hayamos gastado en África seis veces el Plan Marshall. Porque lo gestionaron gobiernos corruptos e ineficaces. Y porque por un lado les damos y por otro ahogamos sus economías. ¿Y aquí? Aquí la indecencia de quienes claman por poner freno a la inocua marea negra mientras sacan provecho de quienes carecen de derechos.