ste lunes se ha conocido que la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, asume la investigación sobre la entrada irregular de más de 70.000 migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Tras los informes de la Policía, Guardia Civil y Fiscalía, la jueza sostiene que este tribunal es el competente para asumir la causa al tratarse de un «ataque grave contra la integridad territorial de España» y una amenaza directa a la «paz o independencia del Estado».

Esta decisión llega en medio de la polémica entre el Gobierno y la oposición por el control del puerto de Ceuta, en el que el Ejecutivo quiere instalar una nueva carpa en la que alojar a cerca de un millar de los migrantes que permanecen en la ciudad después de las entradas masivas. La orden firmada por el ministro Óscar Puente desautoriza todas las reticencias del puerto de Ceuta y del presidente Vivas. Ante esta decisión, Feijoo ha acusado a Sánchez de «imponer» el control del puerto, catalogándolo como «una gran irresponsabilidad». Además, ha defendido la dignidad del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, frente a la «indignidad» del PSOE.

Mientras, el Gobierno eleva el tono contra Marruecos: «Sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla degradan la relación bilateral». Las persistentes reclamaciones de Rabat sobre las dos ciudades autónomas fuerzan al Ejecutivo de Sánchez a modular su postura frente al país vecino.